Pasé mi niñez en Canadá. Mi padre, Humberto García Arocha, cayó preso al comienzo de la dictadura de Pérez Jiménez y fue luego expulsado de Venezuela. Sólo con su derrocamiento pudimos regresar. En la TV de ese país me entretenían las series de vaqueros, en las que los buenos siempre triunfaban ante los malos. Se les refería, simplemente, como outlaws –los fuera de la ley–, o sea, como forajidos. Los buenos, víctimas inocentes de los malos, los representaba la justicia, encarnada por el sheriff de rigor. Era una puesta en escena muy maniquea. La mayoría de los casos no terminaban sometiendo a juicio a los forajidos; sino acribillándolos en plena calle principal. Las instituciones como resguardo del Estado de derecho tuvieron que esperar los programas del infalible abogado, Perry Mason.
La idea de un marco legal se plasmó, felizmente, para regular las relaciones entre países. Tristemente, no terminaron por desaparecer las guerras. Paradójicamente, los países que más influyeron para instituir reglas que garantizaran la paz en el globo –las antiguas potencias coloniales europeas y EE. UU.–, tendían a ser sus principales violadores. Pero no invalida la justeza del planteamiento, sino que obliga a evaluar la justeza de su aplicación en cada caso. Menudo problema, hoy, cuando la nación central a este orden legal es gobernada por quien se empeña en desmontarlo.
Al comenzar esta segunda gestión de Trump algunos pensaban que su arremetida contra el orden internacional respondía a una estrategia derechista por reescribir sus “reglas del juego” y torcerlo a su favor. Un problema político que podía enfrentarse en el marco de las instituciones existentes. Pronto se hizo patente, empero, la verdadera dimensión de la amenaza: el cargo más poderoso del mundo lo había ocupado un megalómano acomplejado, interesado sólo en acaparar poder y riquezas en singulares transacciones, apalancados por la fuerza. “Might is right”. Su intención nunca fue modificar las reglas de juego sino deshacerse de ellas y de todo lo que constriñese sus ambiciones.
A eso se ha dedicado desde que volvió a la Casa Blanca, tanteando aquí y allá con sus colaboradores hasta dónde puede llegar sin toparse con una restricción efectiva. Y le ha rendido frutos. Los medios señalan ingresos en sus cuentas personales por USD 2,2 millardos en 2025. Se habla de 1,4 millardos ganados en criptomonedas y de transacciones en la bolsa con títulos afectados con sus anuncios de política. Entre sus artimañas, estuvo demandar al Estado, es decir, a sí mismo por ser su jefe, alegando haber sido perjudicado cuando era candidato. Al ganar el pleito, Trump presidente le pagó a Trump ciudadano, USD 1.776 millones del dinero de los contribuyentes. Montó, con ello, un fondo para gastos discrecionales que no requieren la autorización del Congreso. Su ausencia de comportamiento ético en atención a posibles conflictos de intereses se manifiesta, también, en los desarrollos inmobiliarios de su familia, facilitados por las negociaciones internacionales de su yerno y/o sus colaboradores cercanos. Un patrimonialismo que marca un estilo político de complicidad bajo cuya sombra se arriman muchos amigotes. Con poder, el mundo aparece pletórico en oportunidades de negocio. Si no encuentra iimpedimentos, sería tonto no aprovecharlas. La fortaleza de las instituciones en Groenlandia y Canadá ha impedido, hasta ahora, salirse con la suya . ¿Y en Venezuela?
En Venezuela las instituciones fueron colonizadas por una banda de forajidos de diferente signo, los “revolucionarios” chavistas, para ponerlas a su servicio. Descabezados y sin la tutela cubana, buscan acomodarse ahora con la nueva, la de Trump, complacido al no encontrar resistencia alguna a sus ambiciones. Para eso hay que mantener a María Corina Machado y a otros dirigentes en el extranjero. En función de eso, la amnistía fue chucuta con centenares de presos políticos aún y excarcelados sometidos a medidas cautelares restrictivas. No hay libertad plena de los medios de comunicación y siguen cerrados muchos portales en Internet. Y permanecen Diosdado y militares comprometidos con el aparato represivo madurista. Por si acaso, la amenaza engatillada para no alterar “la paz”.
Entre forajidos no hay problema en llegar a acuerdos a expensas de los venezolanos. Se conocen sus respectivas debilidades y fortalezas. Subsisten, por supuesto, importantes restricciones. La viabilidad de su relación se enfrenta a las demandas de la población por libertad y mejores condiciones de vida. Hay que saber cómo administrarlas. De ahí, las tres fases anunciadas a comienzos de año por Marco Rubio. Se abren, asimismo, posibilidades de rescatar los poderes judicial y electoral para hacer de ellos instituciones confiables, independientes de quienes controlan el Ejecutivo, según lo acordado entre los equipos negociadores encabezados por Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez. Alienta esperanzas de unas próximas elecciones que puedan plasmar los cambios que el país necesita.
