El secretario político de Vente Venezuela en Lara, Enrique Ferreira, propuso la construcción de un Pacto de Movilidad para el estado, con el objetivo de impulsar soluciones a la crisis del transporte público que afecta tanto a los operadores como a los usuarios.
La propuesta fue presentada durante un encuentro de trabajo con directivos del sector transporte, representantes sindicales, activistas y ciudadanos interesados en la movilidad urbana. Ferreira planteó que el debate debe superar la discusión sobre el aumento o la congelación del pasaje y avanzar hacia acuerdos que garanticen la sostenibilidad económica del servicio y el acceso de la población.
«La discusión no puede reducirse a aumentar o congelar el pasaje. Necesitamos saber cuánto cuesta realmente prestar el servicio, cómo garantizar combustible y mantenimiento, qué rutas requiere la población y quién debe financiar la protección de los usuarios más vulnerables», expresó.
Pacto de Movilidad para Lara abordaría costos, combustible y recuperación de unidades
Ferreira señaló que una de las prioridades debe ser elaborar una estructura real de costos del transporte público, sustentada en variables como el consumo de combustible, el mantenimiento, el kilometraje, el número de pasajeros y los días efectivos de operación.
A su juicio, contar con esta información permitiría presentar propuestas técnicas ante las autoridades y la ciudadanía, así como establecer mecanismos transparentes para evitar la descapitalización del sector y facilitar la recuperación progresiva del servicio.
El dirigente también advirtió que las dificultades para acceder al combustible afectan la frecuencia de las rutas y limitan la cantidad de unidades operativas. Por ello, propuso establecer sistemas de suministro previsibles y auditables, vinculados a resultados medibles, como el incremento de vehículos activos y el cumplimiento de los horarios.
Entre las alternativas planteadas mencionó el financiamiento, los convenios técnicos, las compras conjuntas de repuestos y los programas de renovación gradual del parque automotor, bajo criterios públicos y transparentes.
Ferreira plantea proteger a los usuarios sin trasladar los costos al transportista
Otro de los puntos centrales de la propuesta es conciliar la sostenibilidad económica de los transportistas con la capacidad de pago de trabajadores, estudiantes y familias larenses.
Ferreira sostuvo que cualquier política de protección social debe identificar sus fuentes de financiamiento para evitar que los conductores y propietarios de las unidades asuman por sí solos el costo de los subsidios destinados a los pasajeros con mayores dificultades económicas.
«Debemos encontrar mecanismos que permitan ayudar a quienes tienen mayores dificultades económicas sin convertir al transportista en el financiador involuntario de una política social», afirmó.
Asimismo, planteó definir las responsabilidades de las alcaldías, la Gobernación de Lara, el Ministerio de Transporte, los operadores y los gremios del sector. Según su propuesta, cada institución debe asumir compromisos concretos, con responsables identificados, documentos de respaldo y plazos verificables.
Propuesta contempla una agenda de trabajo de 90 días
Como siguiente paso, Ferreira propuso elaborar una agenda inicial de 90 días para construir un diagnóstico compartido, establecer prioridades y evaluar los avances mediante indicadores verificables.
Entre los aspectos que planteó medir figuran el número de unidades activas, la frecuencia de los viajes, los tiempos de espera, la cobertura de las rutas y los costos operativos documentados.
El dirigente de Vente Venezuela afirmó que Lara necesita pasar de los reclamos aislados a la construcción de acuerdos que permitan mejorar el funcionamiento del transporte público.
La propuesta busca sentar las bases de una movilidad más eficiente, transparente y sostenible, con compromisos compartidos entre las instituciones, los transportistas y los representantes de los usuarios.
Carmenmilagro Aulino – El Impulso
