¿Cómo puede un Estado que ha utilizado de forma sistemática los mecanismos de poder para aislar al ciudadano avanzar hacia un modelo real de soberanía digital? Empiezo con esta interrogante porque hablar de soberanía digital en el caso venezolano no implica únicamente discutir sobre los elementos de forma —infraestructura, tecnología, plataformas, profesionales capacitados—, sino que requiere analizar el fondo del asunto con cautela: la relación entre el poder y el ciudadano, y cómo volver a construir esa confianza para trasladarla al espacio digital.
Durante más de dos décadas, el Estado venezolano ha construido un modelo en el que la información no circula libremente, el acceso ha sido condicionado, la capacidad de debate se ha reducido y el ciudadano ha sido progresivamente invisibilizado de la esfera pública. Este patrón responde a una lógica de control funcional para la política interna, pero incompatible con los principios que sostienen una soberanía digital efectiva. La ciberseguridad moderna no se construye únicamente desde el control, sino desde la confianza, la resiliencia institucional y la capacidad de proteger tanto al Estado como a sus ciudadanos.
Mientras en Venezuela la dinámica daba paso a una sociedad alejada de la información y cada vez más excluida de los avances tecnológicos, los Estados empezaron a proteger los datos, las redes y los sistemas de información que sostenían su funcionamiento económico, político y social. Potencias como Estados Unidos y China, así como bloques como la Unión Europea, han avanzado en la construcción de marcos robustos de ciberseguridad y gobernanza digital mediante estrategias nacionales, regulación de datos y desarrollo tecnológico propio. Por otro lado, Venezuela ha quedado atrapada en un modelo reactivo, fragmentado y con baja capacidad institucional.
En este contexto, el caso venezolano presenta una contradicción estructural, ya que durante años el Estado ha priorizado mecanismos de control interno sobre la circulación de información, restringiendo espacios de expresión y configurando una relación asimétrica con el ciudadano. La ausencia de una política integral de ciberseguridad, la debilidad de la infraestructura digital y la limitada formación en capacidades tecnológicas han colocado al país en una posición de alta vulnerabilidad. Esto se traduce en una doble exposición: por un lado, frente a amenazas externas; por otro, frente a la incapacidad de gestionar de manera autónoma su propio ecosistema digital. En términos geopolíticos, esta situación implica una pérdida progresiva de soberanía real —independientemente del discurso político que la reivindique—, porque la discusión global ya no gira únicamente en torno a la protección frente a ciberataques, sino sobre quién controla la infraestructura digital, quién define las reglas del flujo de información y quién posee la capacidad de proyectar poder en el ciberespacio.
Hacia 2035, el escenario internacional estará aún más definido por la competencia digital; la inteligencia artificial, la economía de datos y la ciberdefensa marcarán la diferencia entre los Estados con capacidad de influencia y aquellos relegados a posiciones periféricas. El país corre el riesgo de consolidarse como un actor dependiente, sin control sobre sus propias plataformas tecnológicas y sujeto a dinámicas externas que condicionen su desarrollo económico, político y social. El desafío, por tanto, no es únicamente modernizar sistemas o invertir en tecnología; es, a su vez, redefinir la relación entre el Estado, la información y el ciudadano. Construir soberanía digital implica desarrollar capacidades internas, establecer marcos regulatorios claros, proteger los datos personales y garantizar que el ecosistema digital no se convierta en una extensión de las lógicas de control político. Sin este cambio, cualquier intento de avanzar en ciberseguridad será superficial.
Frente a este escenario, Venezuela necesita dejar atrás el enfoque restrictivo, abrir paso a la participación ciudadana y comenzar a construir una estrategia integral de soberanía digital. Esto supone articular al Estado, al sector privado y a la cooperación internacional en torno a una política nacional de ciberseguridad que conecte la regulación, el desarrollo tecnológico y la inversión en infraestructura crítica. Una legislación sólida de protección de datos personales no solo generaría confianza interna, sino que abriría la puerta a la inversión, la innovación y la cooperación tecnológica.
Sin embargo, ninguna transformación será sostenible si no se redefine el papel del ciudadano dentro del entorno digital. La soberanía digital no se construye únicamente desde el control estatal, sino desde la capacidad de proteger y empoderar a la sociedad. Impulsar programas de alfabetización digital, fortalecer la transparencia en el manejo de datos y crear mecanismos independientes de supervisión son pasos indispensables para evitar que el espacio digital reproduzca las lógicas de control político del pasado.
La transición necesaria no es únicamente tecnológica, sino institucional y cultural, ya que se requiere pasar de un modelo basado en la restricción a uno basado en la confianza, donde el desarrollo digital sea entendido como un proyecto nacional compartido.
