Fui integrante del Comité de Postulaciones Judiciales de 2017 y, como tal, participé en la preselección de los abogados que atendieron el llamado de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015. El propósito era sustituir a los trece magistrados nombrados de forma exprés el 23 de diciembre de ese año por el Parlamento saliente. Una burda maniobra oficialista encarnada por Diosdado Cabello, quien presidía en ese momento la AN que moría en el 2015, orientada a blindar el aparato judicial tras su derrota legislativa. Desafortunadamente, los 33 magistrados (11 principales y 22 suplentes) legítimamente juramentados el 21 de julio de 2017 en la plaza Alfredo Sadel sufrieron una feroz persecución que conllevó el encarcelamiento de uno de ellos en El Helicoide y forzó al resto al exilio. Una vez restablecida, la República tiene una deuda moral ineludible con ellos.
Durante la preparación de las rigurosas evaluaciones orales, redacté una interrogante que operaba como exordio ético: «¿Está usted consciente de los graves riesgos, materiales y morales, a los que se expone, tanto usted como su familia, en caso de resultar designado?». Con ello advertíamos que, en virtud de las sentencias de la Sala Constitucional (Nros. 1 y 3 del 11 y 14 de enero, y Nro. 9 del 1 de marzo de 2016) que declararon en desacato al Parlamento y nulo nuestro procedimiento de designación de Magistrados, los postulantes enfrentarían acusaciones penales espurias por presuntamente usurpación de funciones y desviación de poder. De más de 180 aspirantes, solo uno se retiró; el resto asumió el riesgo histórico con tal pundonor que contagió todo el proceso de un profundo espíritu republicano.
Traigo a colación esta experiencia ante la inminencia de una nueva designación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) surgida de la mesa de diálogo. Aunque las fuerzas democráticas cuentan hoy con una inesperada superioridad material y moral para imponer el respeto constitucional, el país atraviesa una severa calamidad institucional. Si bien los afortunados acontecimientos del pasado 3 de enero propiciaron una paulatina distensión política frente a la disidencia —80 % que votó por el cambio en julio de 2024—, aún persisten más de 300 presos políticos y un aparato represivo latente.
Hoy Venezuela padece una quiebra republicana definida por la ausencia absoluta en la Presidencia y la inexistencia de un Poder Judicial autónomo, cuyo síntoma más evidente es la expresa y pública —sin tapujos— subordinación de los jueces de terrorismo a “órdenes superiores”, las que hoy sabemos, después de la depuración del 3 de enero, se dan desde el Ministerio de Justicia.
Pese a ese cuadro, la mesa de diálogo priorizó la renovación total del TSJ, en lugar de propiciar la manifestación soberana del pueblo, conforme al artículo 5 constitucional. En términos prácticos, se ha decidido reparar las paredes del quirófano antes de reanimar el cuerpo moribundo de la República.
Es aquí donde la experiencia de 2017 recobra vigencia. A los futuros aspirantes al TSJ se les debe advertir la magnitud de su compromiso. Ante el vacío institucional, no acudirán a resolver casaciones ordinarias; serán llamados a ejercer una sui generis jurisdicción política constituyente desde la cúspide del Poder Judicial, para tejer el nuevo orden institucional. Su misión excede la función jurisdiccional clásica: operarán como una “institucionalidad bisagra” indispensable para articular la transición del caos autocrático al orden democrático.
Para la teoría de las transiciones políticas, la metáfora de la “bisagra institucional” aquí planteada bien pudiera utilizarse para explicar con mayor claridad contextual, según el clima venezolano, lo que en el pasado eran las nociones de “instituciones puente” o “gobiernos provisionales”. La bisagra no solo une dos realidades distintas, sino que absorbe la tensión y el peso del cambio estructural sin que el sistema colapse, manteniendo una naturaleza estrictamente transitoria.
En contextos de colapso republicano y polarización, este diseño institucional es imperativo. Los magistrados así designados no asumirán sus cargos para perpetuarse ni para ejercer el poder en una normalidad inexistente. Su legitimidad inicial no emanará de un orden constitucional consolidado, sino del consenso político de la mesa de diálogo que los habilita como operadores de paz y facilitadores del cambio.
Su función primordial será el desmantelamiento progresivo del sesgo autocrático del Estado sin generar vacíos de poder. Como amortiguadores institucionales, aplicarán de forma firme y pragmática la justicia transicional: por un lado, ofrecerán garantías de amnistía, debido proceso y seguridad jurídica a los actores del antiguo régimen que faciliten la transición; por el otro, restablecerán las libertades civiles, liberarán a los presos políticos y habilitarán a los actores políticos proscritos.
Finalmente, el desempeño de estas autoridades estará signado por una «vocación de obsolescencia planificada». Así como la bisagra cesa su presión una vez que la puerta abre por completo, estos funcionarios asumirán el compromiso ético de autodisolverse. Su labor culminará estrictamente al encauzar al país hacia elecciones generales libres y competitivas. Una vez constituido el nuevo poder legítimo, la institucionalidad bisagra cederá su lugar a los funcionarios definitivos, habiendo cumplido el rol histórico de resistir la fricción del colapso. Su desempeño en este complejo tránsito deberá ser altamente apreciado e incorporado con preeminencia en los baremos de futuros procesos de selección judicial.
Gracias a estos magistrados bisagra, podríamos crear las condiciones para lograr en un futuro la justicia independiente que todos anhelamos, sobre la cual, como excelsa y sagrada garantía, se erigirá una nueva República, cuando haya libertad, cuando Venezuela sea libre, porque lo será.
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