Advertir la necesidad de minimizar los riesgos que implica toda transición de un régimen autocrático a uno democrático, a fin de garantizar la estabilidad institucional futura, es sabio y pertinente; pero el mayor de todos los riesgos posibles consiste en apelar a ese temor, de manera legítima o como coartada interesada, a fin de alargar indefinidamente el proceso aplicando la conocida fórmula de cambiar todo para que nada cambie.
De hecho, las experiencias que continuamente se citan nos enseñan (entre otras cosas) que las transiciones se pactan precisamente para “administrar los riesgos”. En los casos de España (1976-1978), Chile (1988-1990), Brasil (1979-1985), Polonia (1989), Sudáfrica (1990-1994), Corea del Sur (1987) y México (1997-2000), los grupos que estaban en control del aparato estatal pactaron con la oposición la reforma, apertura y democratización del sistema político, e incluso los términos para la transferencia pacífica del gobierno. Es lo que autores como Guillermo O’Donnell y Juan Linz denominaron como “transiciones pactadas”, “por reforma” o “impulsadas desde arriba”.
¿Por qué lo hicieron? Porque concluyeron que las condiciones objetivas, internacionales y nacionales, que los habían sostenido en el poder habían cambiado; por consiguiente, decidieron facilitar sus respectivas salidas de manera ordenada e incruenta. No lo hicieron por altruismo ni por efecto de una revelación divina, sino por un frío cálculo político: asegurarse la propia supervivencia personal, política y civil.
La alternativa era que el cambio político ocurriera por ruptura o colapso, con consecuencias siempre llenas de los mayores sobresaltos: Portugal (1974), Grecia (1974), Argentina (1983), Filipinas (1986) o Rumania (1989). Hay de todo en la viña del Señor y ejemplos para todos los gustos.
Minimización de riesgos
Sin embargo, no por ello las transiciones pactadas lograron eliminar totalmente los riesgos. Lo que consiguieron fue minimizarlos, pero siguieron existiendo. En ese sentido, los fallidos intentos de golpe de Estado ocurridos el 23 de febrero de 1981 y los días 19 y 21 de agosto de 1991, en España y la Unión Soviética, respectivamente, son los recuerdos más aleccionadores de todos los riesgos que conllevan procesos políticos de ese tipo.
No hay un solo ejemplo de que una transición haya sido pensada y ejecutada de manera perfecta e impecable, porque todas fueron obra de seres humanos.
En todos los casos exitosos de transición a la democracia siempre hubo un sector dentro del régimen autoritario reticente al cambio que conspiró para frustrar el proceso. Esta fue otra constante.
La constante de Venezuela
Si queremos ver un ejemplo de posibles transiciones que se dilataron en el tiempo y eso llevó al sistema político al colapso, basta con ver la propia historia de Venezuela. El proceso político que llevaron adelante los presidentes/generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita en la década de 1936-1945 se caracterizó por una serie de reformas profundas y muy importantes para el país, que fueron acompañadas por una liberalización, pero cuyo paso culminante, la eventual transferencia pacífica del gobierno mediante normas constitucionales previamente acordadas, fue bloqueado por sus autores. Eso fue lo que llevó al golpe militar del 18 de octubre de 1945. Es decir, al cambio por colapso.
Y esta ha sido una constante de la historia política venezolana, porque, a excepción del cambio pacífico de régimen ocurrido en los años 1998-1999 entre la democracia representativa y el chavismo, todas las demás transiciones de ese tipo ocurridas en el país se dieron de manera traumática: la Guerra Federal (1859-1863), la caída del Liberalismo Amarillo (1898-1899) y el citado octubre de 1945. Si nos apuran, podemos agregar el 23 de enero de 1958.
En todos esos casos la sangre llegó al río, porque el grupo que estaba en el poder se negó a compartirlo con sus opositores o facilitar una alternancia pacífica y acordada del gobierno. Si alguna lección se quiere sacar del pasado nacional, debería ser esta.
Por otra parte, apreciamos que en el actual debate nacional se desempolva un viejo argumento según el cual una transición puede fracasar si se carece de instituciones sólidas. Es decir, habría que esperar su consolidación antes de dar el paso definitivo de consultar a los ciudadanos en elecciones universales. Ese fue, en términos generales, el planteamiento que expuso el medinismo en 1945 como excusa para no permitir la elección por voto directo del presidente de la República y del Congreso Nacional, y lució bastante similar a lo razonado casi un siglo antes por el paecismo en ocasión de la elección de 1846.
Esperar tener instituciones sólidas que faciliten la transición a la democracia es una quimera. Argumentarlo es una media verdad. Las instituciones políticas (acuerdos escritos y no escritos aceptados por la mayoría de la sociedad) se consolidan, en realidad, con el paso del tiempo.
Eso es lo que a Venezuela le ha costado tanto construir en su accidentada historia, pero que sí han hecho Colombia, Chile, Uruguay o Costa Rica.
El rol ciudadano
Digamos que la única institución política que los venezolanos colectivamente han socializado ha sido el voto, tan aporreado, por cierto, en los últimos dos años. Es decir, el derecho a elegir a nuestros gobernantes se ha asociado a lo largo de los últimos 80 años con la democracia. Por supuesto, la democracia no es el derecho a elegir, y es mucho más que eso. Pero si alguna norma de convivencia colectiva esta sociedad ha interiorizado ha sido esa.
Si usted le pregunta al estadounidense promedio si conoce al detalle la Constitución de su país, es probable que la respuesta sea no. Es una cuestión de una minoría: abogados, académicos y políticos. No obstante, ese estadounidense da por naturales ciertas prácticas políticas que sus antepasados efectuaron por generaciones y que han sido tan efectivas que les han ahorrado cambios violentos de gobierno desde que se constituyeron como república independiente en 1787. Algo similar podemos decir de los británicos, que no han conocido revoluciones desde 1688 y ni siquiera cuentan con una Constitución escrita.
Todos los casos que nos permitimos comentar hoy fueron historias llenas de crisis, accidentes, avances y retrocesos. Es más, las democracias liberales (o modernas) siempre se encuentran sometidas a crisis y viven en peligro constante. El riesgo las acompañará. Es el compañero de viaje de toda transición.
@Pedrobenitezf
