El acuerdo petrolero por 65.000 millones de dólares para entregar el control operativo de campos estratégicos venezolanos a empresas extranjeras puede ser denunciado como una cesión de soberanía o celebrado como el comienzo de la reconstrucción petrolera. Pero ambas interpretaciones eluden una realidad más incómoda: Venezuela ya no tiene capacidad financiera, técnica ni institucional para recuperar por sí sola la industria que el chavismo destruyó.
Después de la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha tenido que hacer algo que hasta hace poco el propio chavismo habría calificado como traición a la patria: abrir ampliamente la industria petrolera al capital extranjero y aceptar mecanismos externos de supervisión sobre sus ingresos.
No es una conversión ideológica al capitalismo.
Es supervivencia.
El Estado necesita dinero, tecnología y capacidad operativa que ya no posee. Y las empresas dispuestas a invertir decenas de miles de millones de dólares exigirán rentabilidad, seguridad jurídica y garantías contra futuras expropiaciones.
Por eso el problema tampoco desaparecería con un gobierno de oposición.
Un gobierno encabezado por María Corina Machado, Henrique Capriles, Enrique Márquez o cualquier otro dirigente podría disponer de mayor legitimidad internacional, someter los contratos a una Asamblea Nacional reconocida, incorporar organismos multilaterales y establecer mecanismos más transparentes para administrar los ingresos.
Todo eso sería importante.
Pero tampoco produciría petróleo por generación espontánea.
Ese gobierno necesitaría igualmente capital extranjero, tecnología, mercados y garantías internacionales. La diferencia estaría en las condiciones institucionales de la apertura, no en su necesidad.
La soberanía no se decreta.
Un país que necesita capital extranjero para producir su petróleo y garantías externas para proteger las inversiones posee inevitablemente una soberanía limitada en términos prácticos. Reconocerlo no significa que la soberanía carezca de importancia. Significa distinguir entre soberanía declarada y capacidad real para ejercerla.
Aquí aparece además otra cuestión que merece atención: los cien años previstos para estos acuerdos.
A primera vista parece una extravagancia. Probablemente no lo sea.
Puede cambiar el gobierno de Estados Unidos y permanecer el venezolano. Puede cambiar el de Venezuela y continuar el estadounidense. O pueden cambiar ambos.
En cualquiera de esas combinaciones lo más probable es que los nuevos gobiernos terminen preservando la naturaleza fundamental del acuerdo, incluso si antes lo denunciaron.
Podrán renegociarlo.
Podrán modificar algunas cláusulas.
Seguramente le cambiarán el nombre.
La política también consiste en rebautizar aquello que resulta demasiado costoso eliminar.
Un futuro gobierno opositor podría denunciar hoy el acuerdo de Delcy Rodríguez y descubrir mañana, desde Miraflores, que necesita exactamente las mismas inversiones para mantener funcionando la industria.
Algo semejante ocurriría en Washington. Mientras Estados Unidos considere el petróleo venezolano parte de sus intereses económicos y de seguridad energética tendrá pocos incentivos para desmontar una estructura que garantiza precisamente esos intereses.
Cambiarán gobiernos y discursos.
La transacción fundamental probablemente permanecerá.
Por eso no resulta descabellado pensar que el acuerdo sobreviva, bajo ese nombre o cualquier otro, durante los cien años para los cuales ha sido concebido.
No porque sus cláusulas sean eternas sino porque los intereses que lo sostienen son mucho más resistentes que los gobiernos.
Podrá gobernar Venezuela la izquierda o la derecha. Todos encontrarán el mismo petróleo debajo de la tierra, la misma necesidad de capital y aproximadamente la misma geografía alrededor del país.
Y la geografía suele tener más paciencia que las ideologías.
Sólo un nuevo régimen inspirado en alguna variante marxista-leninista, dispuesto a hacer de la confrontación suicida con Estados Unidos su razón política, tendría incentivos para intentar una ruptura completa.
No es imposible.
Pero después del estruendoso fracaso del experimento iniciado por Hugo Chávez habría que convencer otra vez a los venezolanos de que la solución a las ruinas dejadas por una revolución consiste en intentar otra todavía más revolucionaria.
Hasta el disparate necesita alguna base social.
El filósofo español Gustavo Bueno probablemente habría reconocido en esta relación una manifestación de su dialéctica de imperios. Los Estados no existen en un mundo compuesto por naciones igualmente poderosas que intercambian amablemente declaraciones de soberanía. Existen dentro de relaciones concretas de fuerza, economía, geografía e intereses.
Y los Estados pequeños o debilitados inevitablemente disponen de menos alternativas frente a los grandes.
Ese parece ser ahora el caso venezolano.
Si este acuerdo va a sobrevivir gobiernos chavistas, opositores, republicanos y demócratas, entonces la discusión verdaderamente importante no debería reducirse a quién entregó la soberanía y quién promete recuperarla.
La pregunta útil es otra.
¿Cómo aprovechar una relación que probablemente acompañará a Venezuela durante generaciones para reconstruir infraestructura, formar capital humano, recuperar los servicios públicos y desarrollar una economía que algún día dependa menos del petróleo?
También habrá que impedir que alrededor de los miles de millones de dólares aparezca simplemente una nueva casta de intermediarios, contratistas, políticos y comisionistas sustituyendo a la anterior.
Porque quizás dentro de cincuenta años nadie recuerde a quienes firmaron este acuerdo. Probablemente tampoco conserve el mismo nombre.
Pero mientras Venezuela tenga petróleo, necesite capital para explotarlo y permanezca donde la geografía decidió colocarla, alguna versión del acuerdo seguirá existiendo.
La soberanía seguirá siendo importante.
La retórica de la soberanía, bastante menos.
@humbertotweets
