En un ambiente donde la corrupción se convierte en norma, la honestidad deja de ser cómoda y comienza a ser una forma de resistencia. Reflexión del autor.
Ayer vi a una juez caminar con una altivez y una jactancia que parecían anunciarle al mundo una condición de intachable honorabilidad. Su semblante transmitía esa seguridad de quien se considera por encima de cualquier cuestionamiento, como si sus actuaciones fueran irreprochables y su conciencia estuviera revestida de una pulcritud incuestionable. También vi a una asistente de un tribunal superior exhibir una expresión de pedantería y superioridad, con esa particular disposición de quien parece sentirse por encima de los demás. Y me pregunté: ¿de dónde nace semejante señorío cuando la conducta no guarda correspondencia con la imagen que se proyecta? Lo verdaderamente desconcertante no es solamente la eventual contradicción entre lo que se aparenta y lo que se hace, sino la tranquilidad con la que algunas personas pueden desenvolverse dentro de ambientes cuestionados, exhibiendo una superioridad moral que sus propios comportamientos desmienten. No parece existir en ellas la menor preocupación por la incongruencia. Caminan, hablan, ordenan y miran como si nadie conociera sus contradicciones, como si el entorno entero no supiera de qué pie cojean. Es el espectáculo del caradurismo convertido en comportamiento cotidiano.
Entonces surge una pregunta que da título a esta reflexión: ¿cómo sobrevivir a un entorno altamente corrupto? La respuesta, formulada desde la ironía, resulta tan incómoda como reveladora: formando parte del mismo entorno corrupto. Porque cuando un espacio institucional se encuentra dominado por prácticas contrarias a la ética, quien pretende desenvolverse en él sin aceptar sus códigos termina convirtiéndose en una presencia incómoda. La honestidad no encuentra necesariamente protección, la rectitud no siempre recibe reconocimiento y la independencia de criterio puede transformarse en motivo de aislamiento. En cambio, quien aprende a acomodarse, a guardar silencios convenientes, a justificar lo injustificable y a participar de las solidaridades indebidas descubre que su permanencia resulta mucho más sencilla. Así, el supuesto sobreviviente deja de ser un extraño que soporta las condiciones del ambiente y comienza a integrarse a sus mecanismos de funcionamiento. La necesidad económica, la antigüedad en el cargo o las circunstancias personales pueden explicar una permanencia, pero no convierten automáticamente en legítimas las actuaciones de quien participa conscientemente en la corrupción. Sobrevivir no es lo mismo que consentir, y permanecer no es necesariamente sinónimo de pertenecer; la diferencia está en la conducta.
Esta reflexión no se limita a los tribunales ni a quienes ejercen funciones jurisdiccionales. El mismo fenómeno puede observarse en cualquier dependencia pública donde las prácticas contrarias a la ética se convierten en costumbre y donde quienes trabajan en ese ambiente terminan aprendiendo sus códigos de comportamiento. Allí se encuentran personas que conocen perfectamente las irregularidades, que identifican las actuaciones cuestionables y que, sin embargo, se desenvuelven con absoluta naturalidad, como si nada ocurriera. Algunas incluso adoptan una actitud de superioridad frente a quienes no participan de sus mecanismos, como si la rectitud ajena constituyera una ingenuidad o una debilidad. La corrupción no necesita que todos sus integrantes ejecuten exactamente las mismas acciones; le basta con que suficientes personas la toleren, la faciliten, la encubran o encuentren conveniente no cuestionarla. Así se construyen ambientes donde la normalidad deja de medirse por la legalidad y comienza a medirse por la aceptación colectiva de aquello que debería ser inadmisible.
