El TSJ fue el instrumento con el que el chavismo le dio forma jurídica a cada abuso contra el cambio pacífico y político que los venezolanos han intentado durante las últimas dos décadas. Sin ese sello del poder judicial, ninguna de estas decisiones se habría sostenido un solo día.
Durante dos décadas, la tragedia institucional de Venezuela no se escribió únicamente en los cuarteles ni en las salas de represión de la policía política; se redactó, se folió y se selló con toga y martillo en las salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El máximo tribunal de la República jamás operó como el fiel de la balanza ni como el garante de los derechos constitucionales. Por el contrario, se convirtió en el brazo ejecutor del autoritarismo: el instrumento técnico mediante el cual cada abuso de poder, cada confiscación de derechos y cada zarpazo a la soberanía popular fue revestido con una perversa fachada de legalidad.
1. Anatomía del Secuestro Judicial (2015 – 2024)
La cronología de este desmantelamiento institucional evidencia una constante clara: cada vez que el país intentó encauzarse por una salida pacífica y democrática, la respuesta del régimen no fue política sino un zarpazo judicial.
Anulación de la Soberanía Popular: (2015-2016): El TSJ inventó la doctrina del “desacato” para anular de un plumazo la victoria de la Asamblea Nacional electa en 2015, despojando al pueblo de su representación legítima y bloqueando el Referéndum Revocatorio en 2016.
Sostén de la Ilegitimidad (2017): El TSJ fungió como el pilar jurídico que dio aval a la instalación e imposición de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de 2017.
Desarticulación de Partidos Políticos (2020): El TSJ intervino judicialmente las directivas de Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y COPEI, confiscando sus tarjetas e insignias para entregárselas a sectores cooptados.
Ingeniería Electoral y Veto a Liderazgos (2021-2024): El TSJ anuló el triunfo opositor en las elecciones regionales de Barinas en 2021 ordenando su repetición; intentó suspender los efectos de la Primaria de octubre de 2023; ratificó la inhabilitación arbitraria de María Corina Machado en enero de 2024; y pretendió “certificar” a ciegas el fraude electoral del 28 de julio sin la presentación de una sola acta.
Consolidación de la Persecución y la Impunidad: El TSJ negó de forma sistemática los recursos de habeas corpus y amparos constitucionales a favor de los detenidos políticos, mientras allanaba expresamente las inmunidades parlamentarias para autorizar la persecución contra diputados.
2. El anuncio de la Mesa de Negociación y la recomposición total
A) Frente al reciente acuerdo anunciado en la mesa de negociaciones respecto a la recomposición total del Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano sostiene que esta medida no puede ser tratada como un simple reparto de cuotas entre cúpulas ni como un trámite formal. Constituye una exigencia existencial e impostergable para la reconstrucción de la República.
B) Condiciones Irrenunciables para la Renovación del Poder Judicial:
C) Despolitización Absoluta: La designación de los nuevos magistrados debe responder únicamente a la solvencia moral, el mérito profesional y la trayectoria académica, erradicando toda lealtad partidista o ideológica.
D) Nulidad de Actos Arbitrarios: Debe procederse a la revisión y anulación de origen de todas las sentencias dictadas para perseguir liderazgos, inhabilitar ciudadanos y confiscar símbolos de organizaciones políticas.
E) Restablecimiento de la Tutela Judicial Efectiva: El Poder Judicial debe volver a ser el escudo protector de los derechos humanos y la Constitución, garantizando el amparo inmediato frente a la represión y el abuso de poder.
Admitir la reestructuración completa del Poder Judicial es reconocer que la estructura actual no admite reformas superficiales ni lavados de cara. Sin un tribunal independiente que se someta con rigor a la Constitución, la libertad, la paz y la democracia en Venezuela seguirán siendo una utopía confiscada por la ley del más fuerte.
El Poder Ciudadano es la gente.
Dirección Ejecutiva de Poder Ciudadano
