Nuevos métodos
▪️ Es evidente que la llegada al poder de la extrema izquierda latinoamericana, cambió de modo sustancial las reglas democráticas de funcionamiento de este sistema. Para ello también colaboraron ciertas personalidades que, a pesar del paso de los años, y sin importarles vender su alma al diablo cargó -in pectore- viejos odios y deseos de desquite contra dirigentes que pudieron transformar y dar seguridad a la Democracia como hizo en el caso colombiano Álvaro Uribe Vélez.
▪️ Referente en Venezuela de episodios de esta naturaleza, lo constituyó la injusta destitución de Carlos Andrés Pérez, en donde se unieron dolosamente gente facha de la extrema derecha y de la extrema izquierda, para cobrarle sus actuaciones en la revolución de 1945, la lucha contra la guerrilla en los años 60 y el gran viraje económico que pretendió darle al país en su segundo mandato entre otros hechos, y para eso que mejor que usar el método de la justicia penal para darle visos de legalidad a situaciones políticas.
El juicio
Hoy como en los años 90, se ha instaurado en Colombia un _interminable juicio penal_ contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, representante de una forma de pensar y de actuar totalmente diferente al sistema político imperante en ese país, que encontró en acciones subversivas, supuestas formas rentables de lucha, de las cuales por cierto han sabido sacar provecho, al punto que han establecido conexiones internacionales cercanas.
El lío judicial se inició en el año 2012 cuando el senador Álvaro Uribe Vélez demandó penalmente al también senador Iván Cepeda, por haberlo señalado de mantener una supuesta relaciones con las estructuras paramilitares, acusación que por lo demás, los feroces de tractores de Uribe Vélez no han podido demostrar en el tiempo. Dicha acción judicial fue desestimada por la Corte Suprema de Justicia. Y por el contrario, considero que el accionante estaba incurso en un conjunto de delitos.
Al momento de dictarse esta sentencia contra Uribe Vélez, transcurrieron 13 años, siendo un juicio demasiado largo, con muchas dilaciones; proceso que sin lugar a dudas, vulnera pactos y convenciones internacionales sobre derechos fundamentales referidos al debido proceso, lo cual hace pensar que dicho expediente ha sido sometido a distintos ritmos procesales, dependiendo del contexto político existente en años anteriores, sobre todo el actual.
Contexto político
Sobre el actual contexto político colombiano, el mismo se muestra bastante polarizado, entre Gustavo Petro y sus seguidores de extrema izquierda y Álvaro Uribe, quien es considerado el político más importante de Colombia en los últimos 25 años al contar con una determinante influencia en el electorado de su país, al momento de elegirse congresistas y Presidentes, lo que ocurrirá por cierto en marzo de 2026 y su presencia o no en el escenario político, tendrá efectos para los bandos enfrentados.
Señalamientos
En palabras del expresidente Uribe Vélez, el juicio en su contra fue acelerado por el Presidente Gustavo Petro, tomando en cuenta el peso político que dentro del movimiento Pacto Histórico’ tiene el senador Iván Cepeda a quien por cierto, estarían proponiendo como candidato presidencial de esa izquierda, para las elecciones del venidero año, ya que sus seguidores consideran al _fallo judicial de primera instancia_ como un supuesto triunfo político, cuando en realidad aún faltan por recurrirse a otras instancias.
Renuncia de investidura
De Uribe se destaca que, para atender la acción judicial que de oficio le decretó la Corte suprema de Justicia, renunció a su investidura de senador, para someterse como un ciudadano común, a una justicia penal lenta, pero que le ofrecía otras instancias en su defensa, dado que en su derecho de proveerse de un mejor juzgamiento, no confiaba en la imparcialidad de dicha Corte, por no ofrecerle suficientes garantías procesales, ya que en el año 2020 esta había ordenado su detención.
Incidencias
En otro orden de ideas cabe destacar que, en el sistema penal colombiano, el monopolio de la acusación la tiene la Fiscalía, pues bien, en dos ocasiones, el máximo organismo acusador, solicitó la caducidad de esa irregular procedimiento judicial, en virtud de que no se encontraron suficientes elementos de juicio para atribuirle responsabilidad penal a Uribe Vélez por los delitos que después se le atribuyeron y que, tampoco fueron apreciados por la Procuraduría Nacional de Colombia que al vigilar las actuaciones del entonces Presidente no encontró irregularidad alguna de su parte.
▪️ Por su parte, la Fiscal General de la República de Colombia, si bien tenía credenciales para el desempeño de ese cargo, también las tenían las otras integrantes de la _terna propuesta por el presidente Gustavo Petro ante la Corte Suprema de Justicia_, la que según fuentes periodísticas contó con importantes padrinos para llegar al cargo, pues hubo ajetreo de lobbies y llamadas, y por esa razón contó con la mayoría de votos en el máximo tribunal colombiano.
▪️ A medida que se avanza en el conocimiento de este juicio, sorprenden algunos de sus pormenores, como el de que la Corte Suprema de Justicia interceptó accidentalmente audios de conversaciones entre el expresidente con uno de sus abogados defensores, lo cual constituyó una gran anormalidad, a la luz de la defensa de su debido proceso, porque se contrarió el _principio de confiabilidad_ que debe existir entre un abogado y su cliente.
Lo que representa
El presidente Álvaro Uribe Vélez, es también un digno representante de la Democracia latinoamericana, ha denunciado con vigor y claridad, las transgresiones que se cometen contra ella, en especial las de los autoritarismos socialistas de la izquierda radical, a la cual en sus tiempos de Presidente sometió militarmente, lo que le granjeó la eterna animadversión de esa corriente ideológica que, gracias a los mecanismos pacifistas de la Democracia, hoy está incorporada a la institucionalidad, y usa todos sus recursos para anular del trajín político a quien ose enfrentárseles.
