Mar de Fondo.
La reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar a los cárteles de la droga que operan en el Caribe como “combatientes ilegales” y de enmarcar la lucha contra ellos en un “conflicto armado no internacional” representa un punto de quiebre para la región.
No se trata de un simple cambio de lenguaje: es una redefinición que legitima la acción militar de Estados Unidos más allá de sus fronteras, bajo la bandera de la seguridad nacional.
Para Venezuela, esta medida tiene una especial trascendencia debido a sus implicaciones para el régimen tambaleante que usurpa el poder.
Desde hace años, altos mandos del régimen de Nicolás Maduro han sido señalados como cabecillas y miembros del “Cártel de los Soles”.
La calificación de Washington abre la posibilidad de que esa estructura ya no sea tratada únicamente como redes criminales, sino como enemigos militares de Estados Unidos.
El mensaje es contundente: si los cárteles son combatientes ilegales, quienes participan en su actividad, los protegen o se benefician de ella, también quedan bajo la mira de la acción militar.
Para un país devastado por la crisis, donde el narcotráfico ha encontrado refugio en ciertos sectores del poder, esto significa que Venezuela podría convertirse en epicentro de operaciones encubiertas y acciones de fuerza.
Detrás de la frialdad del referido memorando late una verdad dolorosa: mientras el pueblo venezolano sufre hambre, éxodo y represión, los capos del narcotráfico y sus aliados en el poder se transforman en objetivos de guerra para la nación más poderosa del planeta.
La decisión de Washington debe ser interpretada como una señal de que el mundo no ignora el drama venezolano ni el papel del narcotráfico en la perpetuación de una narcodictadura terrorista.
El Caribe se militariza, la tensión crece, y Venezuela, una nación que alguna vez fue faro de libertad y prosperidad, queda atrapada entre la miseria interna y la amenaza de una confrontación bélica.
