El conflicto laboral se ha consolidado en 2026 como el principal motor de la protesta ciudadana en Venezuela. Sin embargo, ni la agenda de negociación política ni los actores internacionales están atendiendo las demandas urgentes de la clase trabajadora. Más de 4.000 protestas registradas se han registrado hasta octubre de 2026. Más del 60% de las manifestaciones unen reclamos salariales con exigencias por el colapso de servicios públicos (agua, electricidad, transporte) y derechos políticos.
Las negociaciones iniciadas en agosto de 2026 entre la Asamblea Nacional 2015 (Dinorah Figuera) y el parlamento actual (Jorge Rodríguez), bajo el auspicio de Estados Unidos. Hasta ahora las prioridades son: Reinstitucionalización y Poder Judicial, Garantías electorales y CNE, libertades civiles y derechos políticos, emergencia humanitaria (sin abordar el salario de fondo). Todos estos temas son importantes. Sin embargo, en la calle hay un pueblo que reclama mejoras salariales para mitigar el hambre en el núcleo familiar y principalmente en los niños y adultos mayores.
Es importante destacar que el 56% de los venezolanos vive en pobreza extrema y el 40% en inseguridad alimentaria moderada o grave (Datos ONU/UE 2026). Por otra parte 7.900.000 de personas requieren asistencia y un 11,7% de niños menores de 5 años sufren retraso en el crecimiento. También más de 9.000.000 de migrantes bajo amenaza de deportación y el devastador impacto de los terremotos de junio de 2026 (más de 6.000 fallecidos y miles de damnificados).
Lo grave es que priorizar únicamente la arquitectura política e institucional mientras se invisibiliza el colapso económico de los ciudadanos genera un escenario insostenible que profundiza el riesgo de mayor conflictividad y explosión social.
