Mucha gente aborda las elecciones ocurridas en distintos países a partir de su ubicación en el espectro ideológico. Con Milei, en Argentina, y con de la Espriella, en Colombia, habría ganado la derecha; en Brasil y México, el triunfo le correspondió a la izquierda. En EE. UU. fue vapuleada la derecha representada por Trump y arrasó la izquierda con el partido demócrata.
El análisis se complica cuando se percibe que la corriente más protagónica de eso que llamamos “derecha” no corresponde, hoy, a la visión tradicional de grupos conservadores, reacios al cambio, apegados a verdades establecidas –religiosas, culturales, morales–, y defensoras del status. Emerge, más bien, una derecha revolucionaria, abocada a quebrantar instituciones, a violentar las reglas de juego y a menoscabar el orden establecido, para terminar encumbrando cleptocracias sin apego a criterio ético alguno. Por otro lado, aquellos que se la pasan autoproclamándose de “izquierda”, lejos de comportarse según las banderas contra la opresión y de justicia social que, supuestamente, los inspiran, suelen acabar en autocracias represoras de la libertad y defensoras de una nueva élite, también corrupta, que se auto-legitima por aquello de encarnar los intereses del “pueblo”. Igualmente, quebrantan las instituciones, violentan las reglas de juego y menoscaban el orden establecido, pero desde posturas de supremacía moral para justificar sus privilegios. Son “revolucionarios”…
Tales caracterizaciones trastocan los referentes con los cuales solíamos ubicarnos en política según nuestros valores y/o ideales. Reducen las opciones a contrastes maniqueos deprimentes. No cabe dudas que la experiencia del chavismo sufrida por los venezolanos lleva a muchos rechazar todo lo que pueda etiquetarse de izquierda, aun aquellas propuestas que nada tienen que ver con las prácticas de Chávez o Maduro, y a alinearse, automáticamente, con la derecha. Pasan por alto que el portaestandarte de la misma, Donald Trump, es lo más parecido a Chávez que ha surgido en la política estadounidenses. Como VOX en España o Reform en el Reino Unido, se afianzan en similares discursos de odio y prácticas discriminatorias, pero con el discurso cambiado. Desde esta perspectiva caen en contraponerse a los demócratas de EE. UU. o el PSOE español porque son comunistas (¡!).
Revestidas de códigos diferentes –de “derecha” o de “izquierda”–, se asoman parecidas aspiraciones autocráticas de poder, opresoras y negadoras de libertades. Favorecen a élites que se enriquecen amparados en la fuerza. Lo que está en juego como disyuntiva política de interés se obnubila por la usanza de simbolismos maniqueos para distinguir entre opciones. Mucho más relevante para la sociedad de hoy, con implicaciones que pueden ser cruciales para su bienestar, es distinguir entre democracia y autocracia. Comoquiera que éstas suelen disfrazarse de democracias –caso de las “democracias populares” del bloque soviético– conviene referirnos a la democracia liberal, basada en la defensa de derechos humanos irrenunciables, asumidos como universales. Cabe reconocer que esta precisión acota el ejercicio democrático mismo, pues la democracia liberal no debe admitir que una voluntad mayoritaria circunstancial pueda desconocer estos derechos a miembros de algunas minorías. Es decir, presupone un marco institucional ideado que ponga cotos al populismo y contenga las posibilidades de generar dictaduras de la mayoría que discriminan a las minorías.
La existencia de ese marco institucional inclusivo y el celo en su cumplimiento sirve de rasero para distinguir entre democracia y autocracia. Pero aquí no termina la discusión, pues el carácter liberal de un régimen democrático puede significar cosas diferentes para personas distintas. En principio, habría acuerdo en que la institucionalidad referida se fundamenta en reconocer que todos los integrantes de la sociedad deben ser iguales ante la ley. No obstante, las condiciones a partir de las cuales cada quien aspira ejercer sus derechos no son las mismas. Si se introduce como criterio de desempeño de la democracia liberal –su deber ser– la igualación de oportunidades, surge la controversia, pues implica el activismo desde el Estado para “nivelar el campo de juego”. Puede significar muchas cosas. Desde una perspectiva neoliberal, suele señalarse que adelantar políticas redistributivas, de mayor inclusión, perjudica las dinámicas de acumulación, vulnerando libertades económicas fundamentales.
