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Los demócratas le meterán la lupa a los acuerdos petroleros de Venezuela con Donald Trump y sus amigos

 

Los demócratas del Congreso preparan múltiples investigaciones para examinar el amplio acuerdo por US$100.000 millones de la administración Trump con un controvertido empresario venezolano para tomar el control de más de una decena de campos petroleros del país. Congreso de Estados Unidos

Los demócratas preparan investigaciones sobre acuerdo petrolero de Trump en Venezuela, según Bloomberg.

Los demócratas del poderoso Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, del Comité de Servicios Armados del Senado y de otros paneles ya han comenzado a sentar las bases para investigar el acuerdo anunciado en agosto con North American Blue Energy Partners, de Alejandro Betancourt.

Los legisladores dicen que persisten dudas sobre el acuerdo sin precedentes, que otorgaría a la compañía de Betancourt una concesión por 100 años en 17 campos petroleros venezolanos a cambio de una participación del 35% para Estados Unidos en la empresa.

Queremos entrar y averiguar exactamente qué ocurrió, señaló en una entrevista el representante por California Robert García, quien se perfila para presidir el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el próximo año. ¿Hay corrupción o abuso? ¿Las petroleras están recibiendo ciertos favores? ¿O están obteniendo determinadas garantías de la administración? Y luego queremos poder aprobar legislación para impedir esos abusos en el futuro.

La administración Trump ha dicho que el acuerdo, que daría a EE.UU. control sobre 65.000 millones de barriles de reservas probadas de Venezuela, crearía la segunda mayor petrolera privada del mundo por reservas y garantizaría el suministro de crudo estadounidense durante décadas. Cuando se anunció el acuerdo, la administración dijo que NABEP planeaba invertir hasta US$100.000 millones en nueva infraestructura y aumentar la producción de sus operaciones en las regiones del lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco.

La administración dijo que el acuerdo, que otorga a EE.UU. el derecho a comprar al costo el 20% del petróleo producido en los campos, reduciría el precio de la gasolina en el país y ofrecería una vía para reponer la reserva estratégica de petróleo.

Este acuerdo es una gran victoria tanto para EE.UU. como para Venezuela, señaló la portavoz de la Casa Blanca Taylor Rogers. Si los demócratas deciden emprender investigaciones falsas sobre victorias de sentido común, están optando por trabajar en contra del pueblo estadounidense.

Un portavoz de NABEP dijo que el acuerdo significa que campos petroleros anteriormente operados por compañías chinas y rusas cuentan ahora con el respaldo de Washington, lo que fortalece la seguridad energética en el hemisferio occidental.

La participación del gobierno estadounidense en NABEP no tuvo ningún costo para los contribuyentes estadounidenses y NABEP no ha recibido financiamiento del gobierno de EE.UU., indicó el portavoz. El acuerdo otorga al gobierno estadounidense supervisión a nivel del directorio, donde la mayoría de los directores deben ser ciudadanos estadounidenses, y somete a NABEP a los estándares estadounidenses de rendición de cuentas a través de abogados, auditores y tribunales estadounidenses.

Los demócratas, sin embargo, han criticado a la administración por el acuerdo y señalan que su texto nunca se hizo público. También han expresado preocupación por la participación de Betancourt, de NABEP, quien ha enfrentado investigaciones por lavado de dinero y corrupción en EE.UU., España y Suiza. Betancourt no ha sido acusado y niega haber cometido irregularidades.

Tras una ola de victorias en las elecciones legislativas, los demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado podrán utilizar sus mayorías para obligar a funcionarios de la administración Trump a testificar y entregar documentos relacionados con el acuerdo. También tendrán la facultad de emitir citaciones si fuera necesario. Entre las principales preguntas de los demócratas figuran los términos del acuerdo, qué entregó EE.UU. a NABEP a cambio de la participación accionaria y cómo se supervisarán los ingresos derivados de la producción petrolera.

El 12 de noviembre, el Departamento de Estado publicó un informesobre la cuenta controlada por EE.UU. que mantiene los ingresos, según el cual se desembolsaron US$12.100 millones a Venezuela entre enero y septiembre.

El Comité de Servicios Armados del Senado figura entre los paneles que planean realizar investigaciones, según indicó su principal demócrata, el senador por Rhode Island Jack Reed. Reed ya ha cuestionado el uso de la fuerza militar por parte de la administración Trump para sacar del poder al líder venezolano Nicolás Maduro.

Si entramos allí usando a Maduro como excusa, pero el verdadero objetivo es apoderarse del petróleo, para mí eso está mal, señaló Reed en una entrevista, y agregó que le preocupaba el uso de estructuras complejas para explotar el petróleo del país. Queremos averiguar qué ocurrió.

El senador por Connecticut Richard Blumenthal, exfiscal que presidirá el Subcomité Permanente de Investigaciones, también planea examinar el acuerdo. Me preocupa el potencial de corrupción, dijo en una entrevista.

El senador Martin Heinrich, demócrata de Nuevo México que se perfila para presidir el panel de Energía del Senado el próximo año, planea una supervisión continua del acuerdo petrolero propuesto por la administración en Venezuela, señaló una portavoz. Agregó que el acuerdo plantea serios interrogantes sobre el uso del dinero de los contribuyentes, la autoridad legal para el acuerdo y si generará algún beneficio significativo para los consumidores estadounidenses.

Sus pares demócratas en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes planean seguir trabajando con sus colegas en una investigación sobre el asunto que comenzó a principios de este año, según dijo un miembro del personal del comité.

Otros comités demócratas que se espera que inicien investigaciones incluyen el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que envió una carta cuestionando la autoridad legal de la administración para utilizar la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa con el fin de adquirir una participación accionaria en una petrolera.

Bloomberg