El caso venezolano sigue dando de qué hablar, habida cuenta de que tratándose de un proceso inédito políticamente hablando, dos fuerzas antagónicas, pero bajo el mismo patrón de tutelaje, están negociando agendas y posibles soluciones a la crisis, sin que la parte más importante de los factores políticos del país forme parte de la misma por voluntad propia, o atendiendo a una jugada, según la cual, su presencia pudiera alterar los planes del tutor, y su negocio.
Lo cierto es que ha comenzado a producir algunos acuerdos, y aunque no son del todo satisfactorios, alguna tranquilidad envía como mensaje el hecho de la liberación de presos políticos. Quizás la insuficiencia en cuanto al número de liberados, tiene que ver con las distorsiones, y la lucha interna por el poder en el oficialismo, pero sigue siendo insuficiente y cruel. Una sana transición y eventual reconciliación necesita que todos estén libres.
La agenda según la cual, se está estudiando el método para la designación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia; así como el nuevo Consejo Supremo Electoral, aun no está clara, y son parte de la angustia colectiva porque ambos organismos han sido artífices del fraude y la destrucción del país. El robo de las elecciones del 28 de julio de 2024 nació como una decisión política en Miraflores, y se ejecutó con la anuencia de esas dos instituciones, a cargo de fichas partidistas obedientes y sumisas.
Lo bueno, es que demostrado el fraude, y vista la salida del poder de uno de los más altos representantes del mismo, ahora hay que avanzar en la búsqueda de respuestas eficaces a la medida de esta crisis multidimensional.
No se trata solo de atender los aspectos políticos e institucionales, sino que también hay que atacar con suma urgencia los de carácter socioeconómico. No es posible que la ciudadanía compuesta por trabajadores profesionales; técnicos; administrativos y obreros, sigan devengando salarios miserables; es inaceptable que la inflación siga siendo de las más altas del mundo por falta de un plan económico coherente; que los jubilados y pensionados sigan en condiciones de supervivencia por la miseria que reciben luego de haber rendido una vida entera de labor al servicio del país.
Es lamentable que la retorica oficial siga escondiendo la ineficacia en la persecución y corrección de los factores que a través de la corrupción destruyeron la vida y desarrollo de los servicios públicos fundamentales, como la infraestructura; el transporte superficial, y subterráneo; urbano y suburbano. La asistencia médica pre y hospitalaria; la electricidad y las hidrológicas; los presupuestos universitarios, entre otros, a pesar de las potencialidades de riqueza natural explotable de manera sostenible, que la providencia regaló al país en toda su geografía. Todo ese afán olvidadizo contrasta con la pobreza de la población en general.
Hay que pisar el acelerador de las soluciones, y que nadie intente ganar tiempo para permanecer en el poder, que de todas maneras habrá que rehacer electoralmente. No es justo que haya quienes estén calculando una posible derrota de los factores gobernantes en Estados Unidos frente a las elecciones de medio término a celebrarse el dos de noviembre, para adecuar su papel frente la crisis.
Las inversiones multimillonarias de capitales internacionales que se requiere para la reconstrucción, no van a llegar mientras no haya seguridad jurídica, y ésta no será posible sin la renovación cabal de esa institución, y el respeto irrestricto por la legalidad marcada en la Constitución; su eventual reforma para adecuarla a la realidad, y la derogación de leyes inútiles que solo entorpecen nuestro desarrollo, como la Ley del Odio; la de extinción de dominio, entre otras leyes absurdas.
La reconstrucción es urgente, e impostergable; pero no debe tener improvisaciones o antojos al servicio de parcialidades. Un orden jurídico institucional para todos por igual.
Es un desastre la herencia que nos va quedando en materia de destrucción, luego de estos 27 años de acción revolucionaria. Hay que dar paso a la legitimación de las autoridades institucionales, y ello exige la aceleración de los acuerdos en la búsqueda de soluciones inmediatas, y mediatas como la celebración de elecciones presidenciales, y eventualmente de las parlamentarias, y a partir estas dos, todas las que existen en el marco de la Constitución, y solo esas.
Adecuar los mecanismos, y ampliar los acuerdos, hasta llegar al momento en que podamos elegir democráticamente a nuestras autoridades, y garantizar la legitimidad de origen y desempeño. No más intentos de excluir a nadie, y especialmente a aquellos que cuentan con el respaldo de las mayorías.
Es tiempo de actuar conforme a la responsabilidad que exige la actual circunstancia; hacerlo de manera responsable, teniendo como norte la pulcritud y la ética, para alcanzar los objetivos largamente proscritos por la vulgaridad, y la corrupción que se hizo dueña del país en estos lamentables años de ¨revolución¨.
¡Juguemos limpio!
@romanibarra
