Vitrina.
La mesa entre el chavismo y un sector opositor de bajo reconocimiento no nació de una elección, de una consulta popular ni de una decisión de las fuerzas democráticas venezolanas. Nació de una negociación diseñada desde Washington, con la participación de Richard Grenell, Jorge Rodríguez y Michael Kozak, y fue presentada después como si fuera la única vía institucional posible para la transición. Ese origen condiciona todo lo que viene después.
El problema de legitimidad de origen
Una transición no adquiere legitimidad por el hecho de que Estados Unidos la respalde. La legitimidad de origen depende de tres elementos: representatividad real, transparencia de las reglas y reconocimiento de las víctimas.
En este caso, la mesa puso en igualdad de condiciones a representantes de un régimen represor con sectores opositores de escasa movilización social. No es una negociación entre pares democráticos: es una negociación entre quienes detentan el aparato coercitivo del Estado y quienes aceptaron sentarse con ellos bajo condiciones impuestas desde afuera.
El error de origen fue tratar como equivalentes al represor y al reprimido. Sería como intentar una transición alemana después de 1945 poniendo jueces vinculados al nazismo a redactar las reglas del nuevo orden judicial. La historia enseña que no hay reconciliación duradera sin verdad, justicia y exclusión de quienes usaron el poder para perseguir.
El TSJ: legitimidad formal, legitimidad real
El plan contempla nombrar 32 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia antes de mediados de diciembre. El Departamento de Estado describe un comité de postulaciones judiciales que estudiará candidatos y elevará una lista para conformar el nuevo tribunal.
La Constitución contempla distintas vías de acceso al TSJ —ejercicio de la abogacía, docencia universitaria o carrera judicial—, cada una con requisitos específicos; no exige que todos los aspirantes hayan pertenecido al aparato judicial.
El problema surge cuando la permanencia en un sistema cuestionado por su subordinación política se premia automáticamente como mérito. Esa trayectoria debería activar un escrutinio reforzado, no una ventaja de partida: quienes acrediten independencia deben ser valorados; quienes tengan responsabilidad comprobada en persecución o vulneración de derechos deben quedar excluidos, con las debidas garantías. La experiencia aporta cuando demuestra competencia e independencia, no cuando sirve para convertir viejas lealtades en nuevas credenciales.
El riesgo es evidente: si los candidatos deben tener trayectoria dentro de un sistema judicial capturado por el chavismo, el nuevo TSJ puede nacer con independencia formal y dependencia real. Un tribunal nuevo con viejas lealtades no restaura la justicia; solo cambia el nombre del problema.
Corrección necesaria: el nuevo TSJ debe incluir juristas con trayectoria en derechos humanos, exiliados, jueces perseguidos, académicos independientes y profesionales que no hayan participado en sentencias políticas. La experiencia no puede ser el único filtro; la independencia y la ausencia de complicidad deben ser condiciones eliminatorias.
Porque no hay que perder de vista que desde allí deberá surgir el fuero especializado para la justicia transicional… Nuestro propio “nunca más” a la venezolana.
El CNE: técnico en el papel, político en la práctica
El segundo paso del plan es reformar el Consejo Nacional Electoral y convertirlo en un órgano técnico, sin facultades para decidir quién puede postularse como candidato. La idea es correcta, pero insuficiente.
Un CNE técnico no resuelve el problema si sus integrantes son seleccionados por la misma mesa que negocia con el chavismo, sin participación efectiva de la sociedad civil, de los partidos democráticos y de las víctimas de la represión.
La pregunta clave no es si el CNE será técnico, sino quién controla su designación, su presupuesto, su ciberseguridad, su auditoría y su capacidad de evitar y sancionar el fraude.
La exclusión de MCM: el error estratégico
María Corina Machado no fue incluida en la mesa porque ni el chavismo ni parte del aparato negociador estadounidense la querían cerca. Su regreso del 25 de octubre la obligó a auto incluirse en la realidad política venezolana: regresó, se puso frente a su gente y demostró que la legitimidad no se decreta desde un escritorio en Washington.
Ese regreso expuso la falla central del interinato: fue pergeñado como una operación de gabinete, sin contacto suficiente con el terreno, sin movilización popular y sin reconocimiento pleno del liderazgo opositor más votado y más perseguido. La mesa puede tener respaldo diplomático, pero no tiene masa crítica social.
La lección es simple: no se puede negociar el futuro de Venezuela excluyendo a quien representa la principal fuerza de oposición electoral y callejera.
Lo que huele mal
No huele mal en Dinamarca; huele mal en la arquitectura de la transición:
*Opacidad en la selección de magistrados y rectores.
