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Do´s & Dont´s de la nueva Ley Eléctrica, por Benjamín Tripier

 

Análisis de entorno.

El 10 de noviembre la Asamblea Nacional sancionó por unanimidad la reforma, tras tres aplazamientos y en medio de cortes simultáneos en varias regiones. Son 42 artículos que modifican 31 de los 115 vigentes e incorporan 11 nuevos.

La reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico es la primera admisión legal, en casi veinte años, de que el monopolio estatal fracasó. Tiene aciertos que conviene conservar y errores que conviene corregir antes de que se conviertan en hechos consumados. Pero abre la generación sin tocar lo que realmente gobierna el sistema: la red, el despacho, la tarifa y el regulador. Es un paso necesario, insuficiente y, tal como está diseñado, poco atractivo para el capital que Venezuela necesita. El futuro gobierno legítimo debería decirlo ahora, y decir qué hará en su lugar.

• Generación abierta: la ejerce la empresa operadora del Estado y también empresas mixtas y privadas habilitadas, con concesiones de hasta 25 años. Las de más de 50 MW, o las que afecten la red troncal o la distribución en áreas exclusivas, las otorga el Ministerio de Energía Eléctrica.

• Reservas del Estado: la hidroelectricidad del Caroní, Paragua y Caura, el complejo Uribante-Caparo, las redes troncales y el despacho. Corpoelec sigue como operadora integrada en generación, transmisión, distribución y comercialización, y el Centro Nacional de Despacho debe adaptarse en 180 días a la estructura del ministerio.

• Tarifas y subsidios: tarifas ancladas a la moneda de mayor valor publicada por el BCV, hoy el euro, y un fondo de subsidios que el Ejecutivo debe constituir en un año.

• Petróleo y autogeneración: las petroleras deben asegurar su propio suministro (autogeneración, cogeneración o contratación de terceros). Quien genera para su red interna no necesita autorización, salvo que se conecte al sistema.

• Disciplina: una Superintendencia con facultades de averiguación, multas a operadoras de hasta 2% de los ingresos brutos, revocatoria de la habilitación a instalaciones de más de 2 MW que nieguen suministro durante un estado de excepción, y reversión de los bienes a Corpoelec “libres de gravámenes” al terminar la concesión. Se admiten mediación y arbitraje.

• Poder Popular: contraloría social comunal y mesas técnicas de energía.

El texto definitivo aún no está en Gaceta. Este análisis se basa en lo informado por la propia Asamblea y la prensa, por lo que algún detalle podría ajustarse al promulgarse.

La vara: Hablemos de Energía, libro de Benjamín Tripier

En Hablemos de Energía: Una Visión de Venezuela para la Reconstrucción Sostenible, sostengo que el sistema no se repara: se refunda. Eso significa separar funciones, crear un regulador independiente, organizar el territorio en distritos eléctricos con generación cerca de la carga, tratar el Caroní como un banco central de electricidad, cobrar tarifas que reflejen costos con subsidios explícitos y focalizados, y disolver Corpoelec para que un administrador transitorio prepare concesiones y privatizaciones transparentes. Es la misma línea que vengo planteando en estas páginas desde “¡Es la electricidad, estúpido!” (2025) y “Sin electricidad no hay petróleo y sin petróleo no hay PIB” (marzo de 2026).

Medida contra esa vara, la reforma acierta en el diagnóstico implícito y en algunos instrumentos, y falla en la arquitectura, que es lo que decide si un sistema funciona.

