Venezuela atraviesa un momento particularmente complejo de su historia económica. Después de años de contracción, deterioro institucional, pérdida de capacidades productivas y empobrecimiento de la población, se ha abierto una oportunidad para introducir cambios que hasta hace poco parecían difíciles de imaginar. Hay expectativas de mayor inversión, una recuperación de la actividad petrolera, nuevas oportunidades para el sector privado y una relación económica distinta con el resto del mundo. Sin embargo, existe una contradicción que merece atención: mientras la economía comienza a moverse hacia un escenario diferente, la dinámica política sigue sin ofrecer las condiciones necesarias para acometer las reformas estructurales que el país necesita. Podemos avanzar en la estabilización de algunas variables, recuperar determinados sectores y generar un ambiente más favorable para los negocios, pero nada de eso garantiza, por sí solo, que estemos construyendo una economía sostenible.
El problema de Venezuela no se resuelve únicamente con más producción petrolera, mayores inversiones o una recuperación del consumo. Nuestro país necesita una transformación profunda del Estado, de sus funciones, de sus fuentes de financiamiento y de su relación con los ciudadanos y las empresas. Durante décadas construimos una estructura pública que terminó siendo financieramente insostenible, excesivamente dependiente de los ingresos petroleros, con enormes distorsiones en el mercado laboral, un sistema tributario poco eficiente, empresas estatales que representan una carga considerable y mecanismos de protección social incapaces de responder a las necesidades de la población. Corregir estos problemas exige decisiones difíciles, con costos económicos y políticos que no pueden ignorarse. No estamos hablando de algunos ajustes administrativos o de modificar determinadas leyes. Estamos hablando de redefinir el funcionamiento del Estado venezolano.
Las dimensiones de este desafío se entienden mejor cuando revisamos algunas cifras oficiales. Este año, el propio gobierno reconoció que Venezuela cuenta con aproximadamente 3,1 millones de empleados públicos, cifra que asciende a unos 3,5 millones cuando se incorpora el personal de gobernaciones y alcaldías. Héctor Rodríguez, encargado de la comisión presidencial para la reestructuración del Estado, llegó a calificar esta nómina como insostenible. Estamos hablando de una estructura que difícilmente puede mantener remuneraciones competitivas y prestar servicios de calidad sin una revisión profunda de su tamaño, distribución y productividad. Una reforma seria tendría que contemplar la eliminación de organismos duplicados, la simplificación de funciones y, probablemente, una reducción importante de personal, acompañada de programas de reconversión laboral y mecanismos de protección para los trabajadores afectados. Pero aquí aparece nuevamente el problema político: ¿qué gobierno que se prepara para enfrentar unas elecciones en aproximadamente un año tiene incentivos para impulsar despidos masivos en el sector público? La consecuencia más probable de esta contradicción es que se privilegien reorganizaciones administrativas y ajustes parciales, mientras se posterga una de las decisiones más difíciles para garantizar la sostenibilidad del Estado.
La dificultad es que semejante transformación requiere algo que hoy escasea: acuerdos políticos amplios, instituciones con credibilidad y un gobierno capaz de asumir costos en el presente para obtener resultados que probablemente se materializarán varios años después. La administración de Delcy Rodríguez opera en un contexto de transición, con un horizonte político incierto y bajo la perspectiva de un eventual proceso electoral durante 2027, conforme a la hoja de ruta promovida por Estados Unidos. Aunque todavía no existe un calendario electoral definitivo, la discusión sobre la renovación de las instituciones y la convocatoria de elecciones ya forma parte de las negociaciones políticas. En esas circunstancias, surge una pregunta fundamental: ¿qué incentivos tiene un gobierno transitorio para impulsar reformas que pueden generar resistencias inmediatas, cuando sus beneficios económicos y sociales podrían ser aprovechados por una administración posterior?
