En Venezuela el tiempo nunca ha sido políticamente neutral. El chavismo lo entendió hace mucho y ha hecho de su administración una forma de poder. Negocia para ganar tiempo, promete para ganar tiempo y, cuando todo falla, simplemente espera. La oposición, en cambio, suele vivir pendiente del próximo acontecimiento decisivo. En esa asimetría puede estar escondida la clave de los próximos cuatro años.
Si valoramos las condiciones materiales objetivas de la situación venezolana, dejando de lado deseos y entusiasmos, hay que admitir una posibilidad incómoda: Las próximas elecciones generales probablemente serán en 2030, dentro del calendario establecido por la Constitución chavista de 1999.
No sería un desenlace accidental. Es, precisamente, el escenario que más conviene al chavismo.
Llegar hasta 2030 permitiría a Delcy Rodríguez y su círculo convertir una situación excepcional en una nueva normalidad. El argumento sería impecablemente cínico: no se estarían retrasando elecciones sino respetando el calendario constitucional. Quienes durante más de dos décadas han utilizado la Constitución como plastilina podrían terminar invocándola solemnemente para explicar por qué los venezolanos deben esperar.
El chavismo siempre ha utilizado su legalidad como instrumento político. Uno de los errores recurrentes de la oposición ha sido aceptar como terreno neutral una institucionalidad construida y controlada por el propio régimen. Ya hemos visto cómo participar dentro de esas reglas termina convirtiendo al chavismo simultáneamente en jugador, árbitro y dueño del estadio.
Esperar hasta 2030 tampoco significa permanecer inmóvil. Cuatro años permitirían reorganizar el partido gobernante, recomponer alianzas militares, reconstruir redes clientelares, aprovechar una eventual recuperación económica y fabricar una identidad política menos asociada a Nicolás Maduro. Pero, sobre todo, permitirían trabajar sobre el cansancio de los demás.
Ese puede ser el arma política más eficaz.
Una población que ha vivido durante años esperando desenlaces inminentes tendría que soportar otra larga transición. Vendrían negociaciones, reformas institucionales, nuevas autoridades electorales, liberaciones parciales, promesas y todas esas estaciones intermedias capaces de transformar un viaje de meses en una excursión de cuatro años.
El resultado previsible sería más emigración, indiferencia y ciudadanos concentrados exclusivamente en sobrevivir. El agotamiento, además, no perjudica por igual a todos. Un régimen autoritario puede sobrevivir perfectamente con una población desmovilizada. Una oposición democrática, no.
Allí aparece el verdadero peligro para la oposición.
Cuanto más se prolongue el proceso, mayores serán los incentivos para que algunos sectores acepten gradualmente el calendario de 2030 a cambio de concesiones parciales: alcaldías, gobernaciones, legalización de partidos, diputaciones o acceso a determinados espacios institucionales.
Naturalmente, nadie lo llamará capitulación. Se hablará de “acumulación de fuerzas”, “ocupación de espacios” y “realismo político”. Siempre existe un vocabulario respetable para explicar lo que ayer parecía inaceptable.
El mecanismo tampoco sería novedoso. Durante años buena parte de la oposición quedó atrapada en el circuito negociación-elección-negociación dentro de la institucionalidad construida por el chavismo. Ahora el chavismo podría utilizar exactamente esa lógica para dividir entre quienes acepten esperar hasta 2030 y quienes consideren que hacerlo equivale a legitimar retrospectivamente todo lo ocurrido.
María Corina Machado enfrentaría especialmente esa contradicción. Su capital político depende de representar una ruptura con la resignación y de sostener que existe un mandato político todavía pendiente. El chavismo no necesita necesariamente derrotarla frontalmente. Puede intentar algo mucho más barato: esperar mientras promueve alternativas opositoras, estimula divisiones y deja que el calendario haga parte del trabajo.
Existe, sin embargo, una variable capaz de alterar ese cálculo: Estados Unidos.
La recuperación petrolera y gasífera ofrece al chavismo recursos indispensables para estabilizar la economía, pero también proporciona a Washington mecanismos de presión. Si el acceso a inversiones, financiamiento y normalización internacional queda condicionado a avances políticos verificables y a un cronograma electoral anterior a 2030, el costo de esperar podría hacerse demasiado elevado.
Si ocurre lo contrario, Delcy Rodríguez habrá encontrado una fórmula extraordinaria: recibir los beneficios económicos de la transición sin realizar la transición.
Y todavía quedan las Fuerzas Armadas. El poder chavista depende finalmente menos de su popularidad que del control de las estructuras militares. Cuatro años también servirían para recomponer lealtades, distribuir recursos y consolidar una nueva jefatura política.
Por eso 2030 no es inevitable. Pero hoy es extraordinariamente conveniente para el chavismo.
La verdadera batalla venezolana quizás ya no sea solamente por quién gobierna, sino por quién controla el calendario. Porque el chavismo entiende algo elemental: sobrevivir hasta 2030 puede ser casi equivalente a ganar en 2030.
Después de tantos años deberíamos haber aprendido al menos esto: cuando el chavismo pide tiempo, rara vez lo quiere para preparar su salida.
@humbertotweets