*Exclusión o subordinación de MCM.
*Igualdad formal entre represores y reprimidos.
*Requisitos que favorecen a cuadros formados dentro de la justicia cooptada.
*Un calendario que parece diseñado para administrar el tiempo del chavismo, no para acelerar la libertad de Venezuela.
*Una mesa que puede convertirse de peaje para ganar tiempo en titular de la legitimidad institucional del futuro del país.
El golpe de timón que EE UU debería dar
El regreso de MCM le dio a Estados Unidos la excusa política perfecta para corregir el rumbo. No debe destruir la negociación, pero sí resetearla con reglas democráticas.
Cinco correcciones inmediatas:
1. Incluir a MCM y a las fuerzas democráticas reales en la definición del calendario, del TSJ y del CNE.
2. Publicar nombres, criterios, impugnaciones y votos del comité de postulaciones judiciales.
3. Excluir a funcionarios con responsabilidad en represión, tortura, corrupción o sentencias políticas.
4. Fijar el plazo constitucional correcto: producida la falta absoluta (que debería producirse inmediatamente… ya), elecciones en 30 días, no seis meses.
5. Vincular ayuda económica y reconocimiento internacional a resultados verificables, y no a promesas.
Mensaje final
La transición venezolana no puede ser un acuerdo entre el chavismo, una oposición de bajo perfil y funcionarios estadounidenses. Debe ser un proceso con legitimidad popular, transparencia total y respeto por las víctimas.
Estados Unidos tiene ahora la oportunidad de corregir el engendro de interinato que pergeñó desde un escritorio. Con MCM en tierra venezolana, con masas movilizadas y con la evidencia de que la mesa carece de legitimidad de origen, Washington debe dar el golpe de timón: resetear la transición, incluir al liderazgo democrático real y devolverle al pueblo venezolano la titularidad de su futuro.
Reconocemos y agradecemos al gobierno del presidente Donald Trump por haber dado el primer paso decisivo hacia la libertad de Venezuela: presionar, negociar y abrir un camino que, sin duda, al final de este tortuoso proceso nos llevará a la democracia.
Nuestra profunda preocupación, sin embargo, es el mientras tanto: la “doctrina del vencedor” no puede convertirse en una transición diseñada desde un escritorio en Washington, con opacidad, exclusión del liderazgo popular y poniendo en pie de igualdad a represores y reprimidos.
Hay que ajustar el rumbo, corregir o eliminar la estrategia de la mesa e incluir a María Corina Machado y a las fuerzas democráticas reales en el proceso de toma de decisiones; porque la libertad de Venezuela no se administra: se conquista con legitimidad, transparencia y valentía.
Noticias Destacadas
NTN Consultores: Qué falta incorporar expresamente en la selección de los jueces de la Corte. Proponemos publicar y verificar:
*Una muestra de sentencias, escritos profesionales o investigaciones del candidato.
*Conflictos de interés, patrimonio y vínculos partidistas o económicos relevantes.
*Antecedentes disciplinarios y señalamientos documentados, con derecho de respuesta.
*Una prueba práctica de razonamiento jurídico y protección de derechos.
*Resultados desagregados, justificación de cada puntuación y respuestas a impugnaciones ciudadanas.
La independencia debe ser una condición verificable de admisión, no una virtud que pueda compensarse con otros puntos. Una incompatibilidad o responsabilidad grave acreditada, conforme a reglas y debido proceso, no puede neutralizarse con doctorados, publicaciones o antigüedad.
La recomendación es ajustar el instrumento antes de cerrar la evaluación: conservar el mérito técnico, reducir las credenciales ornamentales y añadir controles públicos de integridad. Renovar el TSJ debe significar cambiar la forma de seleccionar, no solamente los nombres seleccionados.