En los tribunales, esta realidad adquiere una dimensión particularmente delicada. Jueces, fiscales, asistentes y demás funcionarios tienen responsabilidades que no admiten componendas con la conveniencia personal ni con las lealtades corporativas. Sin embargo, cuando se establecen círculos de protección recíproca, cuando una decisión cuestionable encuentra respaldo no por su fundamento jurídico sino por la identidad de quien la dicta, y cuando las irregularidades se disimulan mediante silencios, complicidades o justificaciones interesadas, la institución comienza a parecerse más a una estructura de autoprotección que a un servicio público destinado a administrar justicia. No se trata de afirmar que todos los funcionarios sean iguales, porque existen personas honestas que ejercen sus responsabilidades con dignidad, estudio y apego al derecho. Se trata de señalar el peligro de los bloques de protección que pueden formarse en cualquier jurisdicción: penal, civil, laboral, mercantil o administrativa. Una resolución no adquiere legitimidad porque la suscriba un juez, ni una actuación se vuelve correcta porque un fiscal la respalde. La autoridad no sustituye a la razón, el cargo no reemplaza al conocimiento y la toga no purifica una conducta. Cuando quienes deben controlar las irregularidades terminan protegiéndose entre sí, la corrupción encuentra precisamente el refugio institucional que necesita para perpetuarse.
En esos escenarios, la reciprocidad puede convertirse en una forma de blindaje: hoy se respalda una actuación porque quien la ejecuta pertenece al círculo; mañana se espera que ese mismo círculo respalde otra actuación, aunque su fundamento resulte cuestionable. De esta manera, la lealtad institucional se confunde con fidelidad personal, el compañerismo degenera en encubrimiento y la solidaridad pierde su sentido ético para transformarse en una herramienta de protección mutua. Lo verdaderamente grave ocurre cuando el análisis jurídico deja de ser el criterio determinante y comienza a imponerse la conveniencia de quienes comparten un mismo espacio de poder. La justicia no puede funcionar sobre la base de favores recíprocos, adhesiones personales ni pactos de silencio. Un juez debe responder por el fundamento de sus decisiones, un fiscal por la legalidad de sus actuaciones y cada funcionario por el cumplimiento de sus deberes. Ninguna jerarquía puede convertir lo incorrecto en correcto, ni ninguna alianza profesional puede sustituir el examen de la legalidad.
Es aquí donde adquiere sentido la metáfora de las placas de sarro adheridas a una dentadura que nadie se ocupa de limpiar. La acumulación no aparece de un día para otro: cada práctica tolerada, cada silencio interesado, cada decisión sin justificación suficiente y cada conducta que se disculpa por conveniencia contribuye a endurecer aquello que debería ser removido. Después, quienes forman parte de esa acumulación terminan considerándola natural, hasta el extremo de mirar con extrañeza a quien pretende limpiar el ambiente. Las placas de sarro representan precisamente esa corrupción enquistada que ya no se percibe como una anomalía, sino como parte de la propia estructura. Y lo más preocupante es que quienes se benefician de esa condición no siempre desean que alguien emprenda una limpieza; por el contrario, pueden interpretar cualquier intento de saneamiento como una amenaza a sus intereses, sus privilegios y su tranquilidad. La dentadura permanece sucia, pero quienes viven con ella terminan acostumbrándose a su apariencia y hasta pretenden convencer a los demás de que no existe ningún problema.
Es el mundo kafkiano, donde la deformación de la realidad termina presentándose como normalidad y donde quienes participan de sus contradicciones pueden exhibir una serenidad desconcertante. Parece una representación teatral en la que cada cual lleva una máscara cuidadosamente ajustada a su conveniencia: unos representan la honorabilidad, otros la rectitud, algunos la solemnidad y otros la superioridad moral. La máscara no transforma la naturaleza de quien la lleva; solamente procura ocultarla ante los demás. De allí que resulte tan desconcertante observar a personas que se desenvuelven con una tranquilidad casi ceremonial dentro de ambientes institucionales cuestionados, como si la apariencia de respetabilidad pudiera borrar las contradicciones de sus actuaciones. Se comportan como si nadie supiera, como si nadie observara, como si el tiempo y la memoria de quienes han padecido determinadas actuaciones fueran incapaces de conservar lo ocurrido. Pero la apariencia no modifica los hechos ni convierte una conducta cuestionable en una actuación honorable.