Esta pregunta no es exclusiva de Venezuela. Forma parte de uno de los problemas más estudiados por la economía política: la dificultad de introducir reformas cuyos beneficios se distribuyen en el tiempo, mientras sus costos suelen concentrarse en determinados sectores de la sociedad y aparecen mucho antes. Una investigación publicada por el Fondo Monetario Internacional en 2019, basada en la experiencia de 66 países democráticos entre 1973 y 2014, encontró que las grandes reformas estructurales implementadas durante el año previo a una elección podían representar, en promedio, una pérdida cercana a tres puntos porcentuales en la votación de la coalición gobernante. Cuando esas mismas reformas se introducían al comienzo del período de gobierno, el costo electoral tendía a desaparecer. La conclusión es relevante: el momento político en el que se intenta reformar una economía importa tanto como el contenido de las reformas.
Conviene entender bien esta evidencia. No significa que todas las reformas sean impopulares ni que un gobierno deba esperar indefinidamente para actuar. Significa que los incentivos políticos influyen sobre las decisiones económicas. Un gobernante que enfrenta elecciones en pocos meses puede preferir aumentar determinados beneficios, postergar ajustes, mantener subsidios o evitar conflictos con grupos organizados, incluso cuando sabe que esas decisiones comprometen la sostenibilidad fiscal. El problema se agrava cuando las instituciones son débiles y la sociedad tiene poca confianza en las autoridades. En esas condiciones, resulta mucho más difícil convencer a los ciudadanos de aceptar sacrificios presentes a cambio de mejoras futuras.
Las cuatro reformas que no podemos seguir postergando
La primera gran transformación pendiente es la reforma laboral. Venezuela tiene un mercado de trabajo profundamente distorsionado, con salarios muy bajos, elevada informalidad, dificultades para contratar y retener personal calificado, y una legislación que no responde adecuadamente a las características actuales de la economía. El salario mínimo legal perdió prácticamente toda su capacidad de referencia, mientras numerosas empresas han desarrollado mecanismos alternativos de remuneración mediante bonos y otros beneficios que no necesariamente se traducen en prestaciones, cotizaciones o protección social. Esta situación afecta tanto a los trabajadores como a las empresas y al propio Estado, porque limita la construcción de un sistema formal de relaciones laborales.
Una reforma laboral seria tendría que revisar los mecanismos de contratación, los costos no salariales, la estructura de prestaciones, la negociación colectiva y los incentivos para formalizar el empleo. El objetivo no puede ser simplemente abaratar el trabajo, como tampoco resulta viable recuperar el poder adquisitivo mediante decretos salariales desconectados de la productividad y de la capacidad financiera de las empresas. Necesitamos un sistema que permita remuneraciones competitivas, proteja derechos fundamentales y facilite la creación de empleo formal. Pero cualquier modificación de las condiciones laborales genera preocupaciones legítimas entre trabajadores, sindicatos y empleadores. Sin una negociación amplia y mecanismos de protección durante la transición, una reforma de esta naturaleza podría encontrar resistencias importantes.
La segunda transformación es la tributaria. El sistema fiscal venezolano se ha convertido en una estructura compleja, con múltiples tributos nacionales y municipales, impuestos que afectan las transacciones y una elevada presión sobre las empresas formales. La necesidad de obtener ingresos en un contexto de restricciones fiscales ha llevado a privilegiar instrumentos de recaudación inmediata, aunque algunos tengan efectos negativos sobre la inversión, la bancarización, la formalización y la competitividad. El resultado es un sistema que puede resultar costoso para quienes cumplen sus obligaciones, mientras una parte importante de la actividad económica permanece fuera de la base tributaria.
Una reforma tributaria debería simplificar el sistema, evaluar los impuestos para revisar sus tasas o eliminarlos, ampliar la base de contribuyentes y mejorar la administración fiscal. También tendría que revisar las relaciones financieras entre el gobierno central, los estados y los municipios, así como introducir reglas de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Pero aquí aparece un serio problema: reducir impuestos perjudiciales para la actividad económica puede generar pérdidas de recaudación en el corto plazo, mientras los beneficios derivados de una mayor inversión y formalización toman tiempo. ¿Está dispuesto un gobierno con un horizonte político limitado a asumir ese costo fiscal? ¿Existe capacidad institucional para compensarlo mediante una administración tributaria más eficiente y una revisión del gasto? Son preguntas que no pueden responderse únicamente desde la técnica económica.
