El pasado miércoles 14 de octubre, en su participación en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) efectuada en Bangkok, el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas de Venezuela, Calixto Ortega, esbozó la ruta y prioridades económicas del gobierno de Delcy Rodríguez.
En ese sentido, calificó el retorno del país a ese foro como una “victoria de la diplomacia bolivariana de paz”; reafirmó la estrategia petrolera orientada a retomar los niveles de producción de 2012; y mencionó acuerdos con productores de oro a fin de robustecer las reservas del Banco Central (BCV).
En materia de estabilidad de precios, el alto funcionario dijo que el Gobierno aspira a reducir la inflación a dos dígitos “más pronto que tarde” (sooner rather than later), y que se pretende establecer, a mediano plazo, un marco de política monetaria con objetivos explícitos de inflación, pero no precisó cuándo se alcanzaría esa meta. En ese sentido, admitió la necesidad de adelantar reformas institucionales en el BCV, pero no especificó cuáles.
Eso sí, ratificó lo dicho por Delcy Rodríguez en su reciente discurso en la Asamblea Anual de Fedecámaras, donde descartó de plano la dolarización formal de la economía y defendió la recuperación del bolívar como moneda para las transacciones internas.
Es decir, reducir la tasa de inflación y buscar la estabilidad de precios no se encuentra entre las prioridades del gobierno interino.
Las estimaciones de FMI
Sin embargo, el FMI estima que la inflación venezolana cerrará 2026 en un demoledor 467,9 %, la más alta del mundo, y considera el elevado y persistente crecimiento de los precios en bolívares como uno de los principales obstáculos para la recuperación del país.
En las proyecciones del organismo, la inflación media prevista para Venezuela este año será más de cinco veces la de Sudán (75,1 %) e Irán (68,9 %), el segundo y tercer país, respectivamente, que siguen en esa clasificación internacional.
Pero más allá de las cifras, lo cierto del caso es que para el venezolano de a pie (el que vive y padece dentro del país), la inflación, los bajos salarios y el costo de la vida (las tres caras del mismo mal) se encuentran entre los problemas más urgentes. Según los estudios de opinión pública más recientes, incluso por encima de los constantes cortes en el suministro eléctrico.
Esto no debería extrañar. La inflación es dañina para una sociedad porque no se limita a encarecer los productos. Cuando se mantiene elevada durante mucho tiempo, altera la distribución de los ingresos y de la riqueza, reduce la capacidad de las familias para planificar su futuro, deteriora la confianza en la moneda y es una fuente persistente de desigualdad y de potencial conflicto social.
Si los precios aumentan más rápido que los ingresos, una familia comprará menos alimentos, medicinas, transporte y otros bienes, aunque siga cobrando exactamente el mismo salario.
Fenómeno que no afecta a todos por igual
Lo más pernicioso de la inflación es que no afecta a todos por igual. Aun cuando los precios suban para todos, siempre perjudica más a quienes tienen menos ingresos, dependen de un salario o una pensión y carecen de ahorros o activos que les permitan protegerse de la pérdida de poder adquisitivo. En la práctica, es una transferencia masiva de riqueza de los más pobres hacia las rentas más altas.
Una inflación crónica (como la que ha afectado a Venezuela por más de cuatro décadas) es un mecanismo persistente de empobrecimiento. Un mal que persistió y se alimentó durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez y que, bajo Nicolás Maduro, se transformó en hiperinflación, siendo este, hasta ahora, el único caso ocurrido en un exportador importante de petróleo y uno de los procesos más destructivos a nivel global por su combinación de alta intensidad y duración (cinco años completos, noviembre de 2016-diciembre de 2021). Se destruyeron tres signos monetarios (el cuarto va en proceso) y se eliminaron 14 ceros de la moneda. Otros de los récords establecidos por el chavismo.
Como no podía ser de otra manera, el fenómeno provocó la pérdida total del valor de la moneda local y del poder adquisitivo de la población; eso, pese a que Maduro ha sido el gobernante venezolano que más incrementos de salarios ha decretado en la historia del país: 50 en total, entre 4 y 6 aumentos por año.
Las consecuencias difícilmente podrían ser más dramáticas: la pobreza total de ingresos llegó a rozar el 94,5 % de los hogares en 2021, y la pobreza extrema (el hambre) escaló drásticamente hasta el 76,6 %. En términos llanos, 3 de cada 4 venezolanos no ganaban lo suficiente para comer adecuadamente, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI).
La imposibilidad de cubrir necesidades básicas empujó a más de 8 millones de venezolanos a emigrar, y la brecha social creció drásticamente, consolidando una profunda disparidad entre una minoría con acceso a divisas y una gran mayoría dependiente de sueldos locales o bonos estatales de bajo valor.
Leve repunte
A partir de la flexibilización de controles económicos, la dolarización informal y un modesto repunte comercial, posteriores a la pandemia de 2020, los niveles de pobreza monetaria han experimentado una reducción en comparación con los peores años, estabilizándose en niveles estructuralmente altos: 7 de cada 10 familias permanecen bajo la línea de pobreza.
Tras un período de relativa estabilización inicial en los años 2022-2024 (pero siempre en tres dígitos la inflación anualizada), siguió el agresivo repunte inflacionario que se presenta hasta hoy. La estrategia de mantener el dólar congelado se volvió insostenible por la presión de Maduro de incrementar el gasto público a fin de mejorar su opción electoral en 2024.
De allá para acá hemos tenido una inflación estimada en el 475,3 % en 2025 y, según el FMI, en el 465,6 % anualizado en este 2026.
A pesar de una leve desaceleración en el indicador intermensual de septiembre (que bajó al 8,4 %), los indicadores macroeconómicos exponen una situación crítica.
No obstante, el gobierno interino (el chavismo en esta tercera etapa) parece sentirse cómodo con esta situación. Al menos, no hay premura alguna por remediarla.
El panorama actual
En resumidas cuentas, no hay ni se le espera un plan económico integral de estabilización y crecimiento económico que recupere el ingreso real de los trabajadores y relance a Venezuela.
El modelo es este: una economía mediocre, con millones de venezolanos sobreviviendo, mientras se hacen concesiones de recursos naturales a dedo que aseguren la continuidad del grupo que controla el Estado, acompañado de aperturas puntuales a la inversión privada. Una estrategia de supervivencia política y financiera de carácter gradualista.
En lugar de atacar las causas profundas de la inflación (como la emisión monetaria y el déficit fiscal), el gobierno sigue apostando a inyectar divisas provenientes de la venta petrolera y de PDVSA para contener artificialmente el dólar oficial. La continuidad del control político por encima de todo, mediante una aparente normalización económica.
Ni estabilización ni recuperación.
@Pedrobenitezf
