La entrada de capital público en empresas privadas, sobre todo en sectores estratégicos, es algo habitual tanto en Europa como en Estados Unidos. Un buque en la planta de Astilleros del Atlántico en Saint Nazaire (Francia).
El Gobierno de Bélgica recupera el control de sus centrales nucleares. El de Francia, los Astilleros del Atlántico y compra a los privados sus participaciones en Électricité de France. El británico hace lo propio con British Railways y con la siderúrgica de Scunthorpe, mientras el de España se asegura una gran influencia en gigantes del tamaño de Telefónica e Indra.
La recuperación de empresas estratégicas está de moda, y no solo en Europa. Al otro lado del Atlántico, los gobiernos de México y de Chile han tomado posiciones en el litio; y el de Estados Unidos ha adquirido una participación mayoritaria en MP Materials, especializada en tierras raras, además de forzar la americanización de TikTok obligando a la china ByteDance a vender sus operaciones en Estados Unidos al milmillonario Larry Ellison, gran contribuyente en la reelección de Donald Trump.
Según el académico neerlandés Nicholas Mulder, autor del libro The age of confiscation (publicado en octubre por Penguin Books, podría traducirse como La era de la confiscación), varias razones explican estos movimientos nacionalizadores. Desde la necesidad de asegurarse recursos estratégicos en un ambiente geopolítico revuelto, hasta la de cumplir con la transición energética y con una ciudadanía descontenta por el mal servicio que estaban prestando muchas privatizadas.
Las razones geopolíticas son fáciles de entender. Basta un repaso a los acontecimientos de los últimos años para recordar los problemas que le generó a Alemania la dependencia del gas ruso, la ventaja que las tierras raras otorgaron a China en la guerra arancelaria con Estados Unidos, o las dificultades que vivió la Corte Penal Internacional después de que Microsoft negara a su fiscal jefe el acceso a las cuentas por enfrentarse a Trump solicitando la detención de los israelíes Benjamín Netanyahu y Yoav Galant.
Temores
Si la presión se ejerce negando el acceso a servicios o recursos básicos, la solución es garantizarse un suministro propio. El año pasado, el Gobierno de Países Bajos puso bajo control gubernamental una fábrica de capital chino que hace chips para coches porque existía el temor de que desmantelaran las instalaciones y se lo llevaran todo a China, pone como ejemplo Mulder, que enseña historia en Cornell University (Ithaca, Nueva York). Lo mismo ocurrió en el Reino Unido: cuando nacionalizaron British Steel en Scunthorpe fue por el temor de que sus propietarios chinos cerraran la única siderúrgica aún en pie del país que inventó la revolución industrial.
Según el austríaco Roman Stöllinger, especialista en economía de la innovación en la universidad neerlandesa Delft UT, la ola de estatizaciones que estamos viendo es el reverso de la ola anterior de privatizaciones que comenzó en los años setenta. Comprender que los socios comerciales pueden convertirse en rivales, o incluso enemigos, tiene mucho que ver con lo que está pasando, dice. Cuanto más abierto es tu mercado, más dependes de otros poderes, y si encima estás completamente abierto a la inversión extranjera directa, la estatización puede ser una de las pocas formas legales que te quedan de asegurar el control sobre infraestructura clave.
En su opinión, las estatizaciones también se explican por la incapacidad de algunas empresas privatizadas de dar un buen servicio: Los mercados de la electricidad han demostrado históricamente muchos problemas de falta de inversión: cuando los beneficios son el objetivo último, aumenta la probabilidad de que tu infraestructura se resienta.
El servicio deficiente no es el único problema. También, la posibilidad de dejar activos varados por dificultades de coordinación. En infraestructuras complejas como la eléctrica, dice Stöllinger, la mano invisible que permite coordinarse a múltiples actores solo funciona cuando todo marcha a velocidad de crucero. En cuanto aparece una crisis, o una transición como la energética, deja de valer.
Todo tiene que ir en conjunto cuando las diferentes decisiones de inversión dependen unas de otras, como las que tienen que tomar la red eléctrica y los promotores de granjas eólicas, dice a modo de ejemplo. No se puede dejar que cada actor tome sus decisiones sin saber lo que va a hacer el otro, hace falta una entidad que funcione como coordinadora y tenga la capacidad de hacer que cada pieza encaje en la siguiente. En su opinión, la integración vertical que se consigue con muchas estatizaciones puede ser especialmente válida en esos casos.
No quiere decir que todas las privatizaciones hayan terminado mal. En el sector de telecomunicaciones no se han formado monopolios inmunes a la competencia debido a las diferencias de la tecnología, dice Stöllinger. Es cierto que en telecomunicaciones hay grandes costes iniciales, como las licitaciones por las frecuencias, pero aun así sigue habiendo competencia porque las torres de telefonía móvil se pueden construir de forma gradual y hasta se pueden compartir, con varias empresas rivales instalando antenas en la misma torre, explica. Es un sistema mucho más gradual y modular: si falla una torre, el sistema sigue en pie, a diferencia de un gasoducto, por ejemplo, donde todo tiene que funcionar perfectamente.
El sistema eléctrico está en la mira y no solo por las ineficiencias derivadas de los monopolios naturales o por la falta de coordinación entre los actores. Según el sociólogo y geógrafo estadounidense Matthew Huber, solo con capital público, libre de la obsesión por el beneficio, va a ser posible introducir las energías renovables al ritmo necesario. Necesitamos inversiones en tecnología de almacenamiento de largo plazo, en energía geotérmica avanzada, en captura de dióxido de carbono de la atmósfera, por ejemplo, y esas son inversiones que el capital privado no está muy dispuesto a hacer porque es arriesgado o poco rentable, dice Huber. En su opinión, se debería replicar la estrategia desplegada en las primeras fases de la urbanización moderna, cuando el Estado se hacía cargo de toda la infraestructura de tratamiento de aguas.
Además de transitar hacia un modelo de energía eléctrica limpia, la estatización del sistema eléctrico podría ayudar a la democratización del servicio, dice Huber, investigador de ciencias medioambientales en Syracuse University (Nueva York). Un bien público que haga más accesible el precio de la luz, sobre todo en países como Estados Unidos donde la electricidad se está disparando, dice. Eso ayudaría mucho a legitimar la estatización de este sector, absolutamente estratégico para la transición energética.
Francisco de Zárate – El País de España

