Resulta inverosímil creer que a un grupo político que controla un Estado (es decir, el gobierno) pueda ser víctima de un fraude electoral por parte de quienes les adversan y, por tanto, no disponen de los mismos medios que otorga el ejercicio del poder político: recursos económicos, aparato administrativo y capacidades de coerción militar y policial. Pues bien, esto es lo que el partido de gobierno en Honduras está sosteniendo.
Rixi Moncada, candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), anunció en la noche del domingo pasado que no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, anunció que esa agrupación política prohibió a los funcionarios facilitar la transición de gobierno y llamó a sus seguidores a protestar contra los resultados. Moncada, quien ocupa el tercer lugar con el 19,30 % de los sufragios, pide anular todo el proceso, en medio de los retrasos del recuento de votos que la autoridad electoral hondureña ha atribuido a una cadena de fallas técnicas.
Asimismo, denunció “posibles conexiones directas” entre el Partido Nacional, de Nasry Asfura, y el sistema de transmisión de datos para “la manipulación de los resultados”, y acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ejercer una “injerencia y coacción”, que está “alterando la soberanía popular”.
Esas denuncias han sido secundadas por la propia presidenta Xiomara Castro, quien afirmó este martes que el país enfrenta “un golpe electoral en curso”.
Como se recordará, el inquilino de la Casa Blanca, pocos días antes de los comicios, pidió a los hondureños votar por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, a fin de frenar “el avance comunista”, e incluso advirtió de “consecuencias graves” en caso de “cambiar los resultados” de las presidenciales.
Sin embargo, por lo que sabemos al momento de redactar esta nota, con el 99,4 % de los votos escrutados, el principal perjudicado de tal injerencia en la elección hondureña ha sido el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien está perdiendo por 40 mil votos de diferencia, detrás de Asfura, que aparecía de tercero en la mayoría de las encuestas y, por consiguiente, habría conseguido una remontada espectacular.
Por cierto, es la segunda vez que Trump hace lo mismo en Latinoamérica. El pasado mes de octubre condicionó el respaldo financiero a Argentina a cambio de que los candidatos de Javier Milei ganaran las elecciones parlamentarias de medio término. Cuestión que efectivamente ocurrió.
Previo a las elecciones, en Honduras hubo numerosas denuncias de que se estaría preparando un posible fraude electoral… pero por parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y su partido Libre. En 2017 el país vivió días de violencia tras unas elecciones empañadas por denuncias de fraude efectuadas por Salvador Nasralla y el resto de la oposición en contra del entonces presidente a la reelección, Juan Orlando Hernández. Las protestas dejaron decenas de muertos y pérdidas millonarias. En esta ocasión la novedad ha consistido en que sea el partido de gobierno el que se declare víctima del fraude.
Dicho lo anterior, y con la información de la que se dispone a esta hora, la pregunta a responder es: ¿Hay elementos de convicción para sostener que hubo fraude en el recuento, así como en las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre de 2025?
Hasta el momento, no hay una conclusión definitiva al respecto. Sí existen denuncias serias como las expresadas por Nasralla que alimentan dudas sobre la transparencia del recuento que ha hecho el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, pero eso no equivale a una prueba concluyente de “fraude”. Un consejero del CNE, Marlon Ochoa (vinculado al partido gobernante), denunció un “golpe electoral” y un fraude, mencionando que hay un plan coordinado entre fuerzas internas del “bipartidismo” (y lo que él llama “injerencia extranjera”) para imponer un resultado.
También alertó sobre fallos en el sistema de transmisión preliminar de resultados (TREP), la existencia de actas sin verificación biométrica, la retención de unas 16.708 actas y una “falta de certeza y consistencia” en los datos publicados inicialmente.
En las horas posteriores a los comicios, el conteo se detuvo por al menos 25 horas, y al reanudarse, según reportes, los datos preliminares variaron repentinamente: en un momento ganó Nasralla y luego Asfura. Esa interrupción profundizó la desconfianza en la transparencia del proceso. El ambiente previo a las elecciones ya estaba cargado de denuncias contra el sistema electoral.
Según Human Rights Watch (HRW), existían presiones políticas sobre autoridades electorales y una atmósfera de desconfianza que ponían en riesgo el carácter libre y justo de los comicios. Además, tal como viene ocurriendo cada vez más frecuentemente en otras democracias, se documentó un contexto intenso de desinformación electoral con la difusión de audios filtrados y acusaciones de contenidos manipulados para sembrar confusión.
No obstante, hasta ahora (insistimos en el condicional) no se puede afirmar con certeza que hubo fraude. A lo largo del recuento Nasralla y su partido denunciaron irregularidades en el recuento y “cambios repentinos” en los resultados preliminares, pero no fue hasta este martes cuando afirmaron categóricamente que hubo fraude en el conteo de votos.
