A la memoria de Ignacio “Nacho” Avalos, para quien los temas electorales −y el fútbol, su pasión−, no tenían secretos; Descansa en paz, amigo.
Las estrategias del oficialismo y la oposición inevitablemente confluyen sobre una misma realidad, pero se podría afirmar que, en 2016, por primera vez desde 1999, la iniciativa estuvo en manos de la oposición; y aunque en 2016 no tuvimos ningún proceso electoral, es importante hacer un resumen de los hechos políticos, sociales y económicos más notorios de ese año pues estuvo cargado de acontecimientos políticos, no tan luctuosos, afortunadamente, como los de 2014, año en el que tampoco tuvimos ningún proceso electoral, pero sí acontecimientos políticos con más de 40 fallecidos. Veamos, en esta crónica de procesos electorales, lo ocurrido en un año en el que no hubo procesos electorales.
Estrategia Oficial
A partir de la derrota sufrida por el gobierno en las elecciones parlamentarias de 2015, distinguiría dos momentos, en la estrategia oficial; en un primer momento, después de la derrota del 6 de diciembre, la estrategia inmediata se orquestó con el PSUV, que demandó la nulidad de las elecciones en varios circuitos y entidades, especialmente en el Estado Amazonas; con la Asamblea Nacional, que como ya vimos modificó la composición del TSJ; y con el propio TSJ, que anuló todas las decisiones de la AN2015. En un segundo momento, la estrategia descansó o se apoyó casi exclusivamente en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en el proceso de control y represión política, especialmente desde la Fiscalía General de la República y sus esfuerzos de siempre de dividir a la oposición.
En términos generales el gobierno continuó con la estrategia que venía desarrollando desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013: el control político y electoral y el recrudecimiento de la intimidación y represión a sus adversarios políticos. Enfrentó las diversas situaciones con el apoyo fundamental del TSJ −y después de la ANC que veremos en detalle más adelante−, como el intento de juicio político de la AN2015, el intento de una enmienda constitucional para sacarlo del cargo, la fallida convocatoria de un referendo revocatorio y por supuesto las manifestaciones de calle producidas por la explosiva situación económica y por el intento de despojar de sus atribuciones al Poder Legislativo.
En materia económica solo mencionaré que la estrategia gubernamental se centró en el Decreto N.º 2.184 de Emergencia Económica que fue renovado y prorrogado ininterrumpidamente en más de 20 oportunidades y durante cinco años consecutivos, hasta principios de 2021. La narrativa oficial, recogida en el Decreto, sostenía que Venezuela enfrentaba una “guerra económica” orquestada interna e internacionalmente; una “guerra financiera inducida, acompañada de un ataque a la moneda y acaparamiento y boicot de alimentos e insumos por parte de sectores económicos”. De allí el decreto y medidas como control cambiario con tipos de cambios múltiples, devaluaciones y medidas populistas de subsidios, como el “Carnet de la Patria” y las “cajas CLAP”, que hoy sabemos en qué derivó.
En materia política el gobierno le salió al paso a todas las iniciativas que, fundamentalmente, desde la AN2015 adelantara la oposición; siempre apoyándose en el TSJ, que como ya vimos “produjo” sentencias ad hoc para cada una de las circunstancias que se presentaban y por supuesto acompañándolas eficientemente con una dura represión. Veremos el despliegue de la estrategia gubernamental de respuesta, al evaluar la estrategia de la oposición, hasta que retomó la “iniciativa” y convocó e instaló la ANC.
La “Hoja de Ruta” opositora
Como ya señalé en mi artículo anterior.
Ismael Pérez Vigil: ¿Mayoría y unidad? (10) Después del 2015 TSJ vs. Asamblea Nacional
Tras su importante e indiscutible victoria en diciembre de 2015, la oposición democrática venezolana −a través de la MUD y algunos sectores independientes de la misma−, desplegó una estrategia agrupada en tres elementos fundamentales: a través de la AN2015, movilización de calle e internacionalización del conflicto.
La AN2015 intentó pasar varias leyes y decisiones, que, como también vimos, fueron bloqueadas por el TSJ; no obstante, la AN2015 emprendió otras iniciativas y fue pieza fundamental de la oposición. La MUD, por su parte, el 8 de marzo de 2016, presentó la llamada “Hoja de Ruta 2016” con tres vías constitucionales simultáneas: el Referéndum Revocatorio Presidencial, la Enmienda Constitucional y la Exigencia de Renuncia Voluntaria del Presidente de la República. Veamos cómo se desarrollaron cada una de ellas y cuál fue la actuación coordinada de los poderes del Estado en contra de estas iniciativas.
