La inteligencia artificial llega cuando las universidades venezolanas padecen presupuestos insuficientes, salarios miserables, pérdida de investigadores, deterioro de la infraestructura y una generación de relevo prácticamente inexistente. Esta coincidencia las coloca frente a dos crisis simultáneas, ya que por un lado deben sobrevivir dentro de un país cuyo prolongado deterioro económico, institucional y social destruyó buena parte de sus capacidades y, al mismo tiempo, deben transformarse ante una revolución tecnológica que está modificando la producción, organización y transmisión del conocimiento. En consecuencia, necesitan reconstruirse y reinventarse precisamente cuando menos recursos y capacidades poseen para hacerlo.
Y es que, mientras muchas universidades del mundo discuten cómo incorporar tutores inteligentes, laboratorios virtuales y sistemas personalizados de aprendizaje, las universidades venezolanas todavía luchan por mantener abiertas sus aulas y garantizar alguna forma de conectividad. Sin embargo, cualquier persona puede hoy conversar con un sistema inteligente, recibir explicaciones adaptadas a su nivel, comparar teorías, traducir contenidos, resumir libros e incluso interactuar con un avatar que reproduzca la voz y la imagen de un profesor. En síntesis, lo que hasta hace poco requería la presencia de una institución, un docente o una biblioteca puede encontrarse parcialmente –y guardando las distancias– en una plataforma tecnológica. Esta realidad obliga a las universidades a pensar más allá de la emergencia, porque aun si mañana aparecieran los recursos para reparar las instalaciones, recuperar los servicios y mejorar los salarios, continuaría pendiente las respuestas a una pregunta fundamental: ¿qué universidad necesita Venezuela cuando el conocimiento ya no se encuentra exclusivamente dentro de sus aulas?
La profesora Carmen García-Guadilla, en su reciente artículo “La universidad latinoamericana: de la sociedad del conocimiento a la sociedad de la inteligencia”, interpreta este momento como una etapa liminar, caracterizada por una profunda transformación en las formas de producir, organizar y utilizar el saber. Mientras la sociedad del conocimiento amplió el acceso a la información mediante Internet, las bibliotecas digitales y las redes académicas, la etapa emergente incorpora sistemas capaces de relacionar datos, producir explicaciones, generar contenidos y responder de manera personalizada. Entre las tendencias que la autora identifica se encuentran la pérdida de exclusividad de la universidad en la generación y validación del conocimiento, la descentralización del aprendizaje y los cambios en la enseñanza, la evaluación, la certificación, la investigación, la autoría y los espacios educativos. Aunque sus efectos definitivos todavía no pueden establecerse, ya estas transformaciones obligan a la universidad a revisar su organización, sus funciones y su relación con el conocimiento.
Del planteamiento anterior puede desprenderse el problema central que podrían estar enfrentando hoy las universidades; nos referimos al debilitamiento de las bases históricas que sostuvieron su única legitimidad académica durante siglos. En este contexto, la transformación tecnológica no constituye un cambio cosmético que pueda resolverse mediante la incorporación de nuevas herramientas en las aulas, como ocurrió con otras innovaciones en el pasado reciente. Lo que parece estar cambiando es la posición privilegiada de una institución que conservaba el conocimiento, reunía a quienes podían explicarlo y certificaba que una persona había adquirido una determinada formación. Si estas funciones han dejado de pertenecerle exclusivamente, las universidades deberán construir con urgencia nuevas razones que justifiquen su valor social, su permanencia y su liderazgo en el desarrollo de la sociedad.
Ahora bien, responder a este debilitamiento de la legitimidad en las universidades venezolanas, exige abandonar la idea de que no todas las universidades en el país pueden transformarse de la misma manera y siguiendo un solo plan. Sus capacidades científicas, tecnológicas e institucionales son profundamente desiguales y, por ello, también es lógico que sean diferentes sus funciones, prioridades y ritmos de cambio. Es claro, que algunas universidades –mayormente las autónomas y un puñado de las experimentales– aún conservan comunidades de investigación, programas de posgrado, redes internacionales y una parte significativa de la producción científica nacional. Otras instituciones apenas sostienen la docencia, carecen de líneas estables y productivas de investigación y, lo peor, aún se encuentran sometidas a las diferentes formas de control político que limitan incluso la posibilidad de definir un proyecto académico propio.