La tercera reforma tiene que ver con las privatizaciones, las concesiones y el traspaso de activos públicos. Venezuela mantiene una presencia estatal muy extensa en actividades productivas y comerciales, muchas de ellas sin justificación económica clara. Numerosas empresas públicas han acumulado problemas de gestión, deterioro de infraestructura, baja productividad y necesidades de inversión que el Estado difícilmente puede financiar. Mantener esos activos bajo administración pública no garantiza que estén al servicio de los ciudadanos; en algunos casos, significa perpetuar pérdidas, deterioro operativo y oportunidades desaprovechadas.
La participación privada puede contribuir a recuperar activos, introducir capital, tecnología y mejores prácticas de gestión, además de liberar recursos públicos para funciones esenciales. Pero una política de privatizaciones no debería convertirse en una venta apresurada de empresas o activos para obtener ingresos extraordinarios. Requiere inventarios, valoraciones independientes, procesos competitivos, reglas de transparencia, protección de los trabajadores y autoridades regulatorias capaces de evitar que un monopolio público termine convertido en uno privado. También exige seguridad jurídica para los inversionistas y claridad sobre las responsabilidades del Estado. El anuncio reciente de Delcy Rodríguez sobre la posible venta de activos estatales no esenciales apunta hacia esta discusión, aunque todavía es necesario conocer los mecanismos, las condiciones y el alcance efectivo de esas operaciones. Una privatización mal diseñada puede terminar generando nuevos problemas institucionales y una pérdida de confianza difícil de revertir.
La cuarta transformación, probablemente una de las más sensibles desde el punto de vista social, es la reconstrucción del sistema de seguridad social. Venezuela necesita recuperar la capacidad de ofrecer pensiones, protección frente a enfermedades, cobertura por accidentes laborales y mecanismos de apoyo a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Hoy existe una enorme distancia entre las obligaciones formales del Estado y su capacidad real para financiarlas. Las pensiones han perdido poder adquisitivo, los servicios públicos de salud presentan limitaciones severas y buena parte de los hogares debe asumir directamente gastos que en otros países son cubiertos, al menos parcialmente, por sistemas de protección social.
Reconstruir la seguridad social supone definir cómo se financia, quiénes contribuyen, cuáles beneficios pueden garantizarse y qué responsabilidades corresponden al Estado, a los trabajadores y a los empleadores. También obliga a reconocer una realidad incómoda: no es posible prometer prestaciones crecientes sin establecer fuentes de financiamiento sostenibles. La transición demográfica, la informalidad laboral y los bajos salarios complican todavía más esta discusión. Se requiere una combinación de mecanismos contributivos y no contributivos, acompañada de una institucionalidad que administre los recursos con transparencia. Se trata de una reforma de largo plazo que difícilmente puede completarse en un período de transición política.
Las cifras del sistema de pensiones permiten dimensionar todavía mejor la magnitud del problema. Venezuela tiene más de cinco millones de pensionados y jubilados. Las estadísticas oficiales divulgadas durante 2026 han situado esa población incluso por encima de los seis millones de personas, frente a una base de trabajadores formales activos considerablemente menor. Esta relación representa un desequilibrio estructural para cualquier sistema previsional que pretenda financiarse principalmente mediante las contribuciones de los trabajadores. El Estado termina asumiendo una proporción extraordinariamente elevada de las obligaciones, sin contar con una estructura tributaria y productiva suficientemente sólida para sostenerlas. Reformar este sistema exige revisar los mecanismos de financiamiento, ampliar la formalidad laboral y definir una transición que proteja los derechos adquiridos. El problema es que cualquier modificación de las condiciones de jubilación, las contribuciones o los beneficios tiene consecuencias sociales y políticas muy sensibles. Estamos hablando de millones de personas que dependen de estos ingresos para sobrevivir. Por eso, una reforma de esta magnitud necesita acuerdos duraderos, financiamiento y una legitimidad institucional que permita explicar sus costos y garantizar que los sectores más vulnerables no terminen pagando el precio del ajuste.