El Referéndum Revocatoriohttps://ismaelperezvigil.wordpress.com/2026/11/06/mayoria-y-unidad-10/ Presidencial (RRP)
Vale la pena ver en cierto detalle lo ocurrido con la propuesta opositora de realizar el referendo revocatorio en 2016, que nos permite también apreciar cómo combinó el gobierno su estrategia. En efecto, el Poder Ejecutivo desplegó todo su poder de Estado: los órganos represivos, el TSJ y los tribunales penales regionales, el Consejo Nacional Electoral (CNE), los gobernadores de Estado y los “colectivos” y grupos de choque del PSUV, todos coordinados para contener a la oposición. Son hechos, que algunos no quieren reconocer, otros los desconocen y muchos los han olvidado.
*El RRP fue planteado por la MUD el 9 de marzo de 2016 al solicitar al CNE el formato de planilla para iniciar la recolección de las firmas del 1 % del registro electoral (RE). Después de mes y medio de introducida la solicitud de la MUD, el 26 de abril, fue que el CNE entregó el formato para recoger las firmas y durante los días siguientes, según la MUD, se recabaron más de 1,8 millones de firmas, de las ~ 200 mil que se necesitaban.
*Dos meses −sí, dos meses− más tarde, del 20 al 24 de junio de 2016, el CNE inició el proceso de validación de las firmas, con todo tipo de obstáculos: acudir personalmente a una de las pocas mesas dispuestas y ubicadas en zonas rurales y sitios remotos, con restricciones de horario; se llegó al absurdo de exigir que el 1 % de las firmas fuera en cada entidad o estado y que si en uno de ellos no se lograba, todo el proceso sería invalidado; no obstante, el 1 de agosto de 2016 el CNE tuvo que “validar” unas 400 mil firmas, el doble de las necesarias para el 1 % requerido; pero, continuaba sin fijar la fecha para la recolección del 20 % de las firmas del RE para activar el RRP.
*Sería después de la llamada “Toma de Caracas” −convocada para el 1 de septiembre, y tras las gigantescas movilizaciones, la represión desplegada por el gobierno, las detenciones y hostigamiento de manifestantes opositores y las contramarchas del oficialismo−, que el 21 de septiembre de 2016 el CNE fijaría la fecha −26, 27 y 28 de octubre, cinco semanas más tarde− para la recolección del 20 % de firmas del RE, necesarias para activar el referendo.
*No obstante, el 20 de octubre tribunales penales regionales de Aragua, Carabobo, Monagas, Apure y Bolívar, coordinadamente y al unísono, pero sin competencia jurídica en la materia, paralizaron el proceso por “presunto fraude masivo en la recolección del 1 % de las firmas”. Ese mismo día, ahora sí de manera rápida y diligente, el CNE “suspendió indefinidamente” el proceso.
*Días más tarde y ante el “amparo” solicitado por un abogado, el 21 de octubre, para reanudar la recolección de firmas, el TSJ argumentando contradictoriamente, como es usual, pero aduciendo razones “formales” declaró “inadmisible” el amparo, sin pronunciarse a fondo sobre la suspensión, que tampoco derogó y por tanto esta se mantuvo firme. Nunca más se reanudaría ese proceso.
Enmienda, solicitud de Renuncia Voluntaria y abandono del cargo
Simultáneamente con la iniciativa del RRP el 20 de abril de 2016, la AN2015 había activado una Enmienda Constitucional −la N.°1−, para acortar el mandato presidencial. Pero el 25 de abril de 2016 la Sala Constitucional del TSJ emitió la Sentencia N.º 274, decretando que cualquier enmienda que recortara el período no podía aplicarse con “efecto retroactivo”; es decir, al presidente en ejercicio, bloqueando esta iniciativa de manera definitiva y haciendo que la oposición y la AN2015 se concentraran en el RRP, la exigencia de “renuncia voluntaria” del Presidente de la República y otras presiones políticas.
La “Renuncia Voluntaria” del Presidente fue una solicitud formal y pública, presentada el 8 de marzo de 2016 por la MUD, que hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro para que presentara su renuncia voluntaria, con base en el Artículo 233 de la Constitución −falta absoluta por renuncia− y días más tarde, el 12 de marzo de 2016, se iniciaron jornadas de movilización y presión de calle respaldando esta exigencia, que por supuesto desataron represión y contramarchas y la solicitud no produjo ningún resultado.
El “abandono del cargo” surge al fracasar las vías anteriores, que se concretaría el 25 de octubre, tras la suspensión del RRP; la AN2015 aprueba entonces iniciar la evaluación de la “responsabilidad política” e interpelación a Nicolás Maduro por parte de la Asamblea para declarar el “abandono del cargo”, con base también en el artículo 233 de la Constitución y debido a la supuesta “omisión y dejación deliberada de sus funciones y deberes constitucionales”.