Pero la verdadera apuesta está en la enorme potencialidad de Venezuela como país petrolero, poseedor de las mayores reservas de crudo del mundo y situado en el hemisferio occidental, lejos del Estrecho de Hormuz. Pero, aun con la reforma apresurada de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y los discursos celebratorios del propio Trump, las grandes empresas del sector se han mostrado cautelosos en comprometer miles de millones en sus auspiciosos pronósticos. La producción se ha elevado, si, pero por operaciones de Chevron y de otras empresas –”wildcatters”– que aprovechan instalaciones existentes. Pero la ausencia de un marco institucional confiable, la ilegitimidad de Delcy Rodríguez y la huella de expropiaciones anteriores pesan en las decisiones de Exxon Mobil y Conoco Phillips. No hay nuevas inversiones. Nada bueno para Trump, metido en una guerra con Irán que no logra resolver a su favor y amenazado, por tanto, con perder las elecciones de noviembre por el alza del combustible.
De ahí el espectacular negocio cocinado con su fiel servidora, consistente, según los medios, en la entrega a EE. UU., por 100 años, del control de 17 campos petroleros en Venezuela, cuyas reservas alcanzan unos 65 mil millones de barriles de crudo. Jubiloso, Trump anuncia que, con ello, se duplican las reservas petroleras de EE. UU. Si, leyó bien, de EE. UU. Delcy anuncia inversiones venideras por más de USD 100 mil millones y la entrada al país de unos 210 mil millones en los próximos 25 años. Con ello se aseguraría la recuperación de la economía, los ingresos fiscales que añoran los chavistas y, quien sabe, los recursos para acometer la reestructuración de la deuda contratada con Centerview Partners. Sin embargo, un examen más de cerca revela que el ingreso anual a Venezuela por la venta de esa producción estaría en torno a los USD 8 mil 400 millones. No mucho. Tampoco la participación del país de USD 19 por barril cuando los precios no bajan de 70. Más aún, luego de ocho meses de custodia estadounidense de los proventos actuales por la venta del crudo, no se conoce cuánto se ha cobrado, cuánto se ha quedado, cuánto se le ha entregado a Delcy, ni en qué lo ha gastado. Los venezolanos no le ven el queso a la tostada. Y del mega acuerdo la opacidad es aún mayor.
Se menciona al bolichico Alejandro Betancourt, como artífice de este negoción. El Wall Street Journal habla, incluso, de una participación de la Fuerza Armada de EE. UU. en su empresa, North American Blue Energy Partners. El gobierno de Trump habría gestionado con Suiza para no someterlo a juicio por lavado de dinero. Y, en este jolgorio, pocos se detienen a preguntar, ¿dónde queda la constitución, que reserva los recursos del subsuelo al Estado? ¿La reserva legal de la Asamblea para aprobar convenios de interés nacional? ¿La regalía y otros impuestos? ¿Qué compañías entrarán? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quien dicta la política petrolera? En fin, ¿dónde queda la soberanía de Venezuela?
A Trump le quedan dos años y pico en el poder, previsiblemente con un Congreso en contra. A Delcy le DEBE quedar bastante menos. ¿Bajo qué garantías descansará este acuerdo? ¿Quiénes invertirán miles de millones en estas condiciones? Todo apunta a que, ante la imposibilidad de contar con instituciones que aseguren el desenvolvimiento de los planes petroleros de Trump con Venezuela, optó por sustituirlas con unas hechas a su medida. El Sheriff que acribilla a los malos, en vez de someterlos a la justicia. Muchos vivos, ávidos de no perderse esta mangüangüa, están como caimán en boca de caño. Y los forajidos vernáculos colaboran para conservar el poder, ahora como socios en el expolio.
No nos cerremos de antemano a las enormes potencialidades que representa la explotación de nuestro petróleo. Venezuela no tiene los recursos para ello y debe atraer ingentes recursos de afuera para elevar significativamente la producción. Pero eso debe hacerse en ejercicio pleno de nuestra soberanía, con un gobierno electo que rescate las instituciones y asegure la participación efectiva del país en los proventos de la venta de crudo, con transparencia, rendición de cuentas y participación activa de los venezolanos. Quedemos claro que ello reside en el establecimiento de una democracia robusta, soberana, no en pactos sospechosos entre quienes han mostrado su condición de forajidos.
Economista, profesor (J), Universidad Central de Venezuela – humgarl@gmail.com
