En Venezuela, a veces la política se entiende mejor por cómo altera el movimiento cotidiano que por lo que anuncia en un comunicado. Una orden —dada con lenguaje de “orden público” y “protección”— puede terminar enseñándole al ciudadano algo más profundo que el cumplimiento: le enseña miedo. Y cuando se vuelve costumbre, ya no hablamos solo de trámites; es un modo de gobierno. El resultado no es únicamente la demora en la vía, sino una nueva pedagogía social: “adonde vas” pasa a significar “si cumples, quizá; si no, quizá te retengan”.
Alcabala, no necesariamente como impuesto literal cada vez, sino como lógica. Alcabala es el nombre antiguo de un peaje interior: una forma de extracción que se instala entre el ciudadano y su destino. Lo trágico es que hoy esa alcabala se disfraza de procedimiento. Se invoca la revisión para justificar el control, y el control se presenta como normalidad. Pero la calle aprende rápido cuándo una revisión es un deber legal y cuándo es una presión diseñada para someter.
En el centro están los papeles: los del vehículo, la identidad, y también el teléfono. No se trata de negar que existan controles. Se trata de recordar que el Estado no puede convertir cualquier revisión en detención cercana, ni en “retención sin motivo” claro, ni en práctica extra-judicial. La Constitución no está hecha para adornar discursos: está hecha para poner límites al poder.
El artículo 50 de la Constitución de Venezuela reconoce el derecho a la libre circulación: toda persona puede transitar y permanecer en el territorio en condiciones de normalidad jurídica, y las limitaciones solo deberían ocurrir por razones previstas en la ley y con respeto a garantías. Cuando una medida se aplica de modo que la movilidad cotidiana se vuelve un laberinto de sospechas, el derecho se vacía: ya no es libre tránsito, es permiso condicionado.
Pero el problema no termina en la circulación. La revisión de documentos —de vehículo y de identidad— tiende a convertirse, en algunos escenarios, en un umbral para otros abusos: la posibilidad de que te detengan o te retengan sin que quede claro el motivo; de que te exijan “papeles” como si fueran una moneda de paso; de que se prolongue la espera sin explicación verificable. Ahí entra la Constitución en toda su fuerza: el artículo 44 establece que nadie puede ser detenido arbitrariamente y que la libertad personal no se juega con discrecionalidad. Y el artículo 49 consagra garantías del debido proceso: si hay restricción de libertad o afectación grave de derechos, tiene que existir base legal, razonamiento y procedimientos que permitan control y defensa, no solo intimidación.
La práctica, sin embargo, muestra otra película. Se detiene “para revisar”, pero se siente como retención. Se pregunta “para aclarar”, pero se vive como interrogatorio. Se pide “por protocolo”, pero la calle lo interpreta distinto: como mecanismo de presión. Y ahí aparece el componente histórico y psicológico. Históricamente, cuando los reinos pequeños —los feudos locales— se fortalecen dentro del poder central, suele imponerse una regla invisible: manda el que está en el control, no el que tiene razón. En tiempos de crisis, eso se vuelve tentador para quienes administran el miedo como si fuera autoridad. No es casual que el lenguaje se cargue de épica (“orden”, “seguridad”), mientras el método se parece demasiado al mismo patrón: encapuchados o figuras sin identificación clara, motos o puestos improvisados, operaciones que no rinden cuentas y acciones que se justifican “en nombre del orden”.
El aspecto psicológico de la intimidación es especialmente corrosivo. El miedo no necesita golpes para funcionar: si incertidumbre. Cuando la persona no sabe si la revisión terminará en cinco minutos o en una hora, no sabe quién decidirá, siente que el criterio es flexible y dependiente del ánimo del momento, el cuerpo aprende a anticipar. Se conduce distinto. Se habla y se respira distinto. A la calle con papeles “por si acaso”, aunque el “si acaso” termine siendo la regla. Y si además se suma la revisión de datos personales y del teléfono —o la manipulación del celular como si fuera parte del procedimiento obligatorio— la intimidación se vuelve más profunda: no solo te detienen el paso, te detienen el control sobre tu propia vida.
