Donald Trump cambió el curso de la guerra en apenas diez días. Tras renunciar a su papel de mediador, pasó a empujar a Ucrania hacia una rendición: le exige aceptar una tregua en los términos que reclama Vladímir Putin mientras Kyiv enfrenta, casi en soledad, a Rusia y a una Casa Blanca que actúa en la misma dirección. Y lo hace justo cuando Moscú atraviesa un momento militar y económico crítico.
La secuencia comenzó el 9 de octubre, con una llamada telefónica que reveló The Wall Street Journal. Según esas fuentes, Putin propuso a Trump organizar en noviembre una cumbre junto con el líder chino Xi Jinping para negociar el fin de la guerra en condiciones favorables a Moscú.
Volodímir Zelensky quedó excluido de esa negociación, igual que los mandatarios europeos. Mientras el Kremlin intensificaba sus acciones híbridas contra los socios europeos de la OTAN, Trump decidió discutir la seguridad de Ucrania y de Europa con dos potencias que la alianza occidental considera adversarias. Esa decisión define por sí sola la nueva orientación de la política exterior estadounidense.
Ese mismo día anunció un acuerdo para que Rusia suministrara diésel a los mercados estadounidense y mundial. Al día siguiente, 10 de octubre, arremetió contra Zelensky: pidió a los ucranianos que lo reemplazaran y exigió el cese inmediato de los ataques con drones contra las refinerías rusas.
La presión pasó rápido del plano político al táctico. El 11 de octubre, Trump anunció por Truth Social, de manera unilateral, un “alto el fuego energético” con efecto inmediato. Ni Moscú ni Kyiv lo habían confirmado. Según Zelensky y el sitio oficial de la Presidencia ucraniana, Kyiv suspendió durante tres días sus incursiones contra las refinerías. Rusia, en cambio, siguió golpeando las instalaciones energéticas ucranianas: hacia el 18 de octubre, Zelensky contabilizaba 76 ataques deliberados contra los sectores energético, petrolero y gasífero de su país desde el anuncio.
La Casa Blanca concentró sus exigencias en Kyiv y no ejerció una presión pública equivalente sobre Moscú. Cuando Ucrania anunció que reanudaría sus operaciones ante la continuidad de los bombardeos, el Financial Times informó que Washington había amenazado con suspender el intercambio de inteligencia y cerrar el mecanismo PURL si Kyiv no detenía los ataques contra instalaciones energéticas rusas. Tampoco hubo entonces una condena comparable por los ataques rusos contra objetivos civiles.
Entre el 12 y el 14 de octubre, funcionarios ucranianos denunciaron fallas en las alertas tempranas estadounidenses sobre lanzamientos de misiles balísticos rusos. Informaron además restricciones en Starshield, la versión militar de la red satelital de SpaceX, que obligaron a cancelar algunas misiones. Elon Musk confirmó en X que el sistema está bajo control del gobierno de Estados Unidos y que sus límites los decide el Ejército y, en última instancia, el presidente. Una fuente del Ministerio de Defensa ucraniano dijo a CNN que las operaciones se habían reanudado, aunque todavía no a los niveles previos.
El impacto fue enorme. Las alertas de misiles balísticos son esenciales para activar las defensas y avisar a la población, y la limitación de Starshield afectó a drones de ataque e interceptores. Zelensky informó el 14 de octubre, según Reuters, que los ataques contra la infraestructura energética habían dejado a unas 600.000 personas sin electricidad. Según las fuentes públicas consultadas, durante el lapso sin alertas murieron 13 civiles y hubo entre 70 y 85 heridos. El domingo 18, una fuente ucraniana dijo a CNN que era la tercera vez en una semana que no sonaba la alarma antes de un ataque balístico contra Kyiv.
Lejos de corregir el rumbo, el discurso de Washington se volvió categórico. El 15 de octubre, Trump calificó de “vergüenza” la reanudación de los ataques ucranianos contra refinerías rusas y, en una entrevista con Newsmax, dijo que Zelensky era difícil de tratar y que no quería un acuerdo. No mencionó que Putin ya había rechazado en los hechos esa misma tregua al seguir atacando estaciones de energía ucranianas.
El 16 de octubre firmó una orden para eximir a Rusia de las nuevas sanciones previstas en la ley que lleva el nombre del fallecido senador Lindsey Graham. Fue la ley que el propio Trump había promulgado el 19 de septiembre, con un primer plazo obligatorio que vencía el 18 de octubre. Ese mismo día justificó su resistencia a castigar a Moscú con el argumento de que no quería alejarlo de la mesa de negociaciones, según su publicación en Truth Social. Volvió a acusar a Zelensky de no querer terminar la guerra y de encarecer la gasolina de los estadounidenses.
