La soberanía es el poder originario del pueblo para decidir su destino. No es una concesión de los gobernantes, una propiedad de los partidos políticos ni mucho menos una facultad que pueda administrarse desde las oficinas de una potencia extranjera. Es la expresión más profunda de la libertad colectiva, el derecho de una sociedad a equivocarse, a rectificar sus errores y a escoger, sin tutelas ni imposiciones, a quienes habrán de conducirla. El artículo 5 de nuestra Constitución establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce directamente y, de manera indirecta, mediante el sufragio. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esa voluntad se expresa, pero quienes controlan el poder impiden que produzca sus consecuencias? Allí comienza lo que pudiéramos denominar el bloqueo de la soberanía, una categoría política y constitucional que propongo para explicar la neutralización de la voluntad popular mediante decisiones institucionales, intereses económicos, imposiciones extranjeras o acuerdos entre élites que terminan sustituyendo al verdadero titular del poder, que es el ciudadano.
Venezuela conoce demasiado bien esa tragedia. La soberanía no comenzó a desdibujarse el 3 de enero de 2026, ni puede afirmarse que hubiera desaparecido porque una estructura autoritaria consiguiera secuestrar sus instituciones. El pueblo continuó ejerciéndola, incluso en las circunstancias más adversas. Lo hizo el 16 de julio de 2017, cuando millones de venezolanos participaron en una consulta popular de profundo significado constitucional, que contó fundamentalmente con la protección de aquella fracción parlamentaria denominada 16 de Julio cuando la adversidad y los intereses tocó la puerta de la legitimidad y volvió a hacerlo el 28 de julio de 2024, cuando expresó su voluntad de cambio mediante el respaldo electoral a Edmundo González Urrutia. Son acontecimientos distintos, pero unidos por una misma tragedia que se dibuja en vidas humanas que miden la distancia entre la expresión de la soberanía y su realización efectiva. Porque votar no puede convertirse en un ejercicio ceremonial, ni la manifestación de la voluntad popular puede quedar reducida a una fotografía histórica que los dirigentes exhiben mientras otros deciden qué hacer con ella.
Hay un episodio de nuestra historia reciente sobre el cual tendremos que volver, inevitablemente, con la severidad que exige la memoria y la rudeza de la pluma de la historia. Me refiero a la consulta del 16 de julio de 2017 y a la posterior designación, el 21 de julio, de 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional. Aquella decisión representaba un esfuerzo por recuperar la independencia judicial y responder institucionalmente a la fractura constitucional venezolana. Sin embargo, quienes recibimos aquella responsabilidad terminamos enfrentando persecución, desconocimiento y exilio, mientras la propia dirigencia política que había impulsado nuestra designación fue dejando aquella institucionalidad sin el reconocimiento y la continuidad que necesitaba. Nueve años después, permanece una pregunta que no podemos eludir: ¿por qué se convoca al pueblo a ejercer su soberanía si luego sus consecuencias son abandonadas? La historia tendrá que escribir ese capítulo con toda su crudeza, porque también existe responsabilidad política cuando se permite que una decisión soberana termine sepultada por las conveniencias del momento. NoticiasMaracaibo Venezuela
Desde el 3 de enero sospeché que ingresar verdaderamente en una transición democrática sería muchísimo más complejo de lo que algunos imaginaban. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York para enfrentar a la justicia constituyeron un acontecimiento extraordinario, pero no significaban, por sí mismos, la recuperación de la República. La salida de un gobernante autoritario no equivale necesariamente al desmontaje del sistema que lo sostuvo. Menos todavía cuando alrededor de la transición comienzan a gravitar intereses petroleros, financieros, comerciales y geopolíticos que pueden terminar subordinando la democratización a una agenda de conveniencias. Estados Unidos tiene intereses legítimos como cualquier nación; lo que no puede considerarse legítimo, desde nuestra perspectiva constitucional, es que esos intereses sustituyan la voluntad del pueblo venezolano. Una cosa es contribuir a la recuperación de la democracia y otra, profundamente diferente, administrar políticamente el destino de una sociedad sin devolverle su capacidad de decidir.
