El aguijón.
Se presentó el pasado 14 de octubre ante la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto para el año 2027 y, como ya es costumbre entre quienes confunden el Estado con una hacienda particular, el país asiste a un acto de absoluto oscurantismo. Nadie conoce el monto real, nadie sabe de dónde saldrán los recursos y mucho menos hacia dónde se dirige el endeudamiento de la República. Es un secreto guardado bajo siete llaves, aunque todos sospechamos lo que hay detrás. Eso sí: a falta de cuentas claras, sobran las promesas de feria. Nos anuncian que Venezuela nadará en un supuesto boom económico, que vienen cosas buenas y que habrá aumentos trimestrales para los trabajadores vinculados al crecimiento del país. En buen cristiano, no nos hablan de derechos laborales ni de reconstrucción salarial, sino de propaganda populista vestida de limosna trimestral.
Mientras en las alturas del poder se reparten promesas y se mantiene una burocracia partidista, en la tierra firme de las regiones la realidad es otra. Con un retraso que ya es costumbre, la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) envía a los municipios las asignaciones presupuestarias sin explicar bajo qué criterio se calculan. Les exigen austeridad, eficiencia y transparencia a las alcaldías, y les prohíben ingresar el personal necesario para atender las necesidades de las comunidades; pero, al mismo tiempo, según se conoce desde los propios municipios, les eliminan cargos de personal técnico sin consultar a nadie y les quitan competencias y recursos cuando mejor les parece. Para colmo, pasando por encima de la norma establecida, desde hace más de siete años el Ejecutivo nacional retiene el 50 % del presupuesto que las alcaldías deben registrar en la partida 4.01 de gastos de personal y lo ejecutan discrecionalmente a través del mal llamado Sistema Patria, una caja negra de la que nadie rinde cuentas. Lo sabemos porque lo hemos vivido en carne propia.
El resto de los recursos aprobados termina convirtiéndose en sal y agua gracias a la devaluación sistemática que el mismo gobierno aplica. Es una estrategia fría para quebrar a los municipios y destruir la descentralización. Al poder central le molesta, le fastidia profundamente saber que en los espacios municipales todavía existen gerentes, líderes y ciudadanos comprometidos con mejorar la calidad de vida de sus vecinos y con el realce del municipio como la entidad territorial y gubernamental más cercana al ciudadano.
¿Y cuál es la salida que les dejan a las alcaldías? Empujarlas contra la pared para que busquen financiamiento asfixiando al que produce —emprendedores, comerciantes e industriales— con más tasas impositivas de las que ya vienen cancelando. Es la jugada maestra del cinismo: ponen a los alcaldes como verdugos del sector productivo local para que asuman el costo político de su quiebra, mientras en el poder central pretenden que les laven la cara corriendo la arruga. Esa es la política que aplican desde hace más de 27 años para tapar el saqueo sistemático del erario público nacional. Ahí están, como muestra, los más de 20 mil millones de dólares que desaparecieron de PDVSA entre 2020 y 2023, sin contar cuántos millones más se han esfumado. En el complejo mundo de las finanzas públicas el asunto es simple: a quienes gobiernan se les juzga por los hechos.
Cuando un ciudadano o una autoridad reclama o pregunta en qué se invierten los dineros de la nación, la respuesta oscila entre el silencio sepulcral y la bravuconería de quien se cree dueño del dinero de todos. Una respuesta grosera, impertinente y propia de incapaces; de quienes se llenan la boca hablando de moral y transparencia, cuando es lo que menos practican. El deber ser que demanda la Constitución pasa a un segundo plano, aunque cuando les conviene no dudan en sacarla como escudo. Hay que tener la cara muy dura para presentar un panorama de bonanza cuando en nuestros hospitales no hay inyectadoras, ni alcohol, ni una simple gasa.
A este drama se suma el temor creciente de que terminen vaciándose de contenido las prestaciones sociales, las jubilaciones, los aguinaldos y las vacaciones. Quizás ni siquiera necesiten aprobar un decreto formal en el corto plazo: al convertir el salario en bonos sin incidencia legal y desaparecer el seguro de salud de los trabajadores, ya nos están arrebatando el futuro a pedazos.
Hoy asistimos a una paradoja indignante. Mientras desde el exterior se ejerce tutela sobre actores políticos y se pactan negocios multimillonarios con nuestro petróleo, gas, oro y otros minerales estratégicos, estos recursos no pasan por las arcas del Tesoro Nacional. Nos dicen que si el dinero entra al país lo desaparecen; lo cierto es que autoridades del país tutelante expresan que los ingresos petroleros van a cuentas supervisadas por el Tesoro de Estados Unidos, responsables de esas cuentas al ser abordados por legisladores de ese país han dicho que no saben sobre esa materia, nadie explica cuánto regresa, cuándo ni en qué se va a invertir. Acordado o no entre tutelantes y tutelados, el dinero de los venezolanos sigue sin bajar de las alturas, mientras abajo los maestros, médicos, obreros y empleados públicos y privados reclaman un salario que les permita vivir con dignidad.
La justicia, entretanto, sigue rota. Según han expresado periodistas y analistas políticos, hay personas señaladas de corrupción que cumplen su detención en condiciones privilegiadas, mientras otras viajan cómodamente por el mundo, logran jugosos contratos y hacen de portavoces de quienes ayer decían adversar. Y mientras algunos facturan en nombre de la crisis, nuestras cárceles siguen teniendo presos políticos, ciudadanos privados de libertad por el único delito de pensar distinto o alzar la voz frente al atropello. Desnudar esta farsa no es un ejercicio de pesimismo; es el deber moral de un país que se niega a aceptar que le cambien sus derechos constitucionales por migajas y silencio.
Secretario Nacional para Asuntos Fronterizos de Soluciones para Venezuela -jarturomlina@gmail.com – @jarturomolina1 – www.jarturomolina1.blogspot.com