En ese ambiente, el miedo se parece a una cárcel sin barrotes: estás cerca de la privación, de la pérdida de tiempo, de la humillación de explicar lo que debería ser evidente. La frase “sin motivo” no aparece porque alguien quiera dramatizar; aparece porque el ciudadano intenta buscar lógica donde la lógica falla. ¿Dónde está la base? ¿Quién responde si hay abuso? ¿Cómo se reclama? Cuando esas preguntas no encuentran respuesta, el procedimiento se vuelve extra-judicial, aunque tenga uniforme.
Y no olvidemos el componente económico, porque también es político. Muchas veces la razón declarada —orden o prevención— convive con efectos que recuerdan a una persecución selectiva: el país se administra como si fuese un mercado fragmentado, donde el movimiento de los venezolanos se puede encarecer y restringir. El ciudadano siente que la “Alcabala” no siempre está en una boleta; está en el costo del trámite, en el tiempo perdido, en el desgaste emocional, en el “arreglo” para evitar problemas. Incluso cuando no hay cobro explícito, existe una extracción de recursos invisibles: horas, energía, oportunidades. Y cuando además se cree que hay “venideros” y “bandas” de vigilancia —los “pequeños reinos” que se reparten el control— el resultado es la sensación de persecución cotidiana, como si cada quien fuera culpable hasta demostrar inocencia por agotamiento.
Aquí conviene hacer memoria del derecho para que no sea un texto lejano. El artículo 50 protege la libre circulación. El artículo 44 protege contra la detención arbitraria. El artículo 49 exige debido proceso cuando hay restricción importante. Y si en la práctica se repite que a la gente “la bajan”, la retienen o la paralizan sin motivación clara, sin garantías, sin canal de reclamo, lo que ocurre no es solo un exceso: es una degradación del Estado de derecho. Un Estado que no respeta estas fronteras constitucionales no solo pierde legitimidad: se transforma en amenaza constante.
La promesa de “seguridad” y la invocación de “protección” —por ejemplo, lo que se llama protección cuando se usa como excusa para justificar controles más duros o tratos más agresivos— también puede volverse un dispositivo hipócrita: se declara un fin noble, pero el método contradice el deber. Si el objetivo es proteger, entonces el procedimiento debe ser proporcional, transparente y garantista. Si el procedimiento genera miedo, arbitrariedad y desgaste, el fin declarado se desdibuja.
Por eso, cuando la calle dice “se siente intimidación” no se exagera: se describe un patrón. La intimidación no solo ocurre cuando hay violencia directa; es cuando el poder se ejerce sin claridad, sin identificación, sin límites verificables. Se convierte “Adonde vas” en una prueba de obediencia. El derecho constitucional a circular se arrincona ante un puesto que decide por capricho.
Y si de verdad se quiere orden público, la respuesta no es ampliar el miedo: es devolver reglas. Que se cumpla el artículo 50 sin convertir la libertad en excepción permanente. Que se respete el artículo 44 sin detenciones arbitrarias, aunque se argumente urgencia. Que se garantice el artículo 49 con procedimiento real, no solo con control aparente. Y que toda revisión de papeles del vehículo, identidad o uso de celular tenga base legal clara, razones comunicadas y posibilidad de control y reclamo.
Porque cuando el “hoy” se administra con Alcabala del miedo, el país no se ordena: se fractura por dentro. Y el costo no lo paga solo quien fue detenido: lo paga la confianza colectiva. Una sociedad que aprende a temer el control pierde algo más que tiempo en la fila: pierde el derecho a vivir con dignidad, incluso cuando camina, incluso cuando maneja, incluso cuando simplemente intenta llegar. Si quieren un Estado fuerte, que empiece por respetar lo que la Constitución exige; si no, el orden que se construye a punta de intimidación se parece demasiado a una prisión sin sentencia.
