Cuando vemos las elecciones contemporáneas en países donde se vota libremente, reafirmamos que no existen sistemas electorales perfectos, siempre habrá cuestionamientos sobre todo del perdedor en la contienda, quien trata de justificar la derrota no convalidando el triunfo del adversario. Así también observamos casos donde priva la gallardía del vencido al reconocer la victoria del favorecido por el voto popular.
En América Latina pudimos conocer los resultados recientes de los procesos electorales en Ecuador, Uruguay, Paraguay, México, entre tanto en Europa las elecciones en Rumania, Georgia, aun cuando su desarrollo fue disímil se identifican elementos claves que las caracterizan, el primero el fundamental la calidad del árbitro electoral y del poder judicial al reconocerse niveles de credibilidad por su autonomía, y el segundo vienen precedidos de consultas electorales donde ha participado masivamente la población.
En todos estos eventos el voto se ejerció como instrumento de cambio cuando existe al menos una mínima posibilidad de derrotar a un gobierno indeseable, veamos el sonado caso del dictador Alberto Fujimori, el 9 de abril de 2000 se celebraron elecciones generales en Perú, con una segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 28 de mayo. Las elecciones fueron muy controvertidas y se demostró ampliamente que habían sido fraudulentas. El presidente Fujimori, fue reelegido para un tercer mandato con casi tres cuartas partes de los votos. Sin embargo, las elecciones se vieron manchadas con acusación de inconstitucionalidad, soborno, sesgo estructural y fraude electoral absoluto. El rival Alejandro Toledo boicoteó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que más del 30% de los votos fueron declarados nulos. Posteriormente, el derrotado mandatario convocó nuevas elecciones después de su escándalo, huyó de Perú y envió su renuncia por fax desde un hotel en Japón. En este caso el Tribunal Supremo fue fundamental en el restablecimiento del estado de derecho.
En el caso de Venezuela ha habido un hecho capital monumental, las elecciones del 28 de julio de 2024, donde la población fraguó una verdadera revolución mediante el voto, dio el triunfo a González Urrutia y sentenció la final del Gobierno de Nicolás Maduro, siendo la respuesta su auto-coronación para un tercer mandato el 10 de enero de 2025.
De allí en adelante toda iniciativa gubernamental y del resto de poderes públicos, quienes flanquean como guardia pretoriana al régimen es ilegal, ilegítima e inconstitucional, su accionar ha derivado en la calificación internacional de estado forajido, que asienta su poder entre innumerables acciones terroristas en la censura perversa de los medios de comunicación y en la represión salvaje a millas de ciudadanos.
En definitiva, asistir a la farsa electoral del 25 de mayo calificando como sectarios y antipatriotas a quienes convocan un Paro Ciudadano de calles vacías ese día, al llamar a votar se convierte en soporte inmoral de un régimen rechazado por la población y por la comunidad internacional.
En resumen cuando no existe ningún rasgo de autonomía de ninguno de los poderes públicos como sucede en nuestro país, y creer que el voto permitirá tomar el cielo por asalto se convierte en complicidad con una tiranía hambrienta de oxígeno para “legitimarse”.
Finalmente en un país donde el gobierno actúa en democracia es porque respeta la decisión de un pueblo que vota por un cambio, si ese poder se impone y llama a elecciones nuevamente habiendo ocurrido un fraude, pierde credibilidad y que la población se plantee ¿Para qué va a votar sino tiene poder de decisión?, si todo se reduce a una decisión macabra impresa en una servilleta.
Movimiento Laborista
