Opinar sobre las próximas elecciones a celebrarse en España se presta a confusiones. Allí rige una democracia parlamentaria mientras que Venezuela se asienta, formalmente, en una democracia presidencialista. Nuestro presidencialismo ha sido muy acentuado, además, por la disposición de una renta petrolera sustanciosa por parte de la mayoría de los gobiernos para proseguir sus respectivos intereses políticos. Aun en democracia, su usufructo gozó de un no desestimable margen de discrecionalidad, ya que la convergencia de propuestas de los dos partidos principales allanaba, muchas veces, el apoyo de quien estuviera en oposición. Hasta la intentona de Hugo Chávez, operaba un entendimiento implícito que evitaba el saboteo abierto de la acción de quien gobernaba, amparado en la alternabilidad que estipula nuestra carta magna en su artículo 5º: Hoy por tí, mañana por mí. Eran adversarios políticos, no enemigos. Una política de manga ancha, con precios del crudo altos, permitía ensanchar las bases de apoyo al sistema. Lamentablemente, cuando disminuían, el contrato social mostraba sus costuras, vulnerabilidad de la que se aprovechó Chávez y su “revolución” bolivariana.
En España, pelear cada escaño en los cuerpos deliberantes en los distintos niveles puede ser decisivo para decidir quién debe ocupar el poder, tanto a nivel nacional, como en las comunidades autónomas y los gobiernos locales. El bipartidismo de antaño ha sido permeado por una serie de partidos menores con los cuales cualquiera de los dos partidos principales –Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o Partido Popular (PP)– debe pactar para alcanzar la mayoría que les permita gobernar. Ello incentiva componendas varias, concesiones políticas, reparto de cargos, compromisos diversos, que suele desdibujar el perfil programático original de la organización que pretende formar gobierno. Tales acuerdos se alinean, por fuerza, a lo largo de un eje derecha – izquierda, que hunde sus raíces en el pasado reciente; la guerra civil de 1936-39 y la larga dictadura de Francisco Franco.
La crispación política y la polarización actual, fomentada deliberadamente desde los extremos, busca hacer irreconciliable esta división, socavando posibles acuerdos entre las agrupaciones mayoritarias, por ubicarse en lados opuestos del espectro político. Repercute en que la tendencia del debate político sea reactivo. Si Pedro Sánchez, el actual presidente (PSOE), dice “A”, el Partido Popular dice ”B”. Si Sanchez afirma “B”, la oposición mayoritaria responde con ”A”. Se soslayan las legítimas diferencias programáticas como referentes para posibles negociaciones en beneficio del país y se degrada el debate político. Los partidos se atrincheran en sus posiciones, negándose a tenderle la mano al otro.
En estas circunstancias, el PSOE ha mostrado habilidad para aprovecharse de las oportunidades que se le han presentado. A pesar de sacar menos votos que el PP en los comicios de 2023, Pedro Sánchez pudo armar una coalición, no sólo con los partidos ubicados a su izquierda, sino con el centrista, Partido Nacionalista Vasco (PNV), y con el conservador, Junts per Catalunya, para lograr una mayoría parlamentaria que votara a favor de que formara gobierno. El PP, un partido tradicionalmente de centro-derecha, vio sus posibilidades bloqueadas al no poder armar una mayoría contando con organizaciones vascas y catalanas, identificadas con el independentismo, y VOX, agrupación de ultraderecha cuya postura nacional-centralista es irreconciliable con la de los primeros.
El arreglo tejido en torno a la presidencia de Sánchez ha sido precario. En particular, Junts, partido de las clases adineradas independentistas de Cataluña, se ha valido de sus siete votos decisivos en la Cámara de Diputados para chantajear reiteradamente al gobierno en procura de concesiones. Por otro lado, Podemos, partido fundamentalista de ultraizquierda que llegó a formar parte del gabinete, suele adoptar posturas intransigentes que dificultan los consensos. La destreza política de Sánchez le ha permitido sortear estas dificultades y replicar con agudeza los ataques del PP en debates públicos.