Ese primer grupo de las universidades autónomas y aquellas que todavía concentran las mayores capacidades científicas del país no tienen que comenzar desde cero. Su primera responsabilidad será preservar y reconstruir lo que aún existe: investigadores, laboratorios, posgrados, publicaciones, vínculos internacionales y sistemas de formación académica. A partir de esa base pueden asumir las funciones que adquieren mayor valor cuando el acceso a la información deja de ser exclusivo: producir conocimiento original, verificar la calidad de lo generado por sistemas inteligentes, formar investigadores, establecer criterios éticos y orientar agendas científicas vinculadas con los problemas nacionales. Para cumplir ese papel necesitarán financiamiento, renovación generacional y suficiente autonomía para gestionar recursos, establecer alianzas y decidir sus prioridades.
Estas universidades también deberían convertirse en nodos de un sistema universitario más amplio. Sus capacidades no pueden quedar encerradas dentro de sus propios campus ni utilizarse únicamente para mejorar su posición en clasificaciones internacionales. Podrían compartir laboratorios, repositorios, desarrollar programas conjuntos de pregrado y postgrado, recursos digitales y redes de investigación con universidades que carecen de esas condiciones. También están mejor preparadas para organizar la participación de la diáspora académica venezolana y vincularla con proyectos sostenidos de investigación y formación. En esa articulación podría encontrarse una parte de su nueva legitimidad, que les permita colocar el conocimiento acumulado al servicio de la reconstrucción de las capacidades nacionales.
La situación es distinta en un segundo grupo donde ubicamos a las universidades con escasa o inexistente productividad científica. Pretender que estas, se conviertan inmediatamente en instituciones de investigación avanzada conduciría a simulaciones ineficientes, publicaciones sin continuidad ni impacto y estructuras que consumen recursos que son creadas solamente para cumplir requisitos administrativos. Por esto, la transformación para estas universidades debe comenzar por un diagnóstico honesto de sus capacidades, la recuperación de la calidad de su personal docente, la formación de sus profesores, la actualización de los programas académicos y la identificación de los problemas específicos de los territorios donde funcionan. Su valor social puede construirse mediante una formación profesional rigurosa, la producción de conocimiento aplicado, la vinculación con las comunidades y la participación en redes con instituciones que posean mayor desarrollo científico.
Una universidad de este segundo grupo, no pierde necesariamente su sentido porque no concentre investigación de alto nivel. Lo pierde cuando desconoce las necesidades de su entorno, ofrece programas sin calidad, certifica aprendizajes que no puede garantizar y carece de un proyecto académico reconocible. Dentro de un sistema diferenciado, algunas instituciones pueden concentrarse en investigación avanzada y formación doctoral, mientras otras pueden especializarse en docencia, desarrollo profesional, innovación aplicada o atención de problemas regionales. Todas, sin embargo, deben demostrar la calidad y pertinencia de las funciones que decidan asumir.
Sin embargo, el desafío más grave se encuentra en aquellas universidades que, además de poseer capacidades científicas limitadas, permanecen controladas por el Gobierno con fines político-partidistas. La designación de autoridades, la subordinación de los procesos académicos y la imposibilidad de decidir prioridades que le son propias, impiden cualquier transformación genuina. Una institución que espera instrucciones para gestionar sus procesos académicos, establecer alianzas o investigar un problema difícilmente podrá responder a cambios tecnológicos que avanzan con enorme velocidad. En estos casos, la recuperación de la autonomía y de la legitimidad de su gobierno universitario constituye una condición previa para reconstruir la vida académica.
Esperamos que la Ministra de educación universitaria, profesora Ana María Sanjuan, comprenda esta urgente necesidad, ya que la subordinación partidista también afecta la función crítica de la universidad. La inteligencia artificial multiplica la cantidad de información disponible, pero aumenta igualmente la necesidad de verificarla, discutirla y someterla a criterios científicos y éticos. Una institución condicionada para confirmar el discurso del poder carece de libertad para ejercer esa función. Puede incorporar plataformas y equipos, pero continuará debilitada en aquello que debería otorgarle sentido: producir conocimiento confiable, cuestionar afirmaciones, formar criterio y responder ante su comunidad.
Venezuela necesita, por tanto, un sistema universitario diferenciado y articulado. Diferenciado, porque no todas las instituciones poseen las mismas capacidades ni deben asumir idénticas funciones; articulado, porque ninguna podrá enfrentar aisladamente la reconstrucción científica y la transformación tecnológica. Una política nacional debería garantizar condiciones comunes de financiamiento, conectividad, autonomía y evaluación, mientras promueve redes de cooperación, movilidad académica, infraestructura compartida y proyectos vinculados con las necesidades de cada región. El propósito no sería imponer un único modelo universitario, sino permitir que cada institución construya una función social verificable dentro de un sistema capaz de cooperar.
@letn2210