Este proceso, por razones tácticas y estratégicas de la AN2015 y la MUD, fue abandonado en noviembre de 2016, a cambio de iniciar la Mesa de Diálogo con la mediación del Vaticano y UNASUR, que se instaló en Caracas el 30 de octubre de 2016. Sin embargo, a pesar de la mediación del Vaticano y UNASUR y lo auspicioso y atractivo de los puntos planteados en las “mesas temáticas” −un calendario electoral definitivo, apertura de un canal humanitario para medicinas y alimentos, liberación de los presos políticos y restitución de las competencias constitucionales de la AN2015− para diciembre de 2016, el proceso de diálogo colapsó al congelarse el trabajo en dichas “mesas temáticas” por el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno.
Situación Económica
Pero el análisis y caracterización de la situación política del país quedaría incompleto sin resumir la situación económica de 2016. En enero de 2016, como ya vimos ver:
Ismael Pérez Vigil: ¿Mayoría y unidad? (10) Después del 2015 TSJ vs. Asamblea Nacional
El gobierno emitió un Decreto de Emergencia Económica y Estado de Excepción (Decreto N.º 2.184) aduciendo la caída del ingreso petrolero, de los ingresos fiscales, de las importaciones, y los estragos causados por la llamada “guerra económica”, según el gobierno orquestada por sectores empresariales de oposición, desde el interior y el exterior del país. Dada la opacidad en materia de cifras oficiales, por el llamado “apagón estadístico del BCV”, la situación económica era oscura; pero, lo que sufría la población era meridiana y desafortunadamente clara; basta ver cómo se reflejaban los resultados de la política económica del gobierno en algunos indicadores.
Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) elaborada por las principales universidades del país, la “Pobreza Ingresos”, pasó del 81,8 % de los hogares venezolanos en 2016, al 87,0 % en 2017; mientras que la “Pobreza Extrema” subió del 51,5 % en 2016 al 61,2 % en 2017. Realmente no hacía falta conocer las cifras oficiales, ni siquiera las de ENCOVI, pues en la calle se sentía la escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad; en el 2016 diversas asociaciones y gremios calcularon que el desabastecimiento superó el 80% en alimentos básicos y el 85% en medicinas; vimos surgir “colas” por todas partes y como se recurría al “mercado negro” y florecía el fenómeno del “bachaqueo”, que alcanzó en esos años −2016 y 2017− su punto más alto. El lamentable y pernicioso resultado de esta situación fue recogido también por la encuesta ENCOVI, que reportó en 2016 una pérdida de peso, en promedio, de 8,7 kg por persona −aumentaría a 11 kg en 2017−. Fue lo que la sabiduría popular denominó, con no poco humor sarcástico: “La Dieta de Maduro” y que el propio Nicolás Maduro con su proverbial cinismo ayudó a “viralizar”. (Las encuestas ENCOVI se pueden ver en: Proyecto Encovi.
Suspensión de las Elecciones Regionales de 2016
Con base en la situación política y económica del país, el 18 de octubre de 2016, el CNE pospuso las elecciones regionales −elecciones de gobernadores− que debían realizarse en ese año, para el primer trimestre de 2017, fecha en la cual tampoco se realizarían. La Presidenta del organismo −Tibisay Lucena ()− justificó esa medida con base, principalmente, en una sentencia del TSJ −la N.º 341− de enero de 2016, en la cual ordenó al CNE realizar un proceso de legitimación y renovación de los partidos políticos que no hubieran obtenido el 1 % de los votos en las últimas elecciones o que no hubieran presentado candidatos con tarjeta propia; como se recordara la oposición presentó sus candidatos bajo la tarjeta de la MUD, de manera que ningún partido podía cumplir este requisito y todos estarían obligados a “legitimarse”. La presidenta del organismo alegó entonces que no se podían realizar elecciones regionales: sin depurar la lista de partidos y saber cuáles de ellos cumplían todos los requisitos legales, sin cumplir con las auditorías técnicas y sin depurar el Registro Electoral. Voceros del organismo también alegaron que el CNE se había mantenido “ocupado” durante gran parte del año en los trámites y procesos del abortado RRP; e igualmente, voceros del gobierno, justificaron la medida por la llamada “emergencia económica”, decretada por Nicolás Maduro, que asignaba la prioridad de los recursos del Estado a otros menesteres y no a contiendas electorales.
Conclusión
De esta manera tenemos el cuadro de lo que era la situación económica y política de Venezuela, con la cual se llegó a los procesos electorales de 2017: la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, las Elecciones Regionales y las Elecciones Municipales, que analizaré en próximas entregas.