La decisión chocó con el Congreso. Doce senadores de ambos partidos habían calificado el acuerdo del diésel como una traición al pueblo ucraniano, y veintidós diputados le exigieron aplicar las sanciones sin demora. El 18 de octubre, cuando Ucrania golpeó una terminal petrolera en San Petersburgo, Trump volvió a descargarse contra Zelensky, no contra Moscú.
En esos días, Trump construyó un relato en el que Ucrania es el adversario intransigente de sus propuestas de paz y Rusia, un socio dispuesto a hacer concesiones razonables. Es un relato maniqueo, como prueban las críticas dentro y fuera de Washington, pero produjo un cambio real en el frente militar y diplomático.
¿Por qué Ucrania se resiste a aceptar la propuesta? El castigo ruso le da razones de peso, más aún cuando el propio Zelensky admitió en Meet the Press, de NBC News, que Ucrania “no va a prevalecer” si debe enfrentar a Washington y Moscú aliados en su contra.
La respuesta está en las condiciones maximalistas que el Kremlin busca imponer a través de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Según informes diplomáticos citados por The Wall Street Journal, Putin exige la cesión total del Donbás y de las regiones de Zaporiyia y Jersón, incluso de áreas que sus tropas no lograron ocupar y donde viven más de un millón de ucranianos.
Para Kyiv es una imposibilidad constitucional y política. Según el texto oficial publicado por la Rada Suprema, el artículo 2 de la Constitución declara el territorio “indivisible e inviolable”. El artículo 73 exige un referéndum nacional para cualquier alteración territorial. El artículo 157 prohíbe reformar la Carta Magna mientras rija la ley marcial.
Conviene entender ese muro legal porque el Kremlin impulsa una campaña para instalar la idea de que ceder territorio es la única salida. Es un argumento que Moscú repite desde 2014, cuando anexó Crimea, y que nunca resultó ser el epílogo prometido.
Además, si a los ucranianos se les plantea ceder territorio sin garantías de seguridad concretas de Estados Unidos, el rechazo a cualquier acuerdo de paz llega al 74% o 75%, según una medición del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS) de comienzos de este mes. Trump solo ofrece vender armas. No promete ir más allá en caso de una tercera invasión ni respalda el ingreso de Ucrania a la OTAN, que le daría una garantía colectiva.
La presión se agrava con las condiciones económicas que Washington impone a cambio de mantener la asistencia. El memorándum de 58 páginas que reveló CNN en febrero otorga a perpetuidad la explotación de tierras raras, petróleo y gas a un consorcio controlado por directores estadounidenses, con poder de veto sobre obras públicas e infraestructura y control sobre la mitad de las utilidades. Ucrania quedaría así amenazada desde el este y tutelada desde dentro por Estados Unidos.
También aquí aparece el obstáculo constitucional. El artículo 13 establece que los recursos minerales y naturales dentro del territorio ucraniano son propiedad del pueblo, y que los órganos del Estado ejercen esos derechos en su nombre. Aceptar las condiciones de Trump exigiría reformar la Constitución, algo que el artículo 157 impide mientras dure la ley marcial.
A esa imposibilidad legal se suma el antecedente del incumplimiento sistemático de Moscú. El Kremlin firmó y violó los Acuerdos de Minsk de 2014 y 2015. Congelar el conflicto sin garantías sólidas de seguridad equivaldría a darle a Rusia una pausa operativa para rearmarse y planificar una nueva fase de la invasión.
Al mismo tiempo, la capacidad de presión de la Casa Blanca se erosiona a medida que Ucrania europeíza su defensa y fabrica más armas propias. Según estimaciones del Kiel Institute y el Ministerio de Defensa de Ucrania la industria local ya produce el 82% de las capacidades letales del frente y el 91,2% de los nuevos sistemas incorporados, como municiones, blindados ligeros y drones.
Europa, además, pasó a pagar la guerra. El Ukraine Support Loan, el préstamo de 90.000 millones de euros aprobado por la UE para 2026 y 2027, reserva 60.000 millones para fortalecer la defensa ucraniana, con compras que en principio deben hacerse a la industria ucraniana, europea o del Espacio Económico Europeo. Solo en mayo y junio, según el Kiel Institute, las instituciones europeas asignaron casi 11.000 millones de euros, en su mayoría a través de ese préstamo. A eso se suman los compromisos de Alemania, Noruega y Suecia, que suman 38.000 millones de dólares en 2026. Con ese dinero se pagan la artillería pesada y los blindados de fabricación europea, como los obuses alemanes PzH 2000 y RCH-155 o los Caesar franceses.
