Aquí y ahora, Venezuela.
Hay una oscuridad que llega cada noche y forma parte de la naturaleza. Y hay otra que llega sin aviso, sin explicación y sin hora de regreso.
Esa segunda oscuridad es la que millones de venezolanos conocen demasiado bien.
Un apagón de una hora puede ser una molestia. Dos o tres horas pueden alterar una rutina. Pero cuando la electricidad desaparece durante ocho, diez o doce horas, sin programación, sin información y sin una respuesta clara, deja de ser simplemente un corte eléctrico.
Se convierte en una experiencia de vulnerabilidad.
Porque detrás de cada puerta hay una historia que el sistema eléctrico no conoce —o parece no querer conocer—: un niño que necesita dormir en medio de temperaturas insoportables, un adulto mayor, una persona enferma que depende de equipos eléctricos, alguien que necesita conservar medicamentos, una familia que no puede utilizar un ventilador, un aire acondicionado o siquiera garantizar condiciones mínimas de descanso.
Y en el oriente venezolano la situación adquiere otra dimensión.
Hay días en los que el calor alcanza aproximadamente los 39 o 40 grados, mientras la sensación térmica puede superar los 41. En esas condiciones, permanecer durante horas sin electricidad no es simplemente incómodo.
Puede ser peligroso.
La pregunta entonces es inevitable:
¿Quién se hace responsable cuando un servicio público indispensable deja de funcionar durante tantas horas y pone en riesgo la vida, la salud y el patrimonio de los ciudadanos?
Porque también está la otra factura de la oscuridad.
La que llega después.
Neveras, televisores, aires acondicionados, computadoras, bombas de agua, routers y otros equipos pueden sufrir daños por las interrupciones y, especialmente, por las variaciones y sobretensiones asociadas al restablecimiento del servicio.
Y cuando el electrodoméstico se quema, generalmente la familia venezolana queda sola frente al problema.
No hay una respuesta inmediata.
No hay una reparación garantizada.
No hay, para la mayoría, un mecanismo sencillo que permita recuperar lo perdido.
Y entonces ocurre algo profundamente injusto: el ciudadano termina pagando dos veces.
Paga por un servicio que no recibe con la calidad esperada y después paga para reparar o reemplazar lo que ese servicio deficiente pudo haber dañado.
¿Y Venezuela no puede?
Esta es quizás la pregunta que más incómoda.
Venezuela posee uno de los mayores potenciales hidroeléctricos de América Latina y durante décadas El Guri fue símbolo de una nación capaz de generar enormes cantidades de energía.
Por eso, cuando se producen interrupciones prolongadas y reiteradas, el ciudadano tiene derecho a preguntar qué está ocurriendo.
No basta con decir que existe generación suficiente instalada.
El sistema eléctrico no depende únicamente de la capacidad de una represa. También requiere generación disponible, mantenimiento, transmisión, distribución, subestaciones, inversión, planificación y gestión.
Pero precisamente por eso la pregunta se vuelve todavía más seria:
¿Dónde están las inversiones? ¿Dónde está el mantenimiento? ¿Dónde está la planificación? ¿Dónde está la información al ciudadano?
Porque el venezolano no puede vivir eternamente esperando que alguien le explique por qué la electricidad se fue.
Y mucho menos puede acostumbrarse a pensar que vivir sin electricidad durante medio día es parte de la normalidad.
Mientras tanto, en otros lugares…
Uruguay ofrece una comparación interesante.
Es un país con un sistema eléctrico muchísimo menor que el venezolano. No posee una instalación hidroeléctrica comparable con El Guri ni los recursos energéticos que históricamente tuvo Venezuela.
Sin embargo, ha construido una matriz eléctrica diversificada y un sistema de gestión que ha permitido alcanzar elevados niveles de confiabilidad.
Y existe otro elemento que debería hacernos reflexionar.
La empresa pública uruguaya UTE dispone de mecanismos para que los usuarios puedan presentar reclamaciones por daños en artefactos eléctricos atribuibles al servicio, bajo determinadas condiciones.
No significa que cualquier aparato quemado sea automáticamente indemnizado.
Significa algo más importante:
Existe un mecanismo institucional para que el ciudadano pueda reclamar.
Y esa diferencia importa.
Porque un Estado no solamente debe cobrar, administrar y exigir.
También debe responder.
La oscuridad no puede convertirse en costumbre
Venezuela lleva casi 27 años atravesando una historia política que ha transformado profundamente la vida de sus ciudadanos.
Hemos aprendido a sobrevivir a la inflación, a la escasez, a la migración de nuestros hijos, al deterioro de los servicios, a la pérdida del poder adquisitivo, a la incertidumbre y a tantas otras formas de precariedad.
Ahora también debemos aprender a organizar nuestra vida alrededor de la electricidad.
¿Cuándo se va?
¿Cuánto durará?
¿Podremos dormir?
¿Se dañará la nevera?
¿Habrá agua?
¿Podrá funcionar el equipo médico?
¿Podremos trabajar?
¿Podrán nuestros hijos estudiar?
Eso no puede ser el modelo de vida de una sociedad.
Y mucho menos de un país que durante décadas fue presentado como una potencia energética.
No se trata solamente de tener electricidad.
Se trata de tener un Estado capaz de garantizar servicios públicos dignos, transparentes y confiables.
Y cuando no pueda hacerlo, debe explicar por qué.
Debe informar.
Debe atender.
Debe reparar.
Debe responder.
Porque detrás de cada apagón hay una familia.
Detrás de cada electrodoméstico dañado hay un esfuerzo económico.
Detrás de cada noche de calor hay un cuerpo que resiste.
Y detrás de cada persona enferma que espera que vuelva la electricidad hay algo que ninguna estadística debería olvidar:
Hay una vida.
Tal vez por eso, más que preguntarnos cuándo volverá la luz, deberíamos comenzar a preguntarnos:
¿Cuánto tiempo más vamos a aceptar vivir a oscuras?
@JannethTex