Do’s: lo que la reforma hace bien y conviene conservar

Do Lo que dice la reforma Cómo potenciarlo
Romper el tabú del monopolio Privados y mixtos pueden generar y vender electricidad por primera vez desde 2007 Extender la apertura a distribución y comercialización, con agentes regionales y cooperativas
Sacar al petróleo de la red Las petroleras deben autoabastecerse; la generación para uso propio no requiere autorización Dar derecho y obligación de inyectar excedentes a precio regulado, para que las islas energéticas alimenten a su entorno
Hacer visible el subsidio Fondo de subsidios para quien no pueda pagar el precio pleno Subsidiar a la persona y no al kilovatio: bloque básico protegido, tarifa progresiva y recursos presupuestados
Proteger la tarifa del bolívar Tarifa anclada a la moneda de mayor valor Convertir el ancla en metodología: costo eficiente más rentabilidad razonable, con revisiones periódicas
Dar horizonte a la inversión Concesiones de hasta 25 años Asignarlas por licitación pública y competitiva, nunca por adjudicación directa
Abrir la puerta al arbitraje Mediación y arbitraje como alternativa a los tribunales Arbitraje internacional y reglas claras de compensación
Sancionar la mala calidad Multas por incumplir normas de calidad o negar acceso a redes Convertirlo en regulación por desempeño, medida por un regulador independiente con indicadores públicos
Ordenar la base de usuarios Cinco años para normalizar puntos de suministro y dos para actualizar el registro Medición moderna y facturación digital, condición para que la tarifa sea justa y cobrable

Don’ts: lo que la reforma hace y no debería hacer

Don’t Lo que dice la reforma Lo que propone Hablemos de Energía
Dejar al jugador como árbitro Corpoelec sigue integrada en las cuatro actividades y compite con los privados que regula su ministerio Disolver Corpoelec; administrador transitorio que separe activos y prepare concesiones
Meter el despacho en el ministerio Despacho reservado al Estado y absorbido por la estructura ministerial Despacho aislado de la gestión política, a cargo de un operador técnico neutral
Conceder a discreción El ministerio otorga las concesiones relevantes Ente regulador independiente, con directorio por concurso y períodos escalonados
Congelar el Caroní y la troncal Reserva estatal sin cambio de gestión Autoridad del Río; cada planta, una empresa licitada; el agua con costo; empresa especializada de transmisión troncal
Abrir solo el negocio rentable Los privados venderán “sobre todo a los grandes consumidores, a las industrias, a los centros comerciales” Distritos eléctricos con obligación de servicio, para no crear islas iluminadas en un mar de racionamiento
Convertir la emergencia en régimen Revocatoria de la habilitación a quien no entregue energía en un estado de excepción Requisas excepcionales, acotadas, con control judicial y compensación a precio justo
Expropiar por la vía de la reversión Bienes que vuelven a Corpoelec “libres de gravámenes” Pago del valor no depreciado de la inversión prudente, condición para que los proyectos sean financiables
Confundir participación con control partidista Descentralización entendida como contraloría comunal y mesas técnicas Control ciudadano formal y no partidista: usuarios, academia, gremios y veedurías
Legislar sin legitimidad Ley aprobada por una Asamblea cuestionada, durante un interinato con plazos vencidos Una ley de Estado, con pacto político amplio, que sobreviva al ciclo de gobierno

 

La reforma coincide con el libro en el diagnóstico implícito y en tres instrumentos: participación privada, subsidio explícito y autogeneración petrolera. Diverge en la arquitectura, que es precisamente lo que decide si un sistema funcionará.

Lectura estatista y lectura de mercado

• La lectura estatista está en boca de Jorge Rodríguez: “no promueve en modo alguno la privatización”, es diversificación. El Estado retiene lo estratégico, el privado pone capital donde el Estado ya no llega y el Poder Popular vigila. La racionalidad es transparente: conservar el control político del servicio que más condiciona la vida cotidiana.

• La lectura de mercado es menos indulgente, y es la que yo propongo. Lo aprobado es un régimen de concesiones discrecionales, no un mercado. Sin mercado mayorista, sin precio de referencia, sin acceso abierto a las redes garantizado por un tercero neutral y sin regulador independiente, el privado no compite: negocia. Y negocia con alguien que es, al mismo tiempo, concedente, competidor, despachador, dueño de la red y árbitro de las sanciones.

Ambas lecturas llegan a un punto común incómodo: la ley abre la oferta, pero no la gobernanza. Para el Estado es una válvula de alivio; para el inversionista, un permiso revocable.

¿Cambiar para que nada cambie?

