El paro nacional de 12 horas convocado el pasado lunes 16 de noviembre por más de 120 organizaciones gremiales expone con nitidez la correlación de fuerzas que define hoy la conflictividad laboral y política en Venezuela. La jornada confirma una paradoja recurrente en la dinámica de poder local: una elevada capacidad de movilización en los distintos sectores sociales esenciales que, lamentablemente, no se traduce automáticamente en la fuerza política necesaria para doblegar una agenda económica del Ejecutivo apoyada y tutelada por la administración norteamericana.
En el plano territorial y simbólico, los indicadores de la protesta reflejan un desgaste palpable en la base social del Estado y corroboran el amplio rechazo político a la actual gestión, registrado en la mayoría de los estudios de opinión. El despliegue de 54 manifestaciones simultáneas en 22 de las 24 entidades federativas, sumado a un acatamiento del 80% en los sectores de educación y salud —con la paralización total de universidades emblemáticas como la UCV y la USB—, evidencia una articulación intersectorial poco frecuente que reunió a trabajadores activos, jubilados, pensionados y militares en retiro. Además, la decisión del personal sanitario de resguardar estrictamente las áreas de emergencia y cuidados intensivos blindó la legitimidad ética de la convocatoria y proyectó el reclamo ante relatorías de la ONU sin dar flancos para la descalificación oficial.
Sin embargo, en términos estrictamente políticos, la eficacia de una medida de fuerza se mide por su capacidad para alterar el funcionamiento cotidiano del país y elevar el costo de la inacción gubernamental. Allí radicó el principal límite estratégico de este cuarto paro del año. Mientras las aulas y los ambulatorios cerraban, el Metro de Caracas operó con normalidad. Por su parte, las líneas privadas de transporte público —a pesar de sus permanentes exigencias de aumentos de tarifas e indexación de costos— no se comprometen con acciones que impliquen la mejora de la capacidad adquisitiva de sus usuarios y cubrieron sus rutas con sus viejas y destartaladas unidades.
Asimismo, el sector comercial mantuvo sus puertas abiertas y los sectores empresariales parecieran estar muy comprometidos con el desarrollo de las políticas gubernamentales, obviamente exitosas y beneficiosas para algunos de ellos. Tener los salarios e ingresos más bajos de la región y la anulación de las conquistas laborales y sociales siempre favorecen a los sectores mercantilistas y poco competitivos. A ello se suma la ausencia de democracia sindical —con la imposibilidad de renovar democráticamente el liderazgo gremial— y el control que el partido-Estado (PSUV) ejerce sobre su base clientelar sindical, actuando como freno de cualquier reclamo social.
Sin parálisis en la movilidad urbana ni en el intercambio comercial, bancario e industrial —a pesar de su drástica reducción operativa—, la presión callejera quedó encapsulada en los servicios públicos. A esta restricción estructural se sumaron factores políticos determinantes: la fractura interna evidenciada por la ausencia formal de la Federación Médica Venezolana, que alegó falta de consulta previa; el peso de la coacción institucional sobre una nómina pública vulnerada por el temor a despidos o suspensiones salariales; y la no liberación de los presos políticos, que parece indicar que el aparato policial, judicial y represivo permanece intacto.
Frente a este escenario, la respuesta del Ejecutivo —cuya estrategia económica lidera la vicepresidenta Delcy Rodríguez, por supuesto con la complacencia de Marco Rubio— responde a un cálculo de gobernabilidad centrado en una supuesta estabilidad macroeconómica por la vía del control (ONAPRE). Se trata de un ajuste regresivo que corre, contradictoriamente, en paralelo con el funcionamiento ininterrumpido de la maquinita de generación de dinero inorgánico y la limitación de todos los gastos, salvo los propios de un Estado que ha resultado ineficiente, dispendioso y plutocrático. Antes que generar espacios de consenso, prevalece la cerrazón oficial, tal como lo comprueban las trabas en la negociación sindical tripartita con la participación de la OIT.
Para el Gobierno, ceder ante exigencias estructurales como la restitución del salario base con incidencia en prestaciones sociales o el pago de aguinaldos de $960 implicaría comprometer el gasto público y desatar una expansión monetaria que pondría en riesgo la contención inflacionaria. Por ello, su apuesta política apunta a administrar el descontento mediante bonificaciones extraordinarias vía Sistema Patria o ajustes puntuales, postergando cualquier revisión salarial hasta la superación de los procesos electorales previstos para 2027.
En última instancia, el 16 de noviembre deja abiertos dos frentes de incertidumbre política. El Gobierno apuesta al desgaste y al control represivo de la protesta mediante el silencio institucional y el alivio financiero discrecional, pero asume el riesgo de empujar a los gremios hacia una escalada que ya contempla un paro de 24 horas y una marcha a Miraflores. Por su parte, la dirigencia sindical enfrenta el reto de recomponer su unidad interna, articularse con otros sectores sociales e incorporar a los operadores privados del transporte y al sector productivo empresarial, a fin de convertir sus reclamos en peso político real y lograr modificaciones sustanciales y consensuadas de unas políticas económicas que, a todas luces, han resultado nocivas para amplios sectores de la población venezolana.
Ángel Cacique. 0424-168.53.07 – caciquecatia@gmail.com – @angelcacique+

