El aguijón.
En la Venezuela de este noviembre de 2026 parece haberse instalado una puesta en escena donde las cúpulas celebran acuerdos en salones climatizados mientras el país real sobrevive a oscuras y con los bolsillos vacíos. Bastan las noticias de esta semana para comprobar el abismo entre la narrativa oficial de estabilización y la cotidianidad que padecen millones de ciudadanos, con especial crudeza en los estados andinos.
Por un lado, la diplomacia de alto nivel exhibe cifras millonarias y hojas de ruta. Según reveló The New York Times a partir de una auditoría de la firma KPMG, el gobierno de los Estados Unidos gestionó más de 12.000 millones de dólares provenientes de ventas petroleras venezolanas y devolvió a Venezuela casi la totalidad bajo un esquema de custodia cuyas auditorías son confidenciales, y legisladores demócratas de ese país exigen que se publiquen. Mientras desde el Ejecutivo encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se promete que la reforma de la Ley Eléctrica y la llegada de corporaciones internacionales con músculo financiero y tecnológico resolverán el colapso energético, la realidad en los postes y transformadores desmiente cualquier optimismo.
El balance del tercer trimestre divulgado por Conindustria es elocuente: la industria nacional perdió el 44 % de sus horas laborables debido a las interrupciones eléctricas —un promedio de 231 horas sin suministro—, pero en la región Andina la parálisis alcanzó las 324 horas, encabezando el mapa nacional de apagones. En Táchira, Mérida y Trujillo los cortes de varias horas diarias asfixian el comercio y frenan la producción, y a escala nacional obligan a las empresas que pueden costearlo a destinar, en promedio, más de 34.000 dólares mensuales a la autogeneración. Para los estados fronterizos, que viven del comercio y de la producción local, cada hora sin luz es una hora de economía detenida. La crisis eléctrica avanza, como diría el eslogan oficial, «a paso de vencedores», mientras las soluciones prometidas siguen en el papel. Que la manufactura haya crecido 12,8 % interanual y el PIB 7,42 % en el tercer trimestre, según Conindustria y el BCV, no contradice este cuadro: es un crecimiento que no llega a los hogares ni a los transformadores.
A ese desgaste físico se suma el golpe económico de fin de año. Aunque el Ejecutivo anunció el inicio del desembolso de los aguinaldos del sector público, los cálculos documentados por Bloomberg recuerdan que, con un salario mínimo legal congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, los 120 días de aguinaldo base suman apenas 520 bolívares, lo que alcanza para comprar una bolsa de café y medio cartón de huevos. Es cierto que el Gobierno elevó el ingreso mínimo integral a 240 dólares, pero lo hizo con bonificaciones sin incidencia salarial y no con el salario base, que es el que alimenta aguinaldos, prestaciones y pensiones. La devaluación del bolívar y una inflación anualizada que mediciones como la de Steve Hanke sitúan en 237,7 % al 2 de noviembre —por debajo de los picos de agosto, pero todavía altísima— y que Cedice proyecta por encima del 300 % para el cierre de 2026 han pulverizado el ingreso familiar. No es casual que los gremios universitarios, educativos y de salud hayan convocado un paro nacional de 12 horas para este lunes 16 de noviembre, en demanda de salarios y pensiones dignas, una protesta a la que ya se sumaron 17 sindicatos de la intergremial del Táchira.
En medio de esa emergencia social, el escenario político sigue atrapado en las inercias de la polarización. Mientras las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera abrieron el viernes un cuarto ciclo de diálogo para pasar revista a compromisos incumplidos, el drama de los derechos humanos sigue siendo tratado como ficha de cambio. El Foro Penal contabiliza todavía 321 presos políticos al 9 de noviembre —menos que los 526 de marzo, pero una cifra inaceptable— sometidos a restricciones arbitrarias y visitas limitadas a cuentagotas. A ello se suma una polémica abierta: la periodista Sebastiana Barráez denunció en su canal de YouTube «Sebastiana sin secretos», con difusión también en Instagram y en Globovisión, la inclusión, en una lista opositora de excarcelaciones, de una mujer vinculada a la trama de corrupción PDVSA-Cripto. La denuncia ha abierto un debate en el país y, de confirmarse, evidenciaría fallas de rigor en un tema tan sensible.
Lo más preocupante de este momento es la exclusión sistemática de cualquier voz que no responda a los polos radicalizados. Quienes en Washington, Miraflores o ciertos entornos partidistas parecen haber asegurado sus cuotas de influencia y negocios petroleros dan por descontado que el país aplaudirá cualquier acuerdo cosmético, aun cuando en el propio Congreso estadounidense se reclama transparencia sobre esos fondos, y dejan fuera del debate las propuestas de sectores independientes, gremios y ciudadanos que exigen soluciones reales. Hacen falta cuatro cosas concretas: la publicación íntegra de la auditoría y de cada desembolso de los fondos petroleros; un plan de emergencia eléctrica con cronograma y responsables, empezando por los estados andinos y fronterizos; un ajuste del salario base, y no solo de bonos, que devuelva valor a aguinaldos, prestaciones y pensiones; y una mesa de diálogo abierta a sectores independientes, gremios y sociedad civil. Pero la frustración acumulada no se maquilla con fotografías diplomáticas ni con discursos triunfalistas: si la transición no se traduce en luz en los hogares, respeto irrestricto a los derechos humanos y salarios dignos, el desencanto terminará pasando factura a todos los que hoy juegan a repartirse el tablero a espaldas de la gente.
Secretario Nacional para Asuntos Fronterizos de Soluciones para Venezuela – arturomolina@gmail.com – @jarturomolina1 – www.jarturomolina1.blogspot.com

