La historia suele ofrecer refugio y lucidez cuando el presente exige comprender por qué ciertas barreras persisten en la vida pública. Cuando una mujer cruza el umbral de la política y alcanza posiciones de auténtica relevancia, no solo asume las responsabilidades inherentes al cargo; se enfrenta, casi de inmediato, a un escrutinio silencioso, a una serie de aduanas invisibles que rara vez se le exigen a un hombre.
En la antigua Grecia, espacio fundacional de nuestra idea de democracia, la polis estaba estrictamente dividida. El ágora, lugar de la palabra, del argumento y de la decisión colectiva, pertenecía al varón; el oikos, el ámbito doméstico y de la necesidad biológica, quedaba reservado a la mujer. Como bien analizó Hannah Arendt en La condición humana, el verdadero espacio político nace allí donde los seres humanos aparecen unos ante otros mediante la palabra y la acción, en condiciones de igualdad y pluralidad. Sin embargo, durante siglos se negó a la mujer el derecho a esa aparición pública. Aunque el tiempo y las luchas cívicas han derribado las prohibiciones legales que nos excluían de las urnas y de las magistraturas, la huella cultural de aquella vieja frontera sigue operando bajo formas más sutiles. Hoy no se nos niega la entrada por decreto, pero se nos somete a una doble vara de medir.
A lo largo de la historia, las mujeres que han ejercido el liderazgo han debido navegar una paradoja constante. Esta exclusión se alimentó durante generaciones de la absurda división entre saberes supuestamente propios de los hombres y otros tolerados para las mujeres. En nuestra propia Venezuela, no hace tanto tiempo, se miraba con extrañeza o abierto recelo que una mujer incursionara en carreras como la medicina, considerada territorio masculino por excelencia, o en la filosofía, como si el ejercicio riguroso del pensamiento abstracto y de la razón pública tuviera género. De este último prejuicio doy fe, hasta que avanzado el siglo XX la situación cambió de manera sustancial en nuestro país. Trasladado a la política, este juicio preconcebido persiste bajo otras formas: si las mujeres muestran firmeza, determinación o rigor intelectual, se les tilda de inflexibles, conflictivas o autoritarias; si optan por la empatía y la búsqueda de consenso, se cuestiona su fortaleza para conducir en tiempos de crisis. Al hombre que ejerce el mando se le presume autoridad por defecto; la mujer, en cambio, debe demostrarla cada día, justificando no solo sus ideas, sino también su tono, su temple y hasta su presencia.
A este escrutinio se suma con frecuencia otro sesgo profundamente arraigado: la discriminación edadista. Simone de Beauvoir, quien dedicó páginas memorables tanto a la condición femenina en El segundo sexo como al estigma de los años en su lúcido ensayo La vejez, advirtió cómo la sociedad tiende a despojar a las personas mayores de su condición de sujetos activos para convertirlas en objetos pasivos de una mirada condescendiente. Cuando ambas descalificaciones, género y edad, convergen sobre una mujer en política, la asimetría se vuelve aún más evidente.
En el imaginario político, la madurez y los años acumulados operan de manera radicalmente distinta según el sexo. Mientras que en un hombre las canas y una larga trayectoria suelen interpretarse como sinónimo de estadista, prudencia y autoridad natural —baste recordar el respeto reverencial hacia los senadores de la antigua Roma, cuyo propio nombre deriva de senex, anciano—, en una mujer la edad es utilizada con facilidad como arma de descrédito. Si es joven, se le reprocha inexperiencia; si posee una trayectoria consolidada y madurez vital, se pretende cuestionar su vigor o relegarla al papel de figura meramente simbólica, desconociendo que el pensamiento lúcido, la memoria histórica y el compromiso ético no tienen fecha de caducidad.
Recordemos a Olympe de Gouges, quien en plena Revolución Francesa redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. Su audacia al reclamar igualdad en la tribuna pública le costó la guillotina, bajo el argumento de haber olvidado las virtudes propias de su sexo para mezclarse en los asuntos de la República. Casi dos siglos después, en 1969, Golda Meir asumió la primera magistratura de su país a los setenta años, demostrando que la templanza y la firmeza intelectual son activos insustituibles en las horas más complejas de una nación, aunque debiera enfrentar continuamente epítetos que jamás se aplicaron a sus pares varones.
En nuestra propia historia americana y venezolana, el aporte femenino fue decisivo en la gesta emancipadora y en la construcción civil de la República, aunque durante décadas quedó relegado a notas al pie de página. Hoy, el verdadero desafío de la democracia radica en superar esos estereotipos que no están escritos en las leyes, pero sí en la mentalidad colectiva. Cuando a una mujer en política se le cuestiona su legitimidad por vías indirectas, por su condición femenina o por los años que respaldan su hoja de vida, se reedita aquella vieja exclusión que negaba su autonomía intelectual y moral en el espacio público, reduciendo la política, para decirlo en términos arendtianos, a un mero ejercicio de dominación en lugar de un encuentro entre ciudadanos libres.
La madurez de una sociedad se mide por su capacidad para juzgar a quienes aspiran a servirla por la solidez de sus argumentos, la rectitud de su conducta y la claridad de su visión de país, sin aduanas ocultas ni exigencias asimétricas. El poder, entendido como servicio y responsabilidad ética, no tiene género ni edad. En esta hora crucial, la mujer venezolana ha dado pruebas fehacientes de su coraje, valentía y perseverancia, sosteniendo con firmeza la defensa de la dignidad y la libertad sin menoscabo de su ternura.
@yorisvillasana