Hasta el momento, no se ha publicado, o al menos no ha trascendido, un informe independiente, un análisis judicial o auditoría internacional que confirme de forma concluyente que los resultados fueron manipulados o alterados. Parte de las controversias incluyen acusaciones por “injerencia extranjera”, señalamientos de fallos en la tecnología, “audios filtrados” con posibles manipulaciones o desinformación, lo que complica distinguir entre irregularidades reales, errores técnicos o campañas de propaganda. Las propias autoridades electorales han dicho que algunas de las hojas de conteo presentan “inconsistencias” y que un porcentaje de actas será revisado, lo cual indica que el proceso aún no está cerrado del todo.
Por consiguiente, se puede dar por hecho que Nasralla y el Partido Liberal impugnaran el proceso. Incluso, no es de descartar que las elecciones se repitan como parte de un acuerdo entre los partidos Liberal y Nacional. Si en Honduras hubiera segunda vuelta, es posible que el país se ahorrara esta crisis. No obstante, lo más honesto hoy es describir el resultado como objetado, con denuncias graves y fuerte tensión política, pero no como un caso clarificado de fraude probado.
Ahora bien, tomando en cuenta que Trump en Latinoamérica lleva “de dos, dos”, y conociendo al personaje podemos estar seguros de que esto se hará costumbre, hay que formular otra interrogante: ¿su injerencia se puede considerar como elemento constitutivo de fraude del proceso o de la voluntad de los electores?
La cuestión, ciertamente, plantea interrogantes éticos y políticos, que el gobierno de Honduras está usando como argumento para denunciar “coacción”, “influencia externa” o incluso “fraude”. Pero, si eso constituye un elemento constitutivo de fraude del proceso electoral o de la voluntad popular, dependerá de cómo definamos “fraude” y qué evidencia concreta se presente.
En primera instancia recordemos que en este asunto Trump no está inventando la fórmula del agua tibia. En lo que va del siglo, ha sido costumbre que los gobiernos del denominado eje del “socialismo del siglo XXI” opinen e incluso financien a candidatos y partidos de su preferencia por toda la región, incluso hasta en la madre patria ibérica.
Sin embargo, cuando un actor externo (no cualquier mandatario extranjero en este caso) usa su influencia para favorecer a un candidato con promesas, amenazas o condicionamientos, se podría socavar el principio de un sufragio libre e informado. Si muchos votantes cambian su decisión por miedo, presión económica o coacción, la voluntad expresada ya no reflejaría un “acto libre”, sino uno manipulado.
Trump hizo una declaración pública de apoyo a Asfura, proponiéndole como su preferido y advirtiendo potenciales consecuencias si su candidatura no resultaba favorecida. Según el partido oficialista, esas intervenciones (acompañadas por advertencias sobre ayuda económica, remesas o relaciones con Estados Unidos) habrían creado un clima de “coerción” o presión sobre electores.
En contextos donde las instituciones son frágiles, la presencia de ese tipo de presiones externas quizá sea suficiente para argumentar que la elección no cumplió estándares de legitimidad democrática. No obstante, desde una perspectiva legal o estrictamente técnica, eso no basta para declarar “fraude electoral”. Esto, necesariamente, debe implicar manipulación directa de votos, alteración de actas, máquinas hackeadas o conteos adulterados (esto es lo que Nasralla debe probar). La injerencia, aunque grave, no implica que los votos fueron contados mal.
Si la voluntad de los votantes fue influida, pero el recuento fue técnicamente “honesto”, el fraude técnico no hubiese ocurrido (aunque sí puede haber un problema de legitimidad). En ese sentido, organismos internacionales u observadores externos han afirmado que “no hay evidencia creíble” de fraude electoral.
De modo que conviene separar dos cosas: la manipulación de la voluntad ciudadana de la manipulación del recuento. Ambas pueden dañar la democracia, pero tienen naturaleza diferente y requieren pruebas distintas.
En todo caso, si hubo manipulación en el recuento de votos fue en contra de Nasralla y no de Rixi Moncada, candidata del gobierno de Xiomara Castro. Lo que sí parece claro es que, independientemente de si ganó Nasralla o Asfura, la mayoría de los hondureños, por razones perfectamente comprensibles, prefieren mantenerse en buenas relaciones con Estados Unidos y lejos del bloque constituido por Cuba, Venezuela y Nicaragua.
A todas estas, Tegucigalpa permanece tranquila, transcurrida más de una semana de los comicios, ante los reiterados llamados a la paciencia por parte de las autoridades electorales, y con la policía hondureña a la espera del retorno al país del expresidente Juan Orlando Hernández para ejecutar la orden de detención que un tribunal ha dictado en su contra.
