El 22 de septiembre, en la que probablemente fue su última intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas como jefe de Estado, Emmanuel Macron formuló una pregunta que muchos nos hacemos: ¿queremos vivir en un «estado de naturaleza», con una especie de retorno de la ley de la selva, o en una sociedad internacional civilizada? La referencia a Hobbes no es casual. Describe un mundo en el que la fuerza termina por imponerse sobre cualquier norma. Macron añadió una advertencia: no podemos aceptar «el nuevo orden de impunidad» que algunos querrían construir.
Durante el siglo XIX, unas pocas potencias europeas se impusieron por la fuerza en buena parte del planeta. Sus rivalidades contribuyeron a las guerras que alcanzaron, en la primera mitad del siglo XX, una capacidad destructiva sin precedentes. De esa experiencia nació en 1945 la Carta de las Naciones Unidas, que consagró la igualdad soberana de los Estados y prohibió la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
Ese orden nunca fue perfecto. La Guerra Fría comenzó casi al mismo tiempo que las Naciones Unidas, y hubo guerras e intervenciones que contradijeron sus principios. Tampoco quienes hoy los invocan tienen un historial intachable: la intervención en Libia en 2011, en la que Francia tuvo un papel protagónico, sigue suscitando preguntas sobre el alcance que se dio al mandato de proteger a los civiles. Pero precisamente por eso las normas importan. Obligan también a quien las proclama y ofrecen a los países menos poderosos un marco al cual apelar. La fuerza nunca desapareció, pero dejó de poder presentarse, sin más, como fuente de derecho.
La disolución de la Unión Soviética dejó a Estados Unidos en una posición de predominio. Desde entonces otras naciones han crecido económica, militar y tecnológicamente, y hoy ninguna puede dar por sentado que impondrá sola su visión del mundo. Esa transformación podría conducir a un orden más equilibrado. También podría conducir a uno más arbitrario, en el que cada potencia se reserve el derecho de actuar sin límites dentro de su esfera de influencia.
La cuestión decisiva no es si el mundo será bipolar o multipolar. Es si, cualquiera que sea la distribución del poder, seguirá habiendo reglas que protejan la independencia de los países y el derecho de los pueblos a decidir su destino.
Para las naciones pequeñas y medianas, esa pregunta es existencial. El derecho internacional es indispensable, pero su defensa requiere también capacidad política. Venezuela sabe cuánto importa contar con instrumentos jurídicos y diplomáticos para sostener su reclamación sobre el Esequibo. Precisamente por eso debe rechazar que una controversia territorial se resuelva mediante la fuerza. La soberanía se defiende con razones, instituciones y alianzas; ninguna nación mediana puede preservarla plenamente si actúa sola.
Aquí la relación entre Colombia y Venezuela adquiere una importancia que trasciende a los dos países. Compartimos más de dos mil kilómetros de frontera, una historia que comenzó mucho antes de que existieran nuestras repúblicas y una población conjunta que supera los ochenta millones de habitantes. Compartimos también problemas que no se detienen ante los puestos fronterizos: grupos armados, economías ilícitas y una migración que ha unido a millones de familias a ambos lados de la línea. Pretender resolverlos por separado es desconocer su propia naturaleza.
Pero sería un error concebir nuestra relación únicamente como una agenda de problemas fronterizos. Juntas, Colombia y Venezuela reúnen una posición geográfica excepcional: acceso al Pacífico, al Caribe y al Atlántico; vastas cuencas fluviales; recursos energéticos y capacidad para producir alimentos. El Meta y el Orinoco ofrecen posibilidades de conexión que requieren infraestructura, inversión y acuerdos duraderos. La complementariedad entre el gas, el petróleo, la generación hidroeléctrica y las nuevas fuentes de energía abre oportunidades que ninguno de los dos países puede aprovechar del mismo modo por separado.
La geografía, sin embargo, no produce integración por sí sola. Puede ofrecer oportunidades o convertirse en escenario de abandono, contrabando y violencia. La diferencia la hacen las decisiones políticas. Colombia y Venezuela necesitan una agenda estable de seguridad fronteriza, energía, transporte, comercio e inversión, sostenida por instituciones capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno.
También necesitan una visión compartida de su lugar en el mundo. En Washington, Pekín o Bruselas, la voz concertada de dos países con esa población, esos recursos y esa ubicación tiene un peso distinto al de cada uno por separado. Coordinar posiciones no significa renunciar a la soberanía: significa ejercerla con mayor eficacia. Y para Venezuela supone, además, reconstruir la confianza y las instituciones democráticas sin las cuales ningún proyecto de largo plazo podrá prosperar.
Colombia y Venezuela unidas suman más. No es una invocación nostálgica de la Gran Colombia ni una consigna destinada a disimular nuestras diferencias. Es una política de Estado fundada en intereses concretos y en el reconocimiento de que el futuro de cada país influye profundamente en el del otro. También puede ser el comienzo de una cooperación sudamericana más amplia entre naciones que desean tratar con todas las potencias sin quedar subordinadas a ninguna.
La advertencia de Macron nos concierne directamente. Si el mundo avanza hacia la ley de la selva, los países que permanezcan aislados serán los más vulnerables. Defender el derecho internacional exige reformar sus instituciones y reclamar que los poderosos respeten las reglas que exigen a los demás. Para países como los nuestros exige, además, construir con sus vecinos el peso político que no tienen solos. De ello depende que la soberanía siga siendo un derecho y no una concesión de quienes tienen más fuerza.
