Las organizaciones aseguraron que no todos los venezolanos tienen acceso a la buena alimentación.
Las organizaciones civiles alertan ante la FAO sobre la severa crisis alimentaria en Venezuela y cuestionan las cifras oficiales.
Un conjunto de organizaciones sociales y académicas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la salud en Venezuela emitió un pronunciamiento conjunto para denunciar la persistencia de una grave crisis de seguridad alimentaria y nutricional en el país.
La declaración pública, suscrita por la Alianza Venezolana por la Salud (AVS), el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes-UCV), el Centro de Investigaciones en Antropología y Alimentación de la Universidad de Los Andes (CIAAL-ULA), la Fundación Bengoa, el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) y el Grupo Social Cesap, cuestionó abiertamente la veracidad de los indicadores socioeconómicos presentados por la representación del Ejecutivo venezolano, encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el marco de la reciente cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebrada en Roma.
En la misiva dirigida a la comunidad internacional, las instituciones advirtieron sobre una acentuada brecha económica que impide a la mayoría de las familias acceder a una nutrición adecuada. De acuerdo con los datos recabados por las entidades firmantes, para julio de 2026 el costo de la Canasta Alimentaria Familiar se situó en 727,94 dólares, una cifra que contrasta fuertemente con la realidad del ingreso legal.
Contraste marcado
Mientras el salario mínimo mensual se mantiene por debajo del equivalente a un dólar, el ingreso integral que incluye bonificaciones gubernamentales apenas alcanza un estimado de 240 dólares.
Esta disparidad económica imposibilita al 80 % de los hogares venezolanos la adquisición de una dieta saludable, manteniendo a más de 8 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria.
La alerta del bloque de la sociedad civil se extiende al estado de la salud infantil. El reporte presentado señala niveles preocupantes de desnutrición aguda en menores de edad, ubicando la incidencia entre el 18 % y el 24 % en estados como Sucre, Zulia, Portuguesa y Carabobo.
Asimismo, la evaluación advierte que un 17 % de los lactantes menores de seis meses se encuentra afectado por esta condición, lo que compromete el desarrollo biológico y cognitivo de las nuevas generaciones.
Petición
Ante este escenario, las organizaciones solicitaron formalmente a la FAO una revisión exhaustiva de la metodología aplicada en el indicador de Disponibilidad para Consumo Humano dentro del reporte sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2026).
A juicio de los expertos, la utilización de promedios nacionales abstractos invisibiliza los altos niveles de desigualdad social y oculta el alcance real de la extrema pobreza en el territorio venezolano
El pronunciamiento incluyó un pliego de tres exigencias fundamentales dirigidas a los organismos multilaterales: en primer lugar, garantizar la canalización de asistencia humanitaria neutral y sin sesgos a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA); en segundo lugar, requerir un proceso de auditoría independiente y transparente sobre el Sistema Estadístico Nacional; y finalmente, estructurar el financiamiento de un plan descentralizado enfocado en la recuperación agroalimentaria y nutricional de las zonas más vulnerables.
Coincidencia
Las denuncias formuladas por el grupo institucional coinciden con las valoraciones emitidas de forma independiente por la investigadora y experta en nutrición Susana Raffalli.
A través de pronunciamientos públicos en redes sociales, Raffalli rechazó la narrativa oficial expuesta en Roma y sostuvo que el programa estatal de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) ha operado sistemáticamente como un instrumento de condicionalidad política y control social.
La especialista fundó sus afirmaciones en los esquemas y mapas comunitarios de planificación utilizados para la distribución de alimentos, señalando que la asignación de ayuda se ha estructurado bajo parámetros de oportunidad electoral antes que en función de criterios de vulnerabilidad nutricional.
El Tiempo de Puerto La Cruz – Caracas – Redacción Web