*El regreso de MCM no complicó la estrategia estadounidense, sino que la puso a prueba. Washington debe responder con tres decisiones firmes: fechas públicas, instituciones nuevas verificables y consecuencias automáticas ante el incumplimiento. Venezuela no necesita otra negociación indefinida; necesita una transición con destino electoral, libertad real y recuperación económica para su gente
*El Pitazo. Marco Rubio y el canciller Oliver Blanco se reunieron en Washington: no respondieron preguntas ni emitieron declaraciones. Monitoreamos: Marco Rubio instó a Oliver Blanco a liberar al resto de los presos políticos en Venezuela. EFE: Según un comunicado del Departamento de Estado, ambos abordaron «las reformas institucionales que sientan las bases para la celebración de elecciones libres, justas y creíbles». EFE: El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aborda con canciller venezolano la inclusión del país en organismos financieros
*Efecto Cocuyo: AN publica baremo para selección de candidatos a magistrados del TSJ. Tal Cual: La evaluación se hará bajo 100 puntos, donde la formación académica y producción intelectual tiene una carga de 28 puntos, la experiencia profesional, docente y académica y jurisdiccional tienen cada una base de 19 puntos, mientras que la entrevista tendrá un valor de 15 puntos
*Efecto Cocuyo: Delegaciones de la CFI del Banco Mundial y Bank of America llegarán a Venezuela esta semana
*La Patilla: Trump alardeó de haber conquistado Venezuela y de recibir miles de millones en petróleo. “Cuando sumas solamente Venezuela y Estados Unidos, tenemos casi el 50 % del petróleo del mundo. Tenemos mucho más que Arabia Saudita y Rusia juntos” (uno no sabe si eso que dice es bueno o es malo… y para quién)
*Bloomberg: El comercio entre Venezuela y Colombia crece 15%, pero las exportaciones venezolanas retroceden (y qué esperaban con un país destruido… hay que prepararse para balanza comercial -no petrolera- negativa durante unos cuantos años)
*EFE: Los soldados de El Salvador lanzan su primera gran operación contra las bandas en Haití
*EFE: Rusia y Ucrania sufren ciberataques en sus aplicaciones de emergencias con informaciones falsas sobre ataques radiactivos
*Bloomberg: Los Estados Unidos planean pedir a los aliados de la OTAN que contribuyan con más dinero a un programa clave de entrega de armas para Ucrania
*EFE: EE. UU. mediará las negociaciones entre Ucrania y Rusia la próxima semana en Abu Dabi
Lo que no fue noticia (y debería serlo)
*Que, el baremo para el nuevo TSJ puede favorecer al candidato más completo en el papel, no al más competente para una Sala. Formación, docencia y publicaciones son valiosas, pero el baremo no presenta una puntuación separada para la correspondencia entre la especialidad del aspirante y la Sala a la que opta. La entrevista aborda conocimientos jurídicos generales, sin mostrar en esta matriz una prueba práctica específica por especialidad. No es lo mismo resolver un conflicto tributario, una controversia constitucional o un recurso penal. La propuesta es evaluar cada candidatura para una Sala determinada mediante un caso anonimizado y criterios públicos. Menos acumulación de diplomas; más capacidad demostrada para decidir y fundamentar.
*O que, los años en el sistema judicial venezolano deben abrir una auditoría de trayectoria, no cerrar la discusión. La experiencia jurisdiccional representa 19 puntos: incluye antigüedad, condición de juez superior, funciones auxiliares, gestión pública jurídica e ingreso por concurso. Sin embargo, la matriz no asigna una puntuación expresa al examen de la calidad de las decisiones adoptadas. Si bien haber pertenecido al sistema no prueba complicidad, el haber permanecido fuera tampoco garantiza independencia. El filtro debe ser individual: qué decisiones tomó el aspirante, cómo protegió el debido proceso y qué conducta mantuvo ante presiones. La propuesta es revisar expedientes representativos, escuchar objeciones documentadas y publicar conclusiones motivadas, sin culpabilidades colectivas ni absoluciones automáticas.
*Ni que defender derechos humanos merece más que una mención genérica. El baremo reconoce hasta tres puntos por participación en proyectos de defensa de derechos humanos y transformación del sistema de justicia. Es una señal positiva, pero la formulación mide participación en proyectos, no necesariamente resultados comprobables de protección judicial. La propuesta es ampliar esa evaluación: defensa del debido proceso, asistencia a víctimas, decisiones contra detenciones arbitrarias y aplicación de garantías constitucionales. Deben valorarse actuaciones verificables, no adhesiones discursivas. La defensa de derechos tampoco puede convertirse en una etiqueta reservada a una organización o tendencia política.
*Tampoco que la entrevista no puede convertirse en una caja negra de 15 puntos.La entrevista contempla dominio jurídico, resolución de casos, independencia, imparcialidad, solvencia ética y propuestas de modernización. Pero la matriz no muestra cuánto vale cada componente ni cómo se justificará la nota final. La propuesta es transmitir las entrevistas, publicar preguntas equivalentes por especialidad y exigir puntuaciones individuales y razonadas de los evaluadores. Además, debe aclararse cómo operan las categorías “excelente”, “bueno”, “regular” y “deficiente”, asociadas a 15, 10, 5 y 0 puntos. La transparencia no consiste únicamente en publicar el formulario: consiste en permitir que la ciudadanía compruebe por qué un candidato superó a otro y qué garantías ofrece para juzgar sin obediencias políticas.
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