Luego de haber disfrutado una noche de intensa atención y exultante alegría, compartí con mi hija frente a la pantalla de televisión el partido Vinotinto-Jamaica, donde se lucieron nuestros combativos gladiadores del balón con tres goles impecables.
La mañana siguiente, paso a leer la noticia más importante en los Estados Unidos: la sentencia de la Suprema Corte sobre la pretendida inmunidad del expresidente Trump por los actos ocurridos seis de enero de 2021 cuando una horda de supremacistas blancos, y fanáticos del presidente tomaron con violencia las instalaciones del Congreso Nacional.
Tal como redactaron los titulares del primero de julio pareciera que el expresidente Trump no puede ser juzgado por los actos de violencia y vandalización realizados por sus seguidores en la toma del Capitolio. Por elemental lógica jurídica, pareció muy extraño que la Corte Suprema pudiera sentenciar que un expresidente goza de inmunidad de cualquier delito cometido al margen de la Constitución, durante o después de cesar en el cargo.
Ciento diecinueve páginas se llevaron la sentencia, que incluye los argumentos de cada uno de los nueve Magistrados, de los cuales 6 votaron a favor y 3 se pronunciaron en contra. Esta argumentación identificatoria contradice la ética del Tribunal y cuestiona el fondo de la sentencia, porque se parte que los jueces sentencian conforme a derecho; es decir, a lo establecido en la ley, y no en razón de sus inclinaciones morales, de género, religiosas, étnicas o políticas.
Con cierta envidia sana y nostalgia por lo que no es, tenemos la idea que el poder judicial es sagrado, que administrar justicia conforme a la ley es el principio y fin de la judicatura. Un juez, un señor. Una referencia a la seguridad jurídica, ética y moral que garantiza la supervivencia societaria, más allá de las contingencias disociables presentes en cualquier sociedad.
Por alguna razón me trasporté a la Venezuela de principios de siglo, cuando a raíz de la inauguración del Año Judicial, la totalidad de los magistrado del Tribunal Superior de Justicia, investidos con sus togas jerárquicas, de pie, mientras el presidente Hugo Chávez descendía hacia ellos, los magistrados todos, con el puño en alto vociferaban con pasión histérica: “Uh, Ah, Chávez no se va”. En ese momento perdimos la república.
Llama la atención cómo en los últimos años se habla abiertamente de jueces demócratas o republicanos, latinos o sajones, como presagiando el resultado de una futura sentencia. Quizá por ello no sorprende oír a un candidato presidencial, hablar de “los tres jueces que yo nombré”, como lo hizo el expresidente Donald Trump en el fatídico debate con el presidente Joe Biden.
La sentencia en sí, pareció un juego peligroso de palabras, no va al fondo de lo planteado, se contradice, confunde. Por ejemplo, el Magistrado John Roberts Jr. Presidente de la Suprema Corte, y uno de los jueces que Trump se jacta haber nombrado, razona su disposición de la siguiente manera: «…requiere que un expresidente tenga alguna inmunidad… al menos con respecto al ejercicio de sus poderes constitucionales…” Y nos preguntamos por el alcance de la frase “alguna inmunidad”, y “en el ejercicio de sus poderes constitucionales».
En otro apartado se refiere a si el hecho que se le imputa, se hizo en ejecución de “acciones oficiales” o no. Para luego apelar a la teoría del régimen presidencialista; pero obvió la doctrina adoptada en 1787 sobre la separación de los poderes y el balance y control entre ellos.
Finalmente, la Corte no decidió sobre el fondo del petitorio, pues termina devolviendo el expediente al tribunal inferior que conoció de la causa, para que determine los hechos exactos que permiten sustraer la inmunidad al presidente.
Si a lo de arriba reflexionado, le sumamos la impresión de una incapacidad manifiesta, en razón de su edad, del Presidente Joe Biden para un nuevo ejercicio presidencial, la personalidad, también manifiesta, autoritaria con tendencia a saltarse el ordenamiento legal de Donald Trump, añadimos la tendencia de la población estadounidense a desconfiar de la pulcritud y eficacia de sus instituciones, debemos concluir que la comunidad internacional, o la que conocemos como el “mundo libre”, se encuentra en la antesala de un estado de peligrosidad frente a las pretensiones no ocultas, de hacer desaparecer lo que conocemos y conlleva el término Cultura Occidental.