Estas cuatro reformas están estrechamente relacionadas. No podemos construir un sistema de pensiones sostenible si el empleo formal continúa siendo reducido y las remuneraciones permanecen deprimidas. Tampoco podemos aliviar la presión tributaria sobre las empresas sin revisar simultáneamente el tamaño y la eficiencia del gasto público. Una política de privatizaciones necesita reguladores confiables y un marco laboral que permita gestionar sus efectos sobre los trabajadores. La reforma del Estado debe concebirse como un programa integral, con prioridades, secuencias y mecanismos de compensación. Ejecutar medidas aisladas puede producir resultados parciales, pero también generar contradicciones que terminen debilitando el proceso.
El problema de los incentivos políticos
El economista Dani Rodrik ha insistido en que el desarrollo económico requiere instituciones capaces de gestionar los conflictos distributivos que acompañan los cambios. Una reforma puede mejorar el bienestar agregado de una sociedad y, al mismo tiempo, perjudicar a determinados grupos durante su implementación. El desafío consiste en construir mecanismos que permitan distribuir sus beneficios, compensar a quienes soportan los mayores costos y generar confianza en las reglas que se establecen. Esta reflexión tiene una importancia particular para Venezuela, donde el deterioro de los ingresos y de los servicios públicos ha reducido considerablemente la capacidad de los hogares para absorber nuevos sacrificios económicos.
Pensemos en una familia venezolana cuyos ingresos apenas alcanzan para cubrir alimentación, transporte y algunos gastos de salud. Pedirle que acepte una modificación del sistema de prestaciones laborales, una revisión de subsidios o mayores contribuciones a la seguridad social supone ofrecerle garantías creíbles de que su situación mejorará. No basta con explicar que las reformas permitirán aumentar la productividad o reducir el déficit fiscal dentro de cinco años. Esa familia necesita saber qué ocurrirá con sus ingresos durante los próximos meses. Y aquí encontramos una de las mayores dificultades del proceso venezolano: las reformas requieren confianza, precisamente uno de los recursos institucionales que más hemos perdido.
El Banco Mundial abordó este problema en su Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2017, dedicado a la gobernanza y el Estado de derecho. Su planteamiento central es que la efectividad de las políticas públicas no depende exclusivamente de su calidad técnica. También requiere compromisos creíbles, coordinación entre los actores y cooperación para alcanzar objetivos compartidos. Cuando existen grandes asimetrías de poder, exclusión de determinados sectores o instituciones incapaces de garantizar el cumplimiento de los acuerdos, incluso las políticas bien diseñadas pueden fracasar. Es una advertencia especialmente pertinente para un país donde durante años las decisiones económicas estuvieron marcadas por la discrecionalidad y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
La discusión adquiere otra dimensión cuando incorporamos el horizonte político del gobierno actual. Una administración que enfrenta la posibilidad de elecciones en aproximadamente un año puede tener incentivos para privilegiar resultados visibles e inmediatos sobre transformaciones cuyos beneficios llegarán después. Un aumento salarial financiado mediante recursos extraordinarios, una reducción temporal de determinados impuestos, la transferencia puntual de activos o un programa de subsidios pueden ofrecer alivio en circunstancias específicas. Algunas de estas medidas pueden ser necesarias y perfectamente justificables. El riesgo aparece cuando se presentan como sustitutos de reformas que deberían resolver los problemas de fondo.
