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Arturo Molina: La frontera exige respuestas conjuntas

 

El aguijón.

Quien cruza hoy los puentes internacionales que comunican el estado Táchira con Norte de Santander percibe de inmediato una atmósfera cargada de incertidumbre. El zumbido de las plantas eléctricas, el temor ante los recientes hechos de violencia y la asfixia del bolsillo marcan la rutina diaria. Mientras la situación de inseguridad que vive Norte de Santander obliga a encender todas las alarmas, los gobiernos de Caracas y Bogotá, pese a sus anuncios recientes de cooperación, todavía no consiguen articular una respuesta común. La frontera es un espacio social, económico y humano, donde lo que ocurre de un lado repercute de manera inmediata en el otro.

Esta compleja realidad binacional no se resuelve con simples paños de agua tibia. En semanas recientes hemos visto cómo el Ejecutivo colombiano ordenó la militarización temporal de Cúcuta, con la incorporación de 324 efectivos del Ejército y alrededor de 150 policías, mientras el gobierno venezolano anunció la activación de cuatro operaciones militares especiales en los estados Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas. Caracas también manifestó su disposición a coordinar acciones e intercambiar información con Bogotá. Sin embargo, estos anuncios y despliegues todavía no se traducen en una política binacional permanente. Para avanzar en esa dirección se necesita coordinación entre los organismos nacionales responsables de la seguridad, la migración, las aduanas y las relaciones exteriores; las gobernaciones del Táchira y Norte de Santander; y las alcaldías y concejos municipales de ambos lados de la frontera. En el corredor de los principales pasos internacionales deben participar especialmente los municipios Bolívar (San Antonio del Táchira), Pedro María Ureña (Ureña) , Rafael Urdaneta y García de Hevia, en el Táchira, así como Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander, en Norte y Sur de Santander. Pero la coordinación también debe extenderse a otros municipios del entorno y del área de influencia fronteriza, como Junín (Rubio), Capacho Nuevo y Capacho Viejo, sin excluir a otras localidades que mantienen vínculos con esta dinámica. Los gremios productivos, los transportistas, las universidades y las organizaciones sociales también deben tener participación en este proceso. Sin esa coordinación, las medidas corren el riesgo de desplazar los problemas de una orilla a la otra sin atacar sus causas.

A este cuadro de inseguridad se suma el drama humano de los ciudadanos venezolanos expulsados desde Colombia. Entre el 26 de octubre y el 18 de noviembre, más de 360 venezolanos habían sido entregados a las autoridades de nuestro país por la frontera entre Norte de Santander y Táchira. Según estimaciones de funcionarios venezolanos recogidas por medios regionales, cerca del 30 % de estas personas estaría regresando a Colombia pocas horas después de su entrega, a través de los puentes internacionales o de pasos irregulares. Aunque se trata de una estimación y no de una cifra oficial consolidada, el dato revela las limitaciones de unos procedimientos que no resuelven el problema de fondo. La frontera termina convirtiéndose en una puerta giratoria que golpea al trabajador pendular y pone en evidencia la necesidad de establecer mecanismos de atención, orientación y seguimiento a las personas deportadas.

Resulta imposible exigir orden y garantizar condiciones dignas de vida cuando el propio Estado mantiene asfixiada a la región por el colapso de los servicios públicos. En distintos sectores del Táchira, particularmente en municipios fronterizos como Bolívar, sus habitantes han denunciado interrupciones eléctricas que alcanzan entre 15 y 16 horas diarias. La situación golpea directamente la actividad económica. La presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio ha advertido que las empresas de la frontera trabajan apenas al 30 % de su capacidad real. No se puede exigir formalidad ni competitividad en una región sometida a prolongados apagones y a una voracidad tributaria que no toma en cuenta las dificultades de las empresas, obligadas a cumplir sus compromisos fiscales y laborales aun cuando no pueden trabajar con normalidad.

Más grave aún es el desmoronamiento monetario que padece nuestro pueblo. En el Táchira circulan el bolívar, el peso colombiano y el dólar estadounidense, pero no en igualdad de condiciones: el peso colombiano tiene una presencia cada vez mayor en las transacciones cotidianas, mientras el bolívar pierde valor de manera constante. Al 20 de noviembre de 2026, la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela se ubicaba en 919,82 bolívares por dólar. Mientras no se apliquen políticas económicas serias para frenar la inflación, evitar que se siga emitiendo dinero sin respaldo y recuperar el valor del bolívar, el salario del tachirense seguirá perdiendo poder adquisitivo y el comercio formal continuará perdiendo competitividad. Estas distorsiones cambiarias, además, seguirán abriendo espacio a las economías informales.

Frente a esta realidad, la reactivación de las casas de cambio en el eje fronterizo —una demanda que lleva años pendiente— puede ayudar a formalizar el intercambio de monedas y ofrecer referencias más transparentes, pero no representa por sí sola una solución de fondo. En el Táchira sigue sin existir una oferta suficiente de establecimientos que realicen habitualmente operaciones de compra y venta de pesos y bolívares al público. Las casas de cambio no pueden recuperar por sí solas el valor del bolívar, debilitado por los desequilibrios fiscales y la baja productividad de la economía. Sin controles adecuados y transparencia institucional, estas operaciones también corren el riesgo de convertirse en un foco de corrupción, especulación y aprovechamiento indebido de las diferencias cambiarias.

Superar esta crisis exige construir políticas públicas binacionales que respondan a las necesidades reales de la frontera. Se requiere instalar una mesa permanente de seguridad, comercio, movilidad humana y desarrollo, con participación efectiva de las autoridades municipales y regionales, los sectores productivos, las universidades y las organizaciones sociales de ambos países; establecer mecanismos para atender y acompañar a las personas deportadas; ejecutar un plan de emergencia eléctrica que permita recuperar la actividad económica del Táchira; establecer un régimen fiscal fronterizo que permita competir en condiciones más justas y, fundamentalmente, emprender una rectificación económica nacional que rescate el valor del bolívar. Sólo con instituciones sólidas, una moneda sana y cooperación real entre vecinos podremos devolverle la paz, la dignidad y el progreso a nuestra frontera.

Secretario Nacional para Asuntos Fronterizos de Soluciones para Venezuela – jarturomolina@gmail.com – @jarturomolina1- www.jarturomolina1.blogspot.com