En la arquitectura, sí. En la práctica, no del todo. En junio, cuando el proyecto pasó la primera discusión, lo llamé maquillaje regulatorio de una Asamblea sin legitimidad para comprometer al país a largo plazo; el texto sancionado no cambia ese juicio. Es un gatopardismo selectivo: se abre lo que el Estado ya no puede financiar y se retiene lo que da poder.

Tres mecanismos lo muestran.

• La red como peaje político. Si el ministerio otorga la concesión, controla el despacho y fija la tarifa, cada megavatio privado depende de una firma. El poder de decidir quién produce, quién se conecta y quién cobra queda exactamente donde estaba.

• El archipiélago iluminado. El privado podrá vender “sobre todo a los grandes consumidores, a las industrias, a los centros comerciales”, mientras el usuario residencial sigue en manos de Corpoelec. Es la economía de archipiélago que describo en el libro, ahora con respaldo legal: islas con luz sobre un mar de racionamiento. Lo mismo vale para el petróleo. Que las petroleras se autoabastezcan alivia la red, y el libro lo propone, porque con la electricidad disponible la producción tiene un techo cercano a 861.000 barriles diarios y la red de 765 kV es el cuello de botella; pero sin obligación ni derecho a inyectar excedentes, ni integración con los distritos vecinos, se consolida el enclave y se formaliza la canibalización.

La emergencia como cláusula de captura. Revocar la habilitación a quien no entregue energía durante un estado de excepción decretado por el Ejecutivo, en un país que vive en emergencia eléctrica permanente, convierte el activo privado en reserva del Estado a discreción.

Algo sí cambia: el tabú. Por primera vez desde 2007 la ley reconoce que un privado puede generar y vender electricidad, y ese reconocimiento es políticamente irreversible.

Atractivo para el inversionista

Bajo para el capital de largo plazo; medio para el capital oportunista. Una carta de intención no es un contrato, y un contrato no es una inversión. Vendrán la autogeneración ligada a socios petroleros con licencias, la generación modular o en barcazas para grandes usuarios con contratos en divisas, y los proveedores de equipos con pago asegurado por terceros.

No vendrán, todavía, los fondos de infraestructura, las empresas eléctricas internacionales de primera línea ni el crédito multilateral de largo plazo, que son los que mueven las decenas de miles de millones de dólares que el sistema necesita.

Las razones son cinco:

1. Contraparte sin capacidad de pago. El Estado no ha garantizado los pagos a proveedores y la tarifa no tiene metodología conocida. Anclarla al euro protege del bolívar, pero no responde la pregunta central: quién cubre el costo real.

2. Reversión y revocatoria. Bienes que vuelven al Estado “libres de gravámenes” y habilitaciones revocables en emergencias encarecen o impiden el financiamiento de proyectos.

3. Regulador y despacho en el ministerio. Sin árbitro técnico, el riesgo regulatorio es riesgo político.

4. Ausencia de mercado. Sin precio de referencia ni acceso abierto, cada proyecto es una negociación bilateral con el Estado.

5. Legitimidad de origen. Una ley aprobada por una Asamblea cuestionada, durante un interinato con plazos vencidos, tiene riesgo cierto de revisión. El inversionista lo sabe y lo cobra en la tasa.

Un contraste en el Boletín Oficial argentino

El 29 de octubre, la Secretaría de Energía argentina publicó la Resolución 303/2026, que autoriza a una cooperativa del pueblo de Sacanta, en Córdoba, a aplicar sus tarifas como prestador adicional de transporte.

Es un acto menor, y por eso revelador: solicitud publicada, plazo para objeciones, informe técnico, una tarifa que debe “cubrir los costos razonables” con calidad regulada, control del regulador provincial y notificación a CAMMESA y al ENReGE. Todo bajo la Ley 24.065, la misma matriz que inspiró la Ley del Servicio Eléctrico venezolana de 1999, en la que nuestra firma NTN Consultores participó activamente, redactando y compilando, y realizó la primera divulgación digital (DVD´s) bajo la administración del Presidente Caldera con benchmarking presencial con el sistema eléctrico argentino. Eso es un mercado regulado: que lo pequeño sea rutina y no favor. En Venezuela, ese mismo acto seguiría siendo una concesión ministerial.