La imagen de una fruta limpia que cae dentro de un inodoro contaminado ilustra, con crudeza, el riesgo de permanecer voluntariamente en un espacio cuya naturaleza termina impregnando todo lo que entra en contacto con él. Una fruta que se introduce en un ambiente contaminado pierde su condición de limpieza, aunque exteriormente conserve durante algún tiempo su apariencia. De manera semejante, quien ingresa en un entorno institucional deteriorado y decide permanecer en él participando de sus prácticas termina contribuyendo a la contaminación que inicialmente podía observar desde fuera. No obstante, conviene distinguir: no toda persona que trabaja en una institución deteriorada es necesariamente corrupta; lo determinante es si conserva su independencia moral o si termina incorporándose a las prácticas que la degradan. La necesidad puede explicar por qué alguien permanece, pero no justificar que participe, encubra o reproduzca aquello que sabe incorrecto. La decencia exige límites, y esos límites se demuestran mediante actuaciones, no mediante discursos. La permanencia puede ser una circunstancia; la complicidad, en cambio, es una conducta que debe examinarse por sus propios méritos.
Y es precisamente aquí donde aparece otra de las grandes contradicciones de estos ambientes: la pretensión de que la necesidad constituye una explicación suficiente para cualquier comportamiento. Hay quienes argumentan que deben permanecer en determinado lugar porque necesitan trabajar, porque tienen responsabilidades familiares o porque no encuentran otra alternativa. Son circunstancias humanas que merecen consideración, pero no pueden convertirse en una autorización general para participar en aquello que se reconoce como incorrecto. Una cosa es trabajar en una institución donde existen irregularidades y otra muy distinta es convertirse en parte activa de ellas. La necesidad no transforma la corrupción en honestidad, ni la permanencia convierte automáticamente a una persona en víctima del ambiente. Cada quien responde por sus propias decisiones, por los silencios que voluntariamente guarda y por las actuaciones que decide respaldar. No se puede invocar indefinidamente el entorno para eludir la responsabilidad individual, especialmente cuando se participa de sus beneficios o se contribuye a su perpetuación.
Y todavía existe una manifestación que resulta particularmente irritante: la arrogancia de quienes parecen creerse moralmente superiores precisamente en los ambientes donde su comportamiento debería imponerles prudencia. Se pasean con solemnidad, exhiben gestos de autoridad, miran a los demás desde una supuesta altura y construyen una apariencia de honorabilidad que no necesariamente resiste el examen de sus actuaciones. Es entonces cuando cobra vigencia aquella conocida sentencia según la cual a la mujer del César no le basta con ser honesta, sino que también tiene que parecerlo. La apariencia no sustituye a la honestidad, pero la honestidad tampoco puede convertirse en una representación teatral destinada a engañar a los demás. Quien tiene la conciencia tranquila no necesita fabricar una superioridad moral ni utilizar su cargo como pedestal para humillar a otros. La verdadera autoridad se manifiesta en la conducta, la transparencia, el respeto y la coherencia entre lo que se exige y lo que se practica.
El problema no es que un funcionario camine con solemnidad, vista formalmente o exhiba la dignidad propia de su cargo. El problema aparece cuando esa solemnidad se utiliza como disfraz para ocultar comportamientos incompatibles con las obligaciones que representa. No hay toga, escritorio, despacho, credencial ni jerarquía que pueda conferir honorabilidad a quien no la acredita con sus actuaciones. Tampoco existe una expresión facial capaz de certificar la rectitud de una persona. La honorabilidad no se presume por la altivez del rostro, la elegancia del comportamiento o la importancia del cargo: se demuestra mediante la conducta. De nada sirve presentarse ante los demás con una imagen de pulcritud si las decisiones, los procedimientos y las relaciones institucionales revelan una realidad distinta. La mujer del César no puede convertirse en una excusa para representar la honestidad; su referencia recuerda precisamente que la conducta y la apariencia deben guardar correspondencia.