Esta resiliencia ha llevado a este último partido a personalizar la contienda política. Asediado desde la derecha por VOX, que lo acusa de ser demasiado “blando” con Sánchez, su líder, Alberto Nuñez Feijóo, optó por focalizar sus ataques en su persona, descalificándolo con lo que está a la mano. Es el caso de las corruptelas de José Luis Abalos, ex ministro de transporte y cercano colaborador, antes, de Sánchez, condenado por cobro de comisiones en la compra de mascarillas cuando la pandemia, y por la investigación penal al expresidente Rodríguez Zapatero asociado a negocios a la sombra con el dictador Maduro. Ha permitido judicializar la lucha política, llegando a imputar a la esposa de Sánchez de usar su influencia para favorecer una Cátedra que coordina en la universidad (¡!), y para inhabilitar a quien fuera Fiscal General, Álvaro García Ortiz, con base en una conjetura –es decir, una suposición no comprobada– de que filtró a la prensa datos de la querella por impago de impuestos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. El PP busca desquitarse, así, de las condenas entre los suyos por los casos Gurtel y Kitchen, por corruptelas asociadas al gobierno anterior, de Mariano Rajoy (PP). Si bien es menester luchar contra la corrupción, la solución está más en la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública, lamentablemente ausentes en España, y no en reducir la contienda en ver cuál de los dos tiene las manos más manchadas.
En ese escenario han prosperado posicionamientos populistas, alimentados por las facilidades para polarizar la contienda política con base en señalar al otro de corrupto, con contraposiciones simbólicas y medias verdades. La derecha se atrinchera en asimilar al gobierno de Sánchez, por su denominación socialista, con el “comunismo” del chavo-madurismo. A ello ha contribuido la singular torpeza, miopía y alcahuetería del PSOE, al no marcar distancia con el chavismo, amén de la complicidad abierta de Podemos –hasta hace poco socio del gobierno de Sánchez–, contratos de “asesoría” de por medio.
Y aquí es donde hace clic la ubicación de muchos venezolanos ante la política española. El PSOE, por llamarse socialista, no puede sino significar la amenaza de que, eventualmente, instaure un régimen similar al chavismo, también autocalificado de “socialista”. Se pasa por alto que Sánchez no ha rehuido en absoluto el control institucional, muy presente en España, y ha tenido que ceder en muchas oportunidades cuando no logra un apoyo mayoritario. En realidad el PSOE, que desechó el marxismo en 1984, es un partido socialdemócrata, parecido a Acción Democrática. Lamentablemente, la imagen de un PSOE “chavista” automáticamente, por acto reflejo, hace que algunos venezolanos se anoten con el PP o, peor aún, con VOX. Porque en esta visión polarizada, las diferencias programáticas de importancia desaparecen, brillan por su ausencia. Se pasa por alto que VOX niega derechos básicos de la democracia liberal, conquistados en España posterior a la muerte de Franco, para alinearse con el Estado de bienestar que es base medular de la Unión Europea. Los sectores más vulnerables, en particular, los inmigrantes, se ven amenazados con encontrarse desasistidos o discriminados en sus derechos. Pero, al igual que tantos “magazolanos” que apoyaron a Trump en EE. UU., para luego verse perseguidos y maltratados por la policía anti-inmigración (ICE), ponen sus posibilidades de ser respetados en España como inmigrantes, ¡en manos de VOX! Porque lo más preocupante en todo esto es que el PP, temeroso de que la retórica más extrema de VOX le sustraiga partidarios, y atento Feijóo a la labor de zapa de Isabel Díaz Ayuso para adueñarse de la jefatura del partido enarbolando posturas similares, compite cada vez más en el terreno de la ultraderecha para mostrar su rechazo a Sánchez, comprometiendo la postura liberal que alega inspirarlo. Y el fundamentalismo de Podemos, desde el otro extremo, empuja a favor de esta alineación acusando a toda la derecha de “fascista”.
El peligro a la democracia liberal española no viene del PSOE, como mecánicamente asumen muchos venezolanos. Con este gobierno, unos 700.000 venezolanos, algunos con doble nacionalidad, han sido acogidos con hospitalidad en España y reconocidos plenamente sus derechos. La amenaza viene de la vulneración de tales derechos, base del Estado de bienestar europeo,por VOX ¿y el PP? Ello no excluye la necesidad de su reforma, pero esto es otro asunto que se habrá de abordar luego.
Economista, profesor (J), Universidad Central de Venezuela – humgarl@gmail.com