Hay que reconocer, además, que un gobierno transitorio no está necesariamente condenado a la inacción. Puede avanzar en la estabilización macroeconómica, recuperar capacidades administrativas, mejorar la transparencia de las cuentas públicas, eliminar regulaciones innecesarias y preparar los estudios técnicos que permitan ejecutar reformas posteriores. También puede promover acuerdos preliminares entre empresarios, trabajadores, universidades y organizaciones sociales. La distinción importante está entre administrar una transición y pretender completar, en medio de ella, una transformación estructural que comprometerá a varias generaciones. La primera tarea puede ser perfectamente compatible con un horizonte político limitado; la segunda necesita una base institucional y un respaldo social mucho más amplios.
Sin legitimidad, las reformas pierden sostenibilidad
Daron Acemoglu y James Robinson han dedicado buena parte de su trabajo a explicar por qué las instituciones políticas condicionan el desarrollo económico. En Por qué fracasan los países, sostienen que la prosperidad de largo plazo depende de instituciones que distribuyan oportunidades, establezcan límites al ejercicio del poder y generen incentivos para invertir e innovar. Su argumento no consiste en negar la importancia de las políticas económicas, sino en reconocer que esas políticas son el resultado de decisiones tomadas dentro de determinadas estructuras de poder.
Esta perspectiva ayuda a entender por qué el problema venezolano es más profundo que la ausencia de un programa económico coherente. Podemos diseñar una excelente reforma tributaria, contratar especialistas para reorganizar las empresas públicas o preparar una nueva legislación laboral. Pero si las instituciones encargadas de aplicar esas decisiones carecen de suficiente credibilidad, si los acuerdos pueden modificarse discrecionalmente o si una parte importante de la sociedad no se siente representada en el proceso, la sostenibilidad de esas reformas estará comprometida desde el comienzo.
La legitimidad democrática tampoco resuelve automáticamente estos problemas. Un gobierno elegido en condiciones competitivas puede cometer errores económicos, adoptar decisiones populistas o fracasar en la ejecución de su programa. La diferencia está en que un proceso electoral con garantías, acompañado de instituciones independientes y mecanismos de control, puede ofrecer una base más sólida para negociar las reformas, distribuir sus costos y exigir responsabilidades por sus resultados. Esa legitimidad debe complementarse con capacidad técnica, acuerdos parlamentarios, transparencia y participación de los sectores afectados.
Por eso considero que la resolución del problema político venezolano tiene consecuencias económicas mucho más profundas de lo que a veces se reconoce. La discusión sobre el calendario electoral, la renovación del Consejo Nacional Electoral, la independencia del sistema judicial y las garantías para la participación política no debería verse como un asunto separado de la recuperación económica. Son elementos que influyen directamente sobre la confianza, las decisiones de inversión y la posibilidad de construir acuerdos duraderos. El debate reciente sobre la renovación institucional y las condiciones para celebrar elecciones confirma que estas cuestiones siguen abiertas.
Existe también una dimensión temporal que no debemos subestimar. Venezuela lleva demasiados años acumulando problemas estructurales. Cada año que pasa sin abordar la sostenibilidad del sistema de pensiones aumenta las dificultades futuras de financiamiento. Cada período de deterioro salarial profundiza la pérdida de talento y debilita la capacidad de las instituciones públicas. Cada inversión que se posterga en infraestructura, educación o servicios esenciales aumenta el costo de recuperación. La postergación de las reformas no significa que sus costos desaparezcan. Significa que terminan acumulándose y, en muchos casos, se vuelven más difíciles de enfrentar.
El riesgo de conformarnos con una recuperación parcial
La economía venezolana puede registrar tasas importantes de crecimiento durante los próximos años sin que eso signifique necesariamente una transformación estructural. Después de una contracción tan profunda, existe espacio para recuperar capacidad instalada, aumentar la producción petrolera, atraer inversiones hacia determinados sectores y mejorar los niveles de consumo. Estos avances serían positivos, especialmente para una población que ha sufrido un deterioro extraordinario de sus condiciones de vida. Pero debemos distinguir entre una recuperación impulsada por condiciones favorables y la construcción de una economía capaz de sostener el crecimiento durante décadas.