Por eso, la pregunta inicial tiene una respuesta que no admite equívocos: en un entorno altamente corrupto, algunos sobreviven integrándose a sus mecanismos, pero quienes conservan su integridad deben procurar no convertirse en aquello que están obligados a combatir. Porque una institución no se sanea sustituyendo sus placas de sarro por otras nuevas, sino limpiando aquello que se ha dejado acumular y restableciendo las condiciones para que la decencia pueda permanecer sin tener que disfrazarse. La verdadera supervivencia no consiste en aprender a convivir con la corrupción hasta terminar pareciéndose a ella, sino en conservar la propia integridad sin convertirse en cómplice de aquello que se cuestiona. Una sociedad no necesita funcionarios que aparenten ser honorables; necesita personas cuyas actuaciones permitan reconocer su honorabilidad sin necesidad de representaciones teatrales. Y una institución no recupera su dignidad mediante discursos solemnes, sino cuando sus integrantes comprenden que el cargo es una responsabilidad, no un privilegio para situarse por encima del escrutinio ciudadano.
Disclaimer — Fundamento jurídico de la libertad de expresión, la crítica y la contraloría social
Las consideraciones expuestas en este artículo encuentran fundamento en el ejercicio legítimo de la libertad de opinión y expresión, así como en el derecho ciudadano a ejercer la contraloría social sobre la gestión pública, el comportamiento de los funcionarios y el funcionamiento de las instituciones. La vigilancia ciudadana, el cuestionamiento de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales y la exigencia de transparencia y rendición de cuentas constituyen manifestaciones del interés colectivo por el correcto funcionamiento institucional.
Este ejercicio encuentra respaldo en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho de toda persona a no ser molestada por sus opiniones y a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; igualmente, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra la libertad de opinión y expresión, incluyendo el derecho a investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones sin limitación de fronteras. Ambos instrumentos, adoptados en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, constituyen referentes fundamentales para la protección de la expresión crítica y la circulación de ideas.
Asimismo, estas consideraciones se sustentan en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ha desarrollado importantes estándares de protección de la libertad de pensamiento y expresión, particularmente cuando se trata de opiniones e informaciones relacionadas con asuntos de interés público y actuaciones de funcionarios estatales. La jurisprudencia interamericana reconoce la importancia del escrutinio público, el control democrático de la gestión estatal y la necesidad de una especial apertura a la crítica respecto de quienes ejercen funciones públicas. El ejercicio de la función pública no coloca a sus titulares al margen del examen de la ciudadanía ni los exime del deber de responder por sus actuaciones. Naturalmente, la libertad de expresión debe ejercerse respetando los derechos y garantías que también protege la Convención Americana.
En ese mismo contexto, resulta pertinente recordar el antiguo aforismo latino: «Excusatio non petita, accusatio manifesta», cuya traducción al español es: «Excusa no solicitada, acusación manifiesta». En francés se expresa mediante la conocida fórmula: «Qui s’excuse s’accuse», es decir: «Quien se excusa, se acusa». Se trata de una máxima proverbial que invita a reflexionar sobre aquellas explicaciones espontáneas que, lejos de disipar una sospecha, pueden suscitar nuevos interrogantes. Su mención no constituye una atribución de culpabilidad a persona alguna, sino una referencia retórica al comportamiento humano frente al escrutinio público.
Estas reflexiones tienen carácter de opinión, crítica institucional y observación social. No pretenden generalizar indiscriminadamente sobre todos los funcionarios públicos, jueces, fiscales o trabajadores de la Administración, ni constituyen imputaciones individualizadas. Su propósito es cuestionar las conductas contrarias a la ética, la probidad, la transparencia y la recta administración de justicia, reivindicando el derecho de la ciudadanía a observar, cuestionar y exigir instituciones dignas de confianza.
Y para evitar cualquier asociación con una jurisdicción o tribunal de existencia real, dejemos establecido que todas estas observaciones corresponden exclusivamente a los tribunales de Torenza.
La verdadera limpieza de una institución comienza cuando sus integrantes dejan de proteger sus propias manchas y aceptan someterse a la exigencia de la decencia. Reflexión del autor.
