El anuncio retumbó como un trueno de ironía en una Caracas acostumbrada al despojo y al desencanto, un contrato que entrega 65.000 millones de barriles de reservas petroleras y la explotación de 17 campos petroleros a corporaciones norteamericanas. Mientras los portavoces de Washington celebran el mayor acuerdo de la historia y las élites locales rubrican la firma con el aplomo de quien entrega lo ajeno, la Venezuela de a pie contempla el espectáculo con una mezcla de estupor y resignación. Nos agarraron, una vez más, con el catarro y sin pañuelo.
Nos encontramos atrapados en un escenario dantesco una clase política derrotada, sin brújula ni pudor, y un país sumido en la miseria más atroz. Este acuerdo no es un hecho aislado; es un viaje de retorno en el tiempo. Nos devolvieron sin escalas a las páginas de Oficina Nº 1, aquella extraordinaria novela de Miguel Otero Silva publicada en 1961. En la obra, el nacimiento vertiginoso de la población de El Tigre, en el estado Anzoátegui, exponía la grieta fundacional del modelo petrolero venezolano: el Staff, ese enclave privilegiado de las petroleras extranjeras con luz, agua y piscinas, frente a un pueblo pobre al otro lado de la cerca, sumido en el hambre, la oscuridad y la falta de esperanza.
La Venezuela de hoy parece escrita con la misma tinta de Otero Silva. De nuevo contemplamos la promesa de los dólares frescos que cruzan el océano, mientras las barriadas venezolanas siguen a oscuras y sin servicios. ¿Es posible que volvamos a chocar con la misma piedra?
El meollo del asunto no es solo económico; es un problema de memoria histórica y de soberanía usurpada. Ya en el siglo XIX, el Libertador Simón Bolívar entendió la trampa del saqueo privado sobre los bienes comunes. Con el Decreto de Quito de 1829, el Libertador decretó con absoluta claridad que la propiedad de todas las minas y riquezas del subsuelo correspondía al Estado republicano y no a corporaciones ni a particulares. Ese decreto sentó las bases jurídicas del derecho minero y petrolero en nuestra región la riqueza bajo la tierra pertenece al pueblo representado en su República.
Sin embargo, el anuncio reciente nos retrotrae al colonialismo extractivo. Prometen cerca de 100.000 millones de dólares en inversiones y una prosperidad de papel. Pero la historia venezolana enseña que la renta petrolera, administrada sin contrapesos, jamás llega al plato de comida del ciudadano común. Se disuelve en las aduanas, en las cuentas extraterritoriales de la corrupción y en la complacencia de una dirigencia que permutó la soberanía por oxígeno político.
Debemos estar con el ojo pelao. La única forma de evitar que este nuevo acuerdo se reduzca a un espejismo colonial es exigir garantías reales sobre el destino de esos recursos. La renta que deriven estas transacciones no puede terminar en la rendición incondicional frente al capital transnacional ni en el reparto entre élites; debe canalizarse de forma transparente hacia un Gran Fondo Nacional blindado, destinado prioritariamente a tres urgencias nacionales.
Salud Pública: La reconstrucción integral del sistema hospitalario nacional.
Educación: El rescate de la infraestructura educativa, la alimentación de nuestro niños y la dignificación del magisterio.
Pensiones Dignas: Un ingreso real e indexado para nuestros jubilados y pensionados.
Venezuela no necesita repetir el libreto de Oficina Nº 1 ni resignarse al papel de factoría extractiva. O el petróleo sirve finalmente para financiar el bienestar del pueblo venezolano, o asistiremos, como espectadores mudos, al reestreno de la vieja tragedia de la cerca, el barro y la ilusión frustrada.
Un pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla; un país que entrega sus riquezas sin exigir su dignidad, termina comprando su propia miseria.
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#Somos Aragua
Dirigente social y político del estado Aragua.