La historia económica venezolana ofrece suficientes ejemplos de los riesgos de depender de ingresos extraordinarios para postergar decisiones difíciles. Durante los períodos de bonanza petrolera, el Estado pudo expandir su gasto, financiar subsidios y sostener estructuras que posteriormente resultaron inviables. Cuando los ingresos disminuyeron, quedaron al descubierto las debilidades de un modelo que nunca resolvió adecuadamente su dependencia fiscal del petróleo. Sería un error repetir esa experiencia en un contexto diferente, suponiendo que una nueva etapa de inversiones y mayores ingresos petroleros puede sustituir la necesidad de revisar el funcionamiento del sector público.
El desafío consiste en aprovechar la recuperación económica para crear las condiciones de una transformación institucional, no para postergarla. Los ingresos extraordinarios deberían facilitar la transición hacia un sistema tributario más eficiente, financiar mecanismos de protección social, recuperar infraestructura y fortalecer las capacidades del Estado. También pueden ayudar a compensar los costos iniciales de determinadas reformas. Pero su utilización requiere reglas fiscales claras, presupuestos transparentes y mecanismos de supervisión que reduzcan el riesgo de discrecionalidad.
A estas dificultades debemos añadir una restricción fundamental: Venezuela continúa en default de su deuda externa desde 2017 y no tiene acceso normal a los mercados internacionales de financiamiento. Aunque en mayo de este año el gobierno anunció el inicio formal de un proceso de reestructuración, todavía queda un camino complejo para normalizar las relaciones con los acreedores y recuperar la capacidad de endeudamiento. Se estima que los bonos impagos de la República y PDVSA rondan los 60.000 millones de dólares, mientras que el conjunto de obligaciones, incluyendo intereses acumulados, deudas bilaterales y laudos arbitrales, alcanza cifras considerablemente mayores. Esto tiene implicaciones directas para cualquier programa de reformas. Una transformación del Estado requiere recursos para financiar indemnizaciones laborales, programas de reconversión, mecanismos de protección social y nuevas inversiones públicas. En otros países, estos procesos han contado con apoyo de organismos multilaterales y acceso a financiamiento externo para distribuir los costos de la transición durante varios años. Venezuela enfrenta el desafío adicional de tener que reconstruir su credibilidad financiera mientras intenta reorganizar sus instituciones. Por eso, la reestructuración de la deuda no puede tratarse como un asunto aislado de negociación con los acreedores. Debe formar parte de una estrategia integral de estabilización fiscal, recuperación institucional y reinserción en el sistema financiero internacional. Y, nuevamente, esa estrategia necesita acuerdos políticos y compromisos de largo plazo que difícilmente pueden consolidarse bajo un horizonte gubernamental limitado.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha señalado que los costos de corto plazo de las reformas estructurales pueden debilitar el respaldo político, especialmente cuando se ejecutan en condiciones económicas desfavorables. La disponibilidad de instrumentos fiscales para amortiguar esos costos resulta importante para sostener el apoyo social. En Venezuela, esto supone que la recuperación de los ingresos públicos no debería convertirse únicamente en una oportunidad para aumentar el gasto corriente, sino también en una fuente de financiamiento para una transición económica y social cuidadosamente diseñada.
La urgencia de construir acuerdos
Una transformación del Estado venezolano no puede depender exclusivamente de la voluntad de un presidente o de un pequeño grupo de funcionarios. Necesita involucrar al sector privado, las organizaciones sindicales, las universidades, los especialistas en políticas públicas y las distintas fuerzas políticas. No se trata de exigir unanimidad, algo prácticamente imposible en cualquier sociedad democrática, sino de construir acuerdos mínimos sobre la dirección de las reformas y establecer procedimientos legítimos para resolver las diferencias.
