La desproporción entre el salario mínimo y el costo de la vida obliga a la población venezolana a recurrir a empleos informales para cubrir necesidades. Sin luz y cocinar con leña en Venezuela.
Economistas y sociólogos coinciden en que controlar la inflación y recuperar los servicios públicos son pasos indispensables antes de evaluar un ajuste salarial.
El salario mínimo en Venezuela no alcanza para cubrir las necesidades de una familia numerosa o de una madre soltera que asume sola las cargas del hogar. Esta realidad, sumada al desgaste físico y emocional que provocan las fallas en los servicios públicos define la crisis del poder adquisitivo en el país. Los sociólogos describen este escenario como un proceso de subsistencia pura. En los sectores populares, conseguir el sustento diario se ha convertido en una carrera contrarreloj que sólo deja frustración, al saber que los ingresos impiden ahorrar para emergencias o garantizar la recreación de los niños.
Esta realidad se confirma en que 88% de los venezolanos cobra en bolívares su sueldo y vacía su saldo en menos de 48 horas, tal como explica Luis Vicente León, economista y presidente de Datanálisis, del reciente estudio de Tendencias del Consumidor para los Centros Comerciales. También arrojó que 60% compara precios con frecuencia, a fin de poder adaptar el presupuesto familiar y el 80,3% hace el esfuerzo de cancelar más dinero por una marca confiable que sea más duradera.
Tal contexto refleja que la calidad de vida se encuentra comprometida. Según el sociólogo, Luis Pedro España, se puede deducir que resolver lo cotidiano es complicado para los habitantes del país. Existe un relativo estancamiento que condiciona la dinámica de las políticas públicas, más allá de los recursos, centrándose en los servicios.
Además considera que la movilidad socioeconómica derivada de la reactivación petrolera aún es escasa, debido a la falta de oportunidades. Afirma que este impacto sólo comenzaría a percibirse en ciudades vinculadas a la producción de crudo, y que dependerá de los avances en las contrataciones que se adelantan con el gobierno de Estados Unidos.
España señala la alimentación, la educación y los servicios públicos como las mayores preocupaciones que el gobierno está obligado a resolver. Se refiere a las familias a las que les cuesta garantizar las tres comidas diarias, así como las condiciones para que sus hijos estudien y aspiren a terminar una carrera universitaria. Todo esto, sumado al malestar por las constantes interrupciones en el suministro eléctrico, las cuales se han «normalizado» bajo la justificación de ser cuotas de racionamiento.
«La población subsiste con un empobrecimiento real y alta inflación», señala el sociólogo, Dioni Salas, recordando que el esfuerzo les lleva a resolver el día a día. Se refiere a la realidad que exige planificar a corto plazo porque la urgencia está en garantizar la comida, porque generalmente no pueden comprar el mercado completo para una semana, dejan algunos pendientes, como charcutería o carnes.
Vivir así es como estar frente a una bomba de tiempo: las cifras no cuadran cuando el costo de la canasta básica en septiembre de 2026 se ubicó en Bs. 631.923,35 (equivalentes a $761,35) y los ingresos familiares apenas alcanzan los 300 o $400 —recalca Salas—. Esta presión deriva en un desgaste físico y psicológico severo, pues el cansancio se multiplica cuando las personas deben recurrir a múltiples oficios para subsistir.
El cansancio se describe como el efecto de nadar contra la corriente, al sentirse atrapado en una distorsión económica, cuando el salario se gana en bolívares, pero los productos y servicios se pagan en dólares. También pesan las expectativas frustradas por un cambio político y las condiciones asfixiantes para las familias de cuatro o más integrantes, sentenció Salas.
Una habitación levantada provisionalmente con láminas de zinc que ya supera los ocho años, junto a una casa que tras varias décadas aún espera por el friso sirven de radiografía sobre las carencias de muchas familias sin mayores oportunidades en la Venezuela actual. Detrás de esas precarias paredes, las personas luchan por sobrevivir con un sueldo mínimo de Bs. 130 y algunos bonos; una realidad que los obliga a buscar ingresos extras para asegurar, en el mejor de los casos, tres comidas.
Cada amanecer agradecen a Dios que tienen salud, porque no cuentan con los ahorros para cubrir gastos de alguna emergencia médica. Reconstruir o remodelar la casa terminó siendo un lujo, porque sus cuentas no dan para sacos de cemento, bloques o simplemente friso y pintura.
«Uno debe esforzarse y tratar de no transmitir nuestra preocupación al hijo», confiesa la docente Karem Cordero, quien es madre soltera y sólo cuenta con el apoyo de su madre. El sueldo como educadora no es suficiente y luego de su jornada matutina en la escuela dedica de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. a impartir tareas dirigidas.
El objetivo es que su hijo supere las alteraciones de los componentes de la sangre; por ello, asiste puntualmente al control con el médico hematólogo (cuya consulta tiene un valor de $50), la dieta recetada y los análisis cada 15 días. «Con esta situación siento más presión y se me hace más difícil», expresa, lamentando además que le toque postergar sus propias necesidades.
Para los economistas, un aumento salarial no puede ser un tema aislado. En Venezuela primero se deben resolver los problemas que hacen que el poder adquisitivo se vuelva «sal y agua» y que afecta la productividad o son un freno para las inversiones nacionales y extranjeras.
Antes de decretar aumentos salariales, Jesús Casique, economista, considera que se debe resolver el tema de la inflación. De acuerdo con datos del BCV, la inflación anual se ubica en 376,9%. Así lo señala una publicación del medio Finanzas Digital. Para 2027, el economista proyecta que la inflación se desacelerará, pero seguirá estando en tres dígitos, rondará los 120%.
«Lo fundamental es atacar la inflación respetando el artículo 320 de la Constitución, que dice textualmente que el ‘Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias’. Luego de abatir la inflación o llevarla por lo menos a dos dígitos, se podría hacer un ajuste salarial coherente. De lo contrario, tendría un efecto pernicioso, porque se convertiría en más inflación, depreciación de la moneda, etc», argumentó.
Liuba Malpica, economista y profesora de la UCLA, señaló que Venezuela antes de hablar de aumento salarial necesita mejorar las condiciones para la productividad. Por ejemplo, las fallas eléctricas en el país reducen la productividad de las empresas. Conindustria informó que en el primer trimestre de 2026, el racionamiento eléctrico afectó casi el 50% de las horas laborales de las industrias.
«Las empresas registraron una media de 214 horas sin electricidad, de un total de 488 horas de trabajo durante el trimestre», señalaron en agosto en la Encuesta Coyuntura Industrial.
Guiomar López
