Las recientes protestas por el coste de la vida en varios países recuerdan que mantener la inflación bajo control es fundamental para la estabilidad social y política.
La inflación vuelve a ganar protagonismo en la zona euro después de alcanzar el nivel del 4% en octubre, su cota máxima en tres años. La guerra en Oriente Próximo ha puesto de nuevo a prueba la estabilidad de precios, con la energía como principal responsable tras encarecerse más de un 20% respecto al año pasado.
Los efectos de las tensiones geopolíticas empiezan a ir más allá de los combustibles, con un diésel más caro que eleva los costes del transporte, mientras el gas y la electricidad presionan a la industria europea. A ello se suman tensiones ajenas a la guerra, desde las sequías que han encarecido los precios de los alimentos frescos hasta la demanda de equipos vinculados a la inteligencia artificial (IA), que acaba por presionar determinados precios industriales.
Estos datos de inflación no son abstractos y se notan en el bolsillo de los hogares y en las cuentas de las empresas. A diferencia de lo que ocurrió en 2022, cuando coincidieron el shock energético de la guerra en Ucrania y la recuperación tras la pandemia, la demanda es menos dinámica y muchas compañías tienen dificultades para trasladar los mayores costes a sus clientes, de modo que parte del golpe podría recaer sobre sus márgenes, la inversión y una competitividad industrial ya debilitada.
Esa menor capacidad para subir precios por parte de las empresas ayuda a explicar que la inflación subyacente, excluyendo energía y alimentos, siga en el 2,5%, frente al 4% general. Tampoco se observa en Europa una aceleración salarial relevante, lo que reduce el riesgo de una espiral inflacionista. Las ondas del shock energético no llegan todas a la vez, pero por ahora su transmisión al resto de los precios sigue siendo limitada.
La factura también afecta a las cuentas públicas, con unas importaciones energéticas mucho más caras y gobiernos que vuelven a aprobar ayudas con menos margen fiscal que en 2022. Proteger a todos los consumidores por igual, independientemente de su renta, puede aliviar el golpe inmediato sobre la demanda, pero también agravar los déficits y mantener artificialmente elevado el consumo energético. Las recientes protestas por el coste de la vida en varios países recuerdan, además, que mantener la inflación bajo control es fundamental para la estabilidad social y política.
Para el BCE, que ya ha subido los tipos de interés dos veces este año, el dilema es hasta dónde seguir endureciendo su política. En principio se espera otra subida en diciembre, hasta el 2,75%, pero ir más lejos dependerá de la evolución del conflicto en el Golfo y de unas presiones inflacionistas que podrían ser persistentes. Mientras, una demanda más débil y los recientes repuntes de los costes de financiación en los mercados mundiales abren el debate sobre pausar o moderar las subidas para no agravar el deterioro económico y fiscal de los países.
Carlos Castellano – El País de España