Lo que Europa todavía no produce a escala es defensa antiaérea de alta gama. Para eso existe PURL, el mecanismo por el cual los aliados europeos pagan armas estadounidenses, y ahí Washington conserva el control. El propio Kiel advierte que Europa sigue dependiendo en gran medida de las armas de Estados Unidos en esos rubros.
Esa evolución redujo la dependencia de Kyiv en lo que dispara, pero no en lo que le permite defenderse y ver el campo de batalla: las alertas de misiles, la inteligencia y la defensa antiaérea siguen en manos de Washington. Quizá por eso Washington ensaya ahora presiones más drásticas, como cortar inteligencia para la alerta temprana.
La brecha entre los aliados transatlánticos se profundiza. Según el Ukraine Support Tracker del Instituto de Kiel, que contabiliza la ayuda militar, financiera y humanitaria de los gobiernos, Europa compensó casi por completo en 2025 el desplome de la asistencia estadounidense. La ayuda militar europea subió un 67% y la financiera y humanitaria un 59% respecto del promedio anual de 2022-2024, mientras que la de Estados Unidos cayó un 99%. Las cifras y los gestos evidencian una fractura creciente dentro de la Alianza Atlántica, con negociaciones unilaterales a espaldas de los socios europeos.
Queda entonces una pregunta incómoda: ¿intenta Trump rescatar a Putin en un momento de debilidad estratégica? La duda es válida, porque pese a la retórica del Kremlin los avances rusos son lentos y costosos. Las estimaciones occidentales y ucranianas sitúan en 1,2 millones el total acumulado de soldados rusos muertos y heridos.
Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), en septiembre las fuerzas rusas sufrieron una pérdida neta de 80,81 kilómetros cuadrados, es decir, Ucrania recuperó más territorio del que perdió. No es el mes ideal para sostener que Ucrania está derrotada y lista para claudicar.
La economía rusa tampoco está en su mejor momenti. La Agencia Internacional de Energía informó en septiembre que el procesamiento de crudo en las refinerías rusas había caído cerca de un 30% interanual en junio, y que la producción de gasolina y diésel bajó alrededor de un 20% y un 30%, respectivamente, por la intensificación de los ataques ucranianos. El déficit fiscal acumulado llegó a 5,2 billones de rublos (unos 61.000 millones de dólares) al cierre del tercer trimestre, un 37% por encima del plan anual. La inflación saltó al 7,1% anual a principios de octubre, por encima del techo del 6-7% del Banco Central, y el FMI recortó a 0,9% su pronóstico de crecimiento.
Trump podría explotar esas debilidades con facilidad si quisiera un alto el fuego verdadero. En cambio, al aliviar las sanciones, ayuda a Moscú a paliarlas.
Y si usa como excusa que Zelensky no cede a su extorsión, la ayuda a Putin se ampliará con negocios bilaterales multimillonarios. Kirill Dmitriev, jefe de las inversiones externas rusas, ya los estimó en 12 billones de dólares. Con ese flujo de dinero y una alianza consolidada con Estados Unidos, Putin tendría recursos de sobra para reconstruir su aparato militar y volver sobre lo que no logró tomar en 2022. Incluso podría ir más lejos, porque la alianza militar de la OTAN quedaría destrozada.
En ese contexto de estancamiento ruso y mayor resistencia ucraniana, las restricciones de inteligencia y la ola de presiones de Washington entre el 9 y el 18 de octubre pueden leerse no como una mediación neutral, sino como un respaldo político y operativo a Moscú en el momento exacto en que Putin necesita auxilio.
Trump lleva ahora su giro prorruso al extremo: quiere controlar los recursos y el territorio ucranianos, ignora las imposibilidades constitucionales y castiga a una sola de las partes por no obedecer. Ahí está lo más perverso de la situación. Aun queriendo complacerlo, Ucrania no podría hacerlo sin romper la legalidad que daría validez a lo que le piden firmar.
Y ahora pretende decidir qué presidente ucraniano puede quedarse en el cargo. No entendió el Euromaidán de 2014, cuando los ucranianos le dijeron a Putin que esa decisión no se toma desde afuera al derrocar a Víktor Yanukóvich. La lección de la historia es clara y va más allá de lo que decida Zelensky u otro en su lugar.
Las urgencias de Trump pusieron a Ucrania en una desventaja crítica. Es un dos contra uno: Kyiv pelea sola contra su rival, y quien debía ser el árbitro juega para el otro lado. Es cierto que la administración anterior favoreció a Ucrania, pero respondía a una lógica comprensible: asistir al país invadido por una potencia que había incumplido las garantías que le dio en 1994. Trump le dio vuelta a esa postura en apenas diez días.
El final no está escrito, pero ya se adivina lo que la historia podría terminar registrando como una infamia.
