La Paz de Westfalia, firmada en esa ciudad alemana, fue un conjunto de tratados suscritos en 1648 entre las principales potencias europeas para dar término a la llamada Guerra de los Treinta Años, que venía devastando a ese continente.
La cita a este importante antecedente es procedente porque allí se dio consagración jurídica —y en muchos casos fáctica— a unos principios de derecho internacional que durante siglos constituyeron pilares fundamentales para la convivencia entre Estados:
a) Independencia y soberanía de los Estados.
b) De aceptación de la convivencia entre distintas visiones de la fe cristiana (católicos versus protestantes).
c) Principio de no intervención y no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
Esos postulados contribuyeron —más o menos— a la expresión de conductas que hasta hace apenas pocas décadas se invocaban como pilares necesarios para la paz universal.
La llegada de la globalización, llevada de la mano por el desarrollo económico, la revolución industrial, la actual e irrefrenable expansión de la tecnología y la explosión en las comunicaciones, ha provocado una flexibilización —o deterioro, según se quiera ver— de tal magnitud que ninguno de esos postulados hoy se mantiene en los términos en que originalmente fueron concebidos.
La soberanía, conjuntamente con el derecho a la no injerencia y la no intromisión en asuntos ajenos de otros Estados, hoy se conserva apenas con carácter de comodín en un discurso político al cual la cruda realidad le resta peso.
Es evidente que la concepción de soberanía hoy está sujeta a limitaciones que impiden que un Estado se pueda construir y permanecer ignorando los derechos humanos, consagrando la discriminación o de espaldas a la realidad ambiental.
Ejemplo evidente es y ha sido la reciente disputa entre Brasil y la comunidad internacional cuando ese país afirmó que su soberanía territorial sobre la Amazonía le permite disponer de sus recursos, sin tener en cuenta que esa área constituye el pulmón del planeta y que, por esa misma razón, debe ser explotada y utilizada en armonía con los intereses de la humanidad en su conjunto, la cual requiere que la producción de oxígeno y la absorción del CO2 que allí se generan sean para el provecho colectivo.
La no intervención, permanentemente invocada frente a la hermeticidad de la soberanía, también se ha visto acotada por nuevos paradigmas que van emergiendo, como el concepto de la Responsabilidad de Proteger (R2P), que aspira a consagrar como obligación colectiva de los Estados acudir en protección de las poblaciones de otros países atropelladas, humilladas y torturadas por quienes los gobiernan. Esta teoría —apenas emergiendo— pudiera tomar protagonismo en la liberación del pueblo de Cuba, en la limpieza militar que adelantan efectivos de El Salvador para extirpar el mal de las pandillas que asola a Haití y eventualmente en el rescate del derecho de las mujeres en las sociedades islámicas altamente conservadoras en las que, bajo una concepción religiosa, se viola el principio primordial del respeto a la dignidad humana. Tal es el caso de Afganistán y otros países donde las mujeres no tienen derecho a educarse ni a decidir sobre su vida.
¿O qué decir de la actitud ante la homosexualidad? Como venezolano y occidental cristiano, ¿puedo hacer la vista gorda a cuenta de la no injerencia? ¿El derecho a que la sociedad sea democrática tiene una jerarquía mayor que el de la no injerencia cuando la principal organización de Occidente —la Iglesia Católica— tiene una estructura vertical muy respetada y respetable, pero no democrática? Es opinable.
Respecto de la no intervención, es evidente que el mismo es apenas un enunciado cuya ejecución —más aun en la actualidad— mucho dista de la realidad del mundo de hoy.
La sola existencia y actual profusión del concepto de las sanciones internacionales que unos países aplican a otros echa al suelo la fortaleza del concepto, especialmente en el caso de Venezuela que —con razón o sin ella— ve trabado su desarrollo por las sanciones de las que ha sido y sigue siendo objeto. Asimismo ocurre con la objeción a las contrataciones y concesiones que el país debe asumir bajo la tutela de los Estados Unidos, los cuales dirigen su relacionamiento con base en la conveniencia del tutor mientras se enderezan los caminos a recorrer en el futuro.
Un ejemplo práctico y recientísimo fue la votación ocurrida en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado día 28 de octubre, en la que ese cuerpo rechazó por ciento treinta votos el embargo que Estados Unidos mantiene desde hace décadas sobre Cuba, con apenas 17 votos a favor de mantenerlo y 25 abstenciones. ¿Será que quienes se abstienen no tienen opinión o que consideran que manifestarse es intervención?
¿Y qué podríamos decir del regreso de MCM y la manera —hasta ahora civilizada— con la que ingresó, llegó a Caracas y se ha seguido moviendo desde entonces sin ser acosada? ¿Será que hubo injerencia de Washington o que los hermanos siniestros pueden haber recibido alguna “sugerencia” desde el Norte, recomendándoles calma y cordura?
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