El inicio de las discusiones en la Mesa de Negociación no puede asumirse como un simple ritual político ni como una estrategia para dilatar las transformaciones urgentes que el país demanda. Tras años de desgaste e incertidumbre, Venezuela no requiere otra retórica de buena voluntad a puerta cerrada; exige compromisos firmes, verificables y de ejecución inmediata.
El único rol legítimo de este espacio es servir como un instrumento operativo para la restitución democrática y la estabilidad nacional. Para que este proceso tenga sentido y credibilidad ante la ciudadanía, las conversaciones deben responder directamente a tres exigencias fundamentales:
Garantías institucionales y electorales: Un cronograma transparente, la recomposición independiente de los poderes públicos y reglas claras que devuelvan la soberanía al voto popular.
Derechos humanos e intocables: La liberación inmediata y plena de todos los presos políticos, el cese de la persecución y la supervisión de organismos internacionales e independientes.
Cuentas claras y plazos estrictos: Metodología pública, resultados medibles en el corto plazo y el fin de los pactos cupulares sin rendición de cuentas.
Los venezolanos no esperan milagros ni discursos complacientes; exigen resultados concretos. Si la Mesa no produce avances medibles desde sus primeras jornadas, quedará reducida a un trámite estéril. La verdadera negociación no es entre las partes sentadas a la mesa: el compromiso ineludible es con la libertad, la justicia y el futuro de toda la nación.