Lo que debería contener la ley

Asumiendo los postulados del libro como solución óptima, una ley eléctrica para la reconstrucción debería contener, como mínimo:

1. Separación de actividades, con límites a la integración vertical y a la participación cruzada entre generación, transmisión y distribución.

2. Un ente regulador independiente, con autonomía financiera,junta directiva por concurso con períodos escalonados y regulación basada en desempeño: continuidad, calidad, pérdidas e inversión ejecutada.

3. Un operador del sistema y del mercado mayorista independiente, con precio de referencia y contratos bilaterales.

4. Acceso abierto a las redes con peajes regulados.

5. Un régimen tarifario de costo eficiente más rentabilidad razonable, con revisiones periódicas, audiencias públicas y ajustes vinculados a mejoras verificables de servicio.

6. Subsidios explícitos y focalizados, con bloque básico y tarifa progresiva.

7. Distritos eléctricos y microrredes, con municipios, cooperativas y empresas regionales como agentes reconocidos.

8. Una Autoridad del Río para el Caroní, con plantas organizadas como empresas distintas, licitadas en forma transparente, y valoración económica del agua; y una empresa especializada y regulada de transmisión troncal.

9. Seguridad jurídica: compensación justa, arbitraje internacional, límites precisos y control judicial de cualquier intervención.

10. Un régimen de transición: disolución de Corpoelec y un administrador transitorio, valoración independiente de activos y privatizaciones condicionadas a inversión, mantenimiento y calidad verificables.

11. Transparencia, control ciudadano no partidista, ciberseguridad y resiliencia climáticacomo obligaciones de diseño, no como anexos.

Conclusión: el futuro gobierno debe hablar ahora

El futuro gobierno legal y legítimo, que con toda probabilidad encabezará María Corina Machado, no debería esperar a llegar al cargo para pronunciarse. Por tres razones.

• Porque el capital decide ahora. Los primeros contratos bajo esta ley se negociarán en los próximos meses. El silencio se leerá como aval o como amenaza, y cualquiera de las dos lecturas se traduce en prima de riesgo.

• Porque el período más peligroso es el intermedio. Como advierte el libro, la transición es el momento en que se asignan activos, se firman contratos y se escriben reglas que pueden favorecer a unos sobre otros. Si no se fija posición ya, la apertura puede convertirse en un reparto previo a la democracia.

• Porque hay que ganar la narrativa. La reforma reconoce el fracaso del monopolio. Si la alternativa democrática no se apropia del diagnóstico y ofrece el diseño, el chavismo se quedará con el relato de la apertura sin haber hecho la reforma.

La posición no debería ser el rechazo en bloque. La apertura privada no es una opción, sino una obligación; lo que hay que rechazar es la forma. La fórmula es simple: sí a los do’s, no a los don’ts; sí a la apertura, no a la discrecionalidad.

En concreto:

• Anunciar que se respetarán los contratos celebrados por licitación pública, con publicidad y a precios de mercado, y que se revisarán los adjudicados en forma discrecional.

• Pedir que, hasta que haya gobierno electo, no se transfieran ni comprometan activos de Corpoelecni concesiones de la reserva estratégica.

• Exigir desde ya, en el reglamento, la publicidad de las concesiones, una metodología tarifaria, un despacho aislado de la gestión política y una compensación justa por la energía requerida en emergencias.

• Comprometer, en los primeros cuatro meses de gobierno, un marco eléctrico nuevo construido sobre los once contenidos señalados, y designar desde ahora el equipo técnico que lo prepare.

Sin un marco así, cualquier plan de reconstrucción es solo un PowerPoint bien diseñado. Ese pronunciamiento le dice al inversionista serio que habrá reglas mejores y estables, al oportunista que la ventana tiene fecha de vencimiento, y al ciudadano que la luz no volverá por concesión de quien la apagó, sino por instituciones que nadie pueda apagar. El momento es ahora: el diseñodebe comenzar hoy.

Mi libro digital ‘Hablemos de energía’ está disponible.

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