Sustentado en una interpretación parcial de la teoría económica, los voceros del neoliberalismo claman que interferir con la dinámica del mercado se traduce en una asignación ineficiente de recursos que, por definición, son limitados, acarreando un costo para la sociedad. Si bien los monopolios no son deseables, ¡cuidado con meterle palos a la rueda de la poderosa maquinaria de acumulación al querer regularlos! Ante las fallas de mercado –por sí solo no produce la cantidad deseada de bienes públicos, como lo son la educación, la salud, la protección, la conservación del ambiente y la justicia imparcial, ni valora los efectos externos positivos de ciertas medidas–, suelen ripostar que las “fallas del Estado”, cuando interviene para corregir estas insuficiencias, provoca distorsiones peores. Finalmente, cuando se les señala que ni la necesaria coordinación entre inversiones nuevas que se complementan entre sí, ni la generación de procesos dinámicos asociados a la generación de conocimientos y la formación de talentos que impulsan la innovación las provee adecuadamente el mercado, no tienen respuesta.
En su formulación depurada, el neoliberalismo es una ideología, un deber ser, que aboga por la abstinencia del Estado en la economía con base en “verdades” de una interpretación (limitada) de la teoría económica. Se centra en la eficiencia, sin tomar en cuenta las implicaciones distributivas de las actividades mercantiles a emprender. Su respuesta es que las penurias de una sociedad desigual irán desapareciendo en la medida en que se incrementa el producto social. Habrá más torta para repartir. ¡Dejad que los mercados tiendan a su equilibrio natural! La objeción obvia de, ¿cuándo?, nos alarma por el conocido dictamen de J. M. Keynes: “en el largo plazo, todos estaremos muertos”. Al hacer abstracción de las condiciones a partir de las cuales individuos de procedencia social diferente interactúan con el mercado, el neoliberalismo violenta uno de los postulados básicos del liberalismo como filosofía social, que plantea que nadie debe quedar marginado del disfrute de sus derechos.
En contraste, lo que se ha denominado, “economía social de mercado”, está en sintonía con el espíritu liberal. Cuidando a las actividades mercantiles del capitalismo en atención a su eficiencia productiva, procura acotarlas y/o complementarlas, de manera que sus frutos tengan el mayor alcance para la sociedad como un todo. Significa un Estado dedicado a la provisión de bienes públicos, y a atender a personas y sectores vulnerables para evitar su exclusión del progreso económico y social, y para que puedan también aportar, con sus esfuerzos, al bienestar general. A diferencia del enfoque neoliberal, aquí no hay “verdades” que inspiran recetas preestablecidas sobre las políticas a instrumentar. En el extremo, desde luego, existe un tradeoff o intercambio entre eficiencia y equidad, y el gran desafío de la democracia liberal es como atender ambos aspectos sin sacrificar a ninguno. Es lo que vienen ensayando los países que conforman hoy la Unión Europea, bien desde posturas más sesgadas a privilegiar la libertad de mercados o enfatizando la justicia social. Cabrían aquí los epítetos de derecha e izquierda. Pero, ¿cómo no confundirlas con posiciones extremas a ambos lados del espectro y muy beligerantes en la actualidad, que parecen ser una amenaza al modelo europeo? Desde la sombra insurgen promesas populistas enarboladas por autócratas de diferente signo, señalando enemigos a eliminar para solventar resentimientos y para aupar sus aspiraciones de poder como salvadores.
Pero, como se señaló antes, en ese escenario tan rico y complejo que es la realidad, no tenemos de antemano una receta compartida por todos que nos digan qué decisiones hay que tomar. Cabe, como sugerencia, la promoción de una mayor transparencia en las instituciones, la rendición sistemática de cuentas y el empoderamiento del ciudadano para acercarlo a la toma de decisiones que le conciernen. Quizás sea la mejor forma de ir aireando la discusión sobre cómo continuar avanzando hacia la combinación más conveniente entre eficiencia y equidad en pro de niveles mayores de bienestar.
Economista, profesor (J), Universidad Central de Venezuela – humgarl@gmail.com
