La propuesta de vincular los aumentos salariales en Venezuela al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027 enfrenta importantes obstáculos económicos que podrían limitar su efectividad y comprometer la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, advirtió el economista Dilio Hernández, director del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo (CIAP).
El economista Dilio Hernández considera que la propuesta planteada para 2027 aunque necesaria socialmente presenta una baja factibilidad técnica y económica.
En su evaluación técnica sobre el planteamiento, el especialista señaló que aunque ajustar los salarios en función del crecimiento económico puede ser una estrategia adecuada en economías estables, su aplicación en Venezuela resulta compleja debido a las condiciones estructurales de vulnerabilidad e inestabilidad que caracterizan al país.
Hernández explicó que la recuperación económica debe analizarse considerando el deterioro acumulado durante los años anteriores. Recordó que la economía venezolana experimentó una contracción superior al 80% entre 2013 y 2021, por lo que los porcentajes de crecimiento posteriores pueden representar avances limitados frente al tamaño de la economía antes de la crisis.
En ese sentido, sostuvo que aumentos del PIB proyectados entre 5% y 10% no necesariamente generarían suficientes recursos para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente si los ingresos salariales de partida permanecen en niveles críticos.
Dependencia petrolera compromete la sostenibilidad de los aumentos
Otro de los factores señalados por el economista es la dependencia de los ingresos petroleros y la limitada capacidad fiscal del Estado para financiar incrementos salariales sostenidos.
Hernández advirtió que una caída de los precios internacionales del crudo o dificultades en la producción petrolera podrían reducir los ingresos públicos y comprometer el cumplimiento de los ajustes salariales previstos.
Asimismo, alertó que financiar aumentos masivos en el sector público sin ingresos fiscales suficientes podría llevar al Ejecutivo a recurrir a la emisión monetaria, una práctica que, según su análisis, reavivaría las presiones inflacionarias y terminaría erosionando el poder de compra de los trabajadores.
El especialista también cuestionó que el crecimiento económico general pueda utilizarse como único indicador para determinar la capacidad de pago del Estado y de las empresas, debido a las diferencias existentes entre los sectores productivos.
Mipymes enfrentan dificultades para asumir mayores costos laborales
En cuanto al sector privado, Hernández destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan márgenes de operación reducidos, dificultades para acceder al crédito bancario y elevados costos asociados a los servicios públicos, el combustible y los tributos.
Explicó que un aumento salarial formal implica compromisos adicionales relacionados con prestaciones sociales, vacaciones y liquidaciones, por lo que las empresas deben contar con recursos suficientes para asumir esas obligaciones.
En caso contrario, advirtió que los mayores costos laborales podrían trasladarse a los precios de bienes y servicios, profundizando la inflación.
El economista también alertó sobre el riesgo de que algunas empresas mantengan los ingresos de sus trabajadores mediante bonificaciones fuera de la nómina o recurran a la informalidad para evitar compromisos laborales que no puedan sostener.
Crecimiento económico desigual entre sectores
Hernández señaló que el sector privado venezolano presenta importantes diferencias en su capacidad financiera.
De acuerdo con su evaluación, actividades como el comercio, los servicios, los alimentos y la salud cuentan con mayores posibilidades de acceder a divisas y han registrado remuneraciones superiores a las del sector público.
En contraste, sectores como la industria, la manufactura, la agricultura y la construcción enfrentan dificultades relacionadas con la capacidad ociosa, los costos energéticos, los servicios públicos y la presión fiscal.
Esta desigualdad, sostuvo, dificulta establecer aumentos salariales automáticos basados en el crecimiento general de la economía, debido a que no todas las actividades productivas cuentan con los recursos necesarios para asumirlos.
Falta de información económica dificulta aplicar la fórmula
El director del CIAP también cuestionó la disponibilidad de información macroeconómica oportuna, transparente y verificable para establecer un mecanismo de revisión salarial basado en el PIB.
Indicó que la publicación tardía o discrecional de indicadores económicos dificulta determinar con precisión los porcentajes de ajuste y establecer una fórmula que genere confianza entre trabajadores y empleadores.
A su juicio, cualquier mecanismo de revisión trimestral requiere estadísticas confiables y actualizadas que permitan calcular los incrementos de manera transparente.
Reformas estructurales para recuperar el salario real
En sus conclusiones, Hernández considera que la propuesta de vincular los aumentos salariales al crecimiento del PIB para 2027 es necesaria desde el punto de vista social, pero presenta una baja factibilidad técnica y económica si se implementa mediante una fórmula automática y rígida.
El economista sostuvo que el crecimiento del PIB, por sí solo, no garantiza que el Estado disponga de recursos suficientes ni que las empresas tengan capacidad para mejorar las remuneraciones de sus trabajadores.
Por ello, planteó la necesidad de avanzar previamente en reformas estructurales orientadas a la reactivación del crédito bancario, la estabilización del mercado cambiario, la modernización del sistema tributario y la diversificación de la producción nacional.
Hernández advirtió que, sin estas condiciones, los aumentos podrían traducirse en incrementos nominales que pierdan rápidamente su valor frente a la inflación o que terminen concentrándose en bonificaciones extraordinarias sin mejorar de manera significativa el salario base.
Para finalizar enfatizó en que la recuperación del ingreso laboral requiere una política salarial respaldada por estabilidad macroeconómica, capacidad fiscal y un aparato productivo capaz de generar riqueza de manera sostenida.
Redacción – La Prensa Táchira.
