Cincuenta y dos aumentos del salario mínimo por decreto en veintitrés años. Sobre el papel, la cifra sugiere un blindaje absoluto y una conquista permanente para el trabajador venezolano. Sin embargo, en la caja del supermercado, la farmacia o el comercio informal, la realidad es implacable: tras una hiperinflación histórica, la eliminación de catorce ceros a la moneda y múltiples promesas fallidas —como el anclaje al Petro o la fijación de un ingreso base de 300 dólares—, el salario mínimo quedó pulverizado en 130 bolívares mensuales, desde hace 4 años. Lo que alguna vez equivale a 30 dólares hoy representa apenas catorce centavos (USD 0,13), según el BCV, con tendencia a desaparecer si no se corrige el rumbo económico.
Esta paradoja no es un simple accidente, sino el resultado de un modelo rentista sumado a un proyecto anacrónico y fundamentado en una arquitectura legal que, bajo la premisa de defender a la clase obrera, terminó por destruir el valor del trabajo. El colapso de la industria petrolera tras el despido masivo de más de 20.000 trabajadores en PDVSA, la contracción del 75 % del Producto Interno Bruto (PIB) y el debilitamiento sistemático del sector privado dejaron a un Estado sobredimensionado pero incapaz de sostener ingresos dignos.
Para maquillar esta caída, el Ejecutivo optó por bonificar el ingreso mediante esquemas como el Bono de Guerra Económica y subsidios que funcionan precariamente en una economía artificial. Aunque estos pagos permiten cubrir compras básicas inmediatas —de forma similar a una tarjeta de regalo—, carecen de incidencia salarial. Al no formar parte del sueldo base, evaporan el cálculo de vacaciones, horas extras, utilidades y jubilaciones, anulando en la práctica las convenciones colectivas. La ironía histórica es evidente: el mismo mecanismo de bonificación que Hugo Chávez criticó en 1997 por considerarlo lesivo para los trabajadores se convirtió en la política oficial aplicada a través de la ONAPRE.
Ante este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿por qué la empresa privada no eleva de forma generalizada los sueldos base? La respuesta se encuentra en las rigideces de la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT) de 2012. Aunque la norma contempla avances en materia de permisos parentales y descanso, sus artículos 104 y 142 establecen la retroactividad de las prestaciones sociales calculadas con base en el último salario devengado. En un entorno inflacionario y sin acceso al crédito bancario, aumentar el salario base equivale a asumir un pasivo retroactivo impagable que compromete la viabilidad financiera de cualquier compañía. A ello se suma la inamovilidad laboral: tramitar un despido justificado puede tardar hasta tres años en las inspectorías del trabajo, lo que obliga a las empresas a negociar costosos paquetes de retiro y desincentiva la contratación formal. Como resultado, cerca del 70 % de la masa laboral opera en la informalidad, depende de las remesas, sí tiene quien se las envié, del multiempleo.
Cuando el trabajador busca amparo institucional, enfrenta un conflicto estructural: el Estado actúa simultáneamente como mayor empleador y como árbitro laboral. Instrumentos como el Memorándum 2792 dejaron sin efecto los contratos colectivos vigentes, mientras que decisiones judiciales —como el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que declaró “jurídicamente inexistente” el instructivo de la ONAPRE ante los reclamos del sector docente— cerraron las vías de todo reclamo efectivo. Esta ausencia de diálogo tripartito y la injerencia en la autonomía sindical han sido documentadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante el señalamiento de incumplimientos a los convenios 26, 87 y 144.
Las consecuencias de este entramado trascienden lo contable y se expresan en una profunda crisis demográfica y social. Más de siete millones de venezolanos emigraron en busca de oportunidades donde su esfuerzo tuviera valor, entre ellos alrededor de 44.000 médicos y miles de profesionales formados en universidades públicas del país. Esta pérdida de capital humano, sumada a la fragilidad institucional, desembocó en la intervención externa de enero de 2026 que resolvió sólo una parte del problema y se cobró el favor con los recursos estratégicos de la nación, evidenciando el alto costo de postergar las reformas de fondo que el país requería.
Como ha advertido el especialista León Arismendi, con los salarios más bajos de la región, insuficientes desde cualquier perspectiva razonable, colocan a Venezuela en un disparadero social. Sin devolverle valor real al trabajo y lograr la recuperación de la institucionalidad democrática no habrá recuperación económica y social posible. La experiencia venezolana deja una lección clara: existe una línea delgada en la que una legislación laboral deja de proteger al trabajador y se convierte en una barrera que lo empuja hacia la informalidad o al exilio. Superar este estancamiento exige asumir responsabilidades históricas y reformar las reglas del juego para que el salario vuelva a ser sinónimo de dignidad y progreso y el contexto jurídico se adecue a los cambios que requiere el país.
Ángel Cacique – caciquecatia@gmail.com – @angelcacique

