Dos mil soldados enviados a Haití por el presidente de El Salvador, en busca de cuatro técnicos de aviación salvadoreños secuestrados en la isla por las pandillas, operan en paralelo a las Fuerzas de Represión de las Bandas de Naciones Unidas y bajo órdenes de un general de tres estrellas que responde directamente a Nayib Bukele. No está claro bajo qué normas y límites operan, en un contexto de violencia donde ya se enfrentan múltiples facciones armadas.
Desde finales de octubre, El Salvador ha multiplicado su presencia en Haití, de 200 a 2.200 soldados. Los primeros 200 llegaron para formar parte de la Fuerza de Represión de las Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), integrada por tropas internacionales autorizadas por el Consejo de Seguridad para combatir a las bandas criminales. Luego Bukele envió dos millares de hombres más, como respuesta unilateral a un ataque de las pandillas ocurrido el 18 de octubre donde cuatro salvadoreños que trabajaban con la GSF fueron secuestrados.
Los cuatro salvadoreños, que no participaban en actividades de combate, desaparecieron durante una emboscada a un vehículo de las GSF ocurrido en las afueras de Puerto Príncipe y hasta ahora no hay noticias de su paradero, ni las pandillas han pedido recompensa para devolverlos. El 4 de noviembre la Policía Nacional de Haití informó que había encontrado los restos calcinados del vehículo.
Esta semana, los medios de Haití han reportado patrullajes aéreos y enfrentamientos, que fueron confirmados por Bukele. En estos intercambios, dos militares salvadoreños ya han sufrido heridas por impactos de bala, uno de ellos de gravedad.
El Gobierno haitiano también anunció el viernes la muerte del líder de la banda Boston, Mathias Sainthil, y otros integrantes de su grupo. De acuerdo a la versión oficial, esto ocurrió en un ataque con drones contra el vehículo del pandillero, que se encontraba en el barrio de Cité Soleil, en las afueras de Puerto Príncipe.
La ONU se desmarca de las tropas de Bukele
La ONU se ha distanciado del despliegue de los salvadoreños esta semana. Stéphane Dujarric, portavoz de la oficina del Secretario General, aclaró a través de un comunicado que solo 200 uniformados de El Salvador cuentan con su aval y les rinden cuentas, y pidió que cualquier tipo de operación de seguridad “debe llevarse a cabo en plena conformidad con el derecho internacional aplicable”. Hasta ahora no existe un acuerdo militar oficial entre El Salvador y la ONU o las autoridades de Haití que establezca los límites de la operación y autorice el desembarco de tanques, helicópteros y maquinaria de guerra en un territorio de conflicto donde hay un embargo de armas y sanciones para quien lo infrinja.
“Ellos son su propia fuerza. Nadie sabe qué van a hacer ni cómo esto va a afectar a la fuerza de Fuerza de Represión de las Pandillas. Mucha gente está preocupada con la posibilidad de que haya mucha más violencia y violaciones de derechos humanos y a las leyes”, ha dicho a EL PAÍS una fuente involucrada en las operaciones de seguridad en Haití, que ha preferido no revelar su identidad por lo delicado del contexto. Hasta ahora se desconoce la mínima logística de sus movimientos: si estas tropas, por ejemplo, están autorizadas a practicar arrestos y en ese caso, qué hacen con los detenidos o a dónde trasladan a los heridos, o qué leyes aplican a sus actuaciones, las internacionales o las de Haití.
“Todavía desconocemos los términos del acuerdo con el gobierno haitiano, quién está al mando de estas tropas, bajo qué reglas de enfrentamiento operan o por cuánto tiempo”, ha dicho el director del Observatorio sobre Haití en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, Romain Le Cour. “En un entorno urbano denso, donde los civiles se encuentran atrapados en medio del fuego cruzado, estas cuestiones determinarán quién deberá rendir cuentas si algo sale mal (…) El riesgo, tal como están las cosas, es la falta de transparencia y que nadie asuma la responsabilidad”, advierte.
En su opinión, la respuesta en materia de seguridad en Haití es una orquesta sin director. Además de los militares salvadoreños, cinco estructuras distintas operan la seguridad del país: la policía y el ejército haitiano, la fuerza de Naciones Unidas destinada a combatir a las pandillas, y un grupo operativo que colabora con Vectus Global, la empresa de seguridad privada fundada por Erik Prince, exmiembro de los SEAL de la Marina estadounidense y fundador de Blackwater. “Cada una cuenta con su propio mandato y sus propias normas, sin un plan común”, dice Le Cour.
Las autoridades de Haití apenas se han referido al despliegue de Bukele. El 3 de noviembre, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, habló del asunto por primera vez y afirmó que las fuerzas extranjeras se encontraban bajo el mando haitiano, pero Bukele no lo ha confirmado. “La fuerza internacional no está aquí para reemplazar al Estado. Están aquí para apoyarnos”, dijo el primer ministro, flanqueado por un coronel del ejército de El Salvador que forma parte de la fuerza respaldada por la ONU y funcionarios del ejército y la policía de Haití.
El viernes, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, anunció que el primer ministro haitiano viajaría a El Salvador entre el 16 y el 17 de noviembre para discutir el papel de las tropas salvadoreñas desplegadas en Haití.
Las pandillas controlan actualmente unas tres cuartas partes del territorio, incluyendo Puerto Príncipe, la capital. Solo este año, la violencia de sus enfrentamientos ha sumado centenares de asesinatos y ha provocado el desplazamiento de más de un millón y medio de personas, agravando la crisis humanitaria en la que ya se encontraba Haití.
Al mismo tiempo, Estados Unidos, República Dominicana y otros países donde se concentra la mayor parte de la diáspora deportan a cientos de haitianos cada mes, a un país que no está en capacidad de recibirlos; también dejan de llegar miles de millones de dólares en remesas que las familias utilizan para subsistir.
Maye Primera – El País de España
