Por qué unos presos políticos salen con condiciones y otros con libertad plena.
La liberación de un preso político debería ser, ante todo, una buena noticia. Cada persona que recupera su libertad representa un paso en la dirección correcta, pero cuando unos salen con libertad plena y otros deben hacerlo bajo condiciones y restricciones, es inevitable que surja una pregunta incómoda: ¿con qué criterio se está aplicando la justicia?
No se trata de cuestionar que alguien recupere su libertad. Al contrario: lo que debe cuestionarse es por qué esa libertad no parece tener el mismo significado para todos.
Si hablamos de personas detenidas por razones políticas, el principio debería ser sencillo: los derechos no pueden depender de simpatías, influencias, negociaciones ni circunstancias particulares. La justicia debe aplicar las mismas reglas, independientemente de quién sea la persona que está frente al tribunal.
Una libertad condicionada puede ser un alivio después de meses o años de prisión, pero difícilmente puede considerarse una libertad completa cuando todavía existen restricciones que afectan la movilidad, la expresión o la posibilidad de rehacer una vida normal.
Ahí está el verdadero problema. ¿Por qué unos pueden salir y recuperar plenamente sus derechos mientras otros continúan sometidos a condiciones? Si existen diferencias jurídicas entre los casos, corresponde explicarlas con transparencia y si no existen diferencias sustanciales, entonces la sociedad tiene derecho a preguntarse por qué el trato no es igual.
La justicia lleva una venda en los ojos como símbolo de imparcialidad. Esa venda significa que no debería importar el apellido, la posición social, la ideología ni la conveniencia política. Debería importar únicamente la ley.
Pero cuando las decisiones generan la percepción de que existen diferentes categorías de libertad, esa imagen de imparcialidad comienza a resquebrajarse.
No se pide un privilegio para nadie. Se pide exactamente lo contrario: igualdad ante la ley.
Si una persona no debe permanecer encarcelada, debe recuperar su libertad y si existen razones legales para mantener determinadas condiciones, estas deben ser conocidas, justificadas y proporcionales. Lo que no puede convertirse en normal es que la libertad parezca tener un precio diferente dependiendo de quién la recibe.
La liberación de presos políticos no debería utilizarse como una herramienta para administrar la presión política ni como una moneda de negociación. La libertad es un derecho, no un favor.
Por eso la pregunta permanece: ¿la justicia está realmente ciega o está mirando hacia otro lado?
La respuesta no debería depender de opiniones políticas. Debería estar en la ley, en la transparencia de las decisiones y, sobre todo, en la igualdad con que esas decisiones se aplican.
Porque una justicia verdaderamente ciega no ve colores políticos, nombres ni conveniencias. Ve personas y aplica la misma regla para todos.
