Mediado por una montaña de noticias, artículos, entrevistas, sobre el acuerdo petrolero del Gobierno Chavo-Trumpista de Venezuela con el Gobierno de EE.UU. agilizado por uno de los personajes más oscuros del país, a oscuras, se desliza en uno la sensación, la indignación, de estar frente a una cayapa, aprovechamiento contra una nación, atenazada por un lado por una dictadura que busca perpetuarse, por el otro lado una poderosa nación que privilegia pragmáticamente su seguridad energética, hemisférica, que por cierto la criminal dictadura arriesgó, favoreciendo a sus más enconados enemigos: China, Rusia, Cuba, Irán.
No conozco un venezolano que se oponga a una negociación de nuestro petróleo con EEUU, a excepción de los chavistas, en sus diversas versiones, quienes lanzaban proclamas furibundas contra el Imperialismo.
No está en discusión un negocio petrolero entre Vzla y EEUU, lo que se discute es con quienes estableció el acuerdo, un gobierno ilegítimo, desprestigiado, asociado a las expropiaciones y violaciones de acuerdos con empresas norteamericanas. Un régimen que, a decir del gobierno republicano, envenena, ha inundado de drogas y bandas delictivas la sociedad estadounidense.
Un gobierno cuyas expropiaciones, violaciones de acuerdo, indemnizaciones, ha acumulado una deuda galáctica como su antimperialista inspirador.
Quienes dicen que Venezuela no está preparada para ir a elecciones retardan nuestra transición democrática, argumentan que no podemos elegir un gobierno Constitucional, soberano para 6 años pero quieren entregar nuestro futuro por 100 años.
El acuerdo es encandilante, ambicioso, pero maltrata, desatiende vitales asuntos para el destino de la nación venezolana:
1.- La claridad jurídica, política, financiera. Contradice nuestra Constitución Nacional, los intereses del país.
2.- Legitimidad, representatividad jurídica fallidas, idoneidad ética de los firmantes nacionales.
3.- Ignora la colosal crisis social, humanitaria del país.
4.- Se desentiende del destino democrático de la nación, pareciera arar para lo contrario. No se le da prioridad al proceso electoral y las medidas favorecedoras para una transición democrática, necesarias para la estabilización jurídica y económica de Venezuela que garanticen un proceso sólido de inversiones, de desarrollo económico y social para un país próspero, salir de la miseria moral y material.
¿Tiene sentido un acuerdo desesperado, avaricioso con un gobierno ilegítimo, cuando un eventual gobierno legítimo, democrático, puede ofrecer garantías constitucionales, políticas, económicas con estabilidad y un acuerdo ganar – ganar?