Por eso resulta tan inquietante la situación de María Corina Machado. Su permanencia fuera de Venezuela, las dificultades para concretar su retorno y su exclusión de determinadas negociaciones políticas respaldadas por Washington obligan a formular preguntas infelices. Si existe un proceso encaminado hacia la transición democrática, ¿por qué la principal dirigente de la oposición venezolana no ocupa el lugar que corresponde a su representación política? ¿Acaso sus adversarios democráticos utilizan la agenda de Estados Unidos para pretender desmontar su popularidad? ¿Qué intereses se encuentran detrás de una negociación que parece avanzar con mayor facilidad en materia económica que en la restitución de los derechos políticos: presos políticos, exiliados, desaparecidos? No afirmo que exista una conspiración cuya documentación desconozcamos, pero tampoco podemos pedirle a una sociedad maltratada durante tantos años que renuncie a interrogar a quienes administran nuestro futuro. El bloqueo de la soberanía también puede producirse cuando se posterga indefinidamente la devolución del poder popular bajo el argumento de que primero deben resolverse los intereses de quienes negocian.
Y aquí aparece otro problema de enorme gravedad: la justicia. No habrá transición verdadera si quienes participaron en la persecución política, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos encuentran en los nuevos acuerdos una vía para garantizar su impunidad. Han circulado versiones sobre entendimientos relacionados con los organismos de inteligencia, incluido el SEBIN, y sobre posibles arreglos destinados a preservar espacios de poder. Tales informaciones deben ser investigadas y comprobadas, no convertidas apresuradamente en verdades. Sin embargo, el principio que está en discusión es irrenunciable: la justicia no puede ser una mercancía de negociación política. Todos tienen derecho al debido proceso, incluso quienes ejercieron el poder arbitrariamente, pero nadie puede reclamar que la estabilidad de un país se construya sobre el olvido obligatorio de sus víctimas. La impunidad podrá comprar silencios temporales; lo que jamás podrá comprar es una paz verdadera.
Necesitamos reconstruir Venezuela, desde luego. Necesitamos inversiones, recuperar la industria, restablecer la seguridad jurídica, fortalecer las universidades y devolver a la educación su papel central en la formación de ciudadanía. Recomiendo, en ese sentido, la lectura de las reflexiones del diputado Luis Barragán sobre la institución universitaria y su significado para el porvenir nacional. Pero todo ese esfuerzo será precario si no resolvemos antes el problema del origen y la legitimidad del poder. ¿De qué sirve ofrecer garantías a los inversionistas si los ciudadanos carecen de garantías para elegir a sus gobernantes? ¿Cómo construir seguridad jurídica sin jueces independientes? ¿Cómo hablar de reconciliación cuando permanecen presos políticos, miles de venezolanos continúan en el exilio y tantas familias siguen soportando las consecuencias de la persecución? La renovación judicial no constituye un asunto secundario de la transición, es una de sus condiciones esenciales.
La soberanía, además, exige algo que los venezolanos debemos asumir con madurez: tenemos derecho a equivocarnos. Nos hemos equivocado muchas veces, hemos entregado nuestra confianza a dirigentes que no estuvieron a la altura de las circunstancias y hemos permitido que las divisiones debilitaran nuestras posibilidades de recuperación. Pero ese derecho a escoger, incluso equivocadamente, no puede ser confiscado por gobiernos extranjeros, organismos internacionales ni grupos políticos nacionales que se atribuyan una superioridad moral sobre la sociedad. El pueblo venezolano no necesita que otros le seleccionen su destino. Necesita instituciones que respeten sus decisiones, elecciones auténticamente libres y un sistema judicial capaz de impedir que la voluntad expresada en las urnas vuelva a ser neutralizada.
Por eso considero que el gran desafío venezolano no consiste únicamente en sustituir autoridades, celebrar acuerdos económicos o diseñar una nueva arquitectura administrativa. Consiste en desbloquear la soberanía, devolverle al ciudadano la facultad efectiva de determinar quién gobierna, bajo qué reglas y con cuáles responsabilidades. Las elecciones libres, acompañadas de garantías verificables, independencia institucional y justicia, constituyen el camino indispensable para esa recuperación. Venezuela no podrá reconstruirse sobre una nueva tutela, por sofisticada que parezca, ni sobre una transición que conserve los mecanismos de dominación cambiándoles solamente el nombre.
La historia nos ha dado una lección terrible y todavía estamos a tiempo de comprenderla. No basta con sacar del poder a quienes lo usurparon si el poder continúa lejos de su verdadero dueño. No basta con abrir las puertas de la economía si permanecen cerradas las de la libertad, no basta con hablar de paz si la justicia sigue esperando afuera, con las manos atadas y no es suficiente que confiemos en que llegará la transición si no hay una fecha establecida para devolverle al ciudadano su derecho a elegir. Antes que el petróleo, antes que los contratos, antes que las negociaciones y antes que cualquier proyecto de reconstrucción, está la soberanía. Porque Venezuela no será verdaderamente libre cuando otros decidan por ella, sino cuando los venezolanos recuperemos, sin intermediarios ni tutores, el derecho de decidir nuestro propio destino.