Esos acuerdos deberían comenzar por reconocer que el Estado venezolano necesita recuperar capacidades, pero también redefinir sus responsabilidades. No necesitamos simplemente un Estado más pequeño ni uno más grande. Necesitamos un Estado que pueda financiar de manera sostenible sus obligaciones, prestar servicios de calidad, garantizar derechos, regular adecuadamente los mercados y ofrecer protección a los ciudadanos más vulnerables. La discusión sobre su tamaño carece de sentido si no viene acompañada de una evaluación seria sobre su eficiencia, sus funciones y su capacidad financiera.
La experiencia internacional también demuestra que los acuerdos políticos no sustituyen el trabajo técnico. Una reforma tributaria requiere estimaciones sobre recaudación, incidencia distributiva y efectos sobre la actividad económica. Una reforma laboral necesita evaluar sus consecuencias sobre el empleo, la productividad y los costos empresariales. Las privatizaciones demandan información confiable sobre los activos y mecanismos competitivos de adjudicación. La seguridad social exige estudios actuariales, proyecciones demográficas y compromisos fiscales de largo plazo. Sin esa preparación, incluso un gobierno con legitimidad puede terminar improvisando.
Venezuela debería aprovechar el período actual para avanzar en esos diagnósticos, construir espacios de negociación y definir prioridades. El país no tiene que esperar a resolver todos sus problemas políticos para comenzar a preparar las reformas. Pero tampoco conviene confundir la preparación técnica con la legitimidad necesaria para adoptar decisiones de gran alcance. Los acuerdos que comprometan recursos públicos, derechos laborales y obligaciones fiscales futuras necesitan suficiente respaldo institucional para sobrevivir a los cambios de gobierno.
La posibilidad de celebrar elecciones durante 2027 introduce una oportunidad para discutir estos asuntos con mayor profundidad. Sería deseable que el debate público no se limitara a quién ejercerá el poder, sino que incorporara una discusión seria sobre qué Estado podemos financiar, cómo vamos a recuperar los salarios, qué sistema de pensiones resulta viable y cuál debe ser el papel de la inversión privada. Esas preguntas deberían formar parte de cualquier programa de gobierno que aspire a gestionar la siguiente etapa económica del país.
La economía no puede esperar indefinidamente a la política
La dinámica política actual introduce restricciones importantes a la profundidad y velocidad de las reformas. Un gobierno transitorio puede tener razones para priorizar la estabilidad y evitar decisiones que provoquen conflictos sociales en un momento especialmente delicado. Esa cautela no es necesariamente equivocada. El problema sería convertirla en una justificación para seguir postergando indefinidamente transformaciones que el país necesita desde hace décadas. Las soluciones parciales pueden ganar tiempo, pero no sustituyen un programa integral de reforma del Estado.
Resolver el problema político venezolano, mediante un proceso que permita renovar la legitimidad de las autoridades y fortalecer las instituciones, es una condición importante para ampliar las posibilidades de ejecutar ese programa. No porque las elecciones garanticen buenas políticas económicas, sino porque las reformas profundas necesitan compromisos que trasciendan a un gobierno, mecanismos de rendición de cuentas y una sociedad que pueda participar en las decisiones que afectarán su futuro.
El desafío de Venezuela no consiste únicamente en volver a crecer. Consiste en construir las instituciones que permitan sostener ese crecimiento, distribuir mejor sus beneficios y evitar que una nueva oportunidad económica termine desperdiciándose. Para lograrlo, necesitamos pasar de la administración de la emergencia a una discusión seria sobre el país que queremos construir. Esa discusión exige liderazgo, capacidad técnica y disposición para alcanzar acuerdos que inevitablemente requerirán concesiones de todos los sectores.
La política debería ser el espacio donde esos acuerdos se construyen, no el factor que impide alcanzarlos. Mientras esa contradicción no se resuelva, seguiremos expuestos al riesgo de una recuperación económica con bases institucionales demasiado frágiles. Y después de todo lo que Venezuela ha perdido, conformarnos con una recuperación parcial sería desaprovechar una oportunidad que difícilmente podemos permitirnos perder.
Economista
