Dinorah Figuera no llegó al centro de la negociación venezolana porque haya conquistado ese espacio políticamente dentro del país. No encabeza una fuerza electoral propia ni ha construido una jefatura opositora capaz de explicar el protagonismo que ahora se le atribuye.
Por eso la pregunta es inevitable: ¿de dónde salió Dinorah Figuera? O mejor, ¿quién propuso su nombre como representante de la oposición venezolana al Departamento de Estado de los Estados Unidos?
La respuesta parece estar menos en la dinámica interna de la oposición que en una combinación de necesidades políticas, jurídicas y estratégicas entre Caracas y Washington.
El chavismo necesita una oposición con la cual pueda negociar sin colocar inmediatamente sobre la mesa su propia desaparición. Washington, por su parte, necesita una contraparte venezolana que proporcione continuidad jurídica para manejar sanciones, fondos congelados, activos externos, licencias petroleras y otros asuntos que no se resuelven con consignas sino con documentos capaces de sobrevivir al escrutinio de tribunales y agencias.
Y allí aparece la Asamblea Nacional electa en 2015.
Dentro de Venezuela esa Asamblea tiene hoy una capacidad material extremadamente limitada. O ninguna. No controla instituciones, territorio, cuerpos de seguridad ni presupuesto. Pero fuera del país conserva utilidad como referencia jurídica para decisiones relacionadas con activos venezolanos sometidos a jurisdicciones extranjeras.
Figuera, como presidenta de la Comisión Delegada de esa Asamblea, adquiere entonces un valor que no depende de su peso electoral. Su importancia estaría menos en los votos que controla que en la representación institucional que puede ejercer.
Su papel puede servir de puente entre decisiones políticas tomadas en Washington y mecanismos jurídicos relacionados con bienes y recursos venezolanos en el exterior. Eso explica mejor su protagonismo que cualquier súbita revelación de liderazgo.
Pero el esquema también supone una selección política.
María Corina Machado representa una fuerza opositora con respaldo propio y capacidad política independiente de la mesa. Eso la convierte en un actor relevante, pero no necesariamente en el interlocutor más funcional para un proceso cuyo objetivo inicial puede ser estabilizar determinadas variables antes que producir una ruptura inmediata del sistema.
No hay que convertir su exclusión en una epopeya. Lo importante es entender qué tipo de negociación se está diseñando.
Si Figuera responde a la necesidad de Washington de disponer de una contraparte jurídicamente reconocible y a la disposición del chavismo de negociar con una oposición que no amenace inmediatamente su control del Estado, resulta razonable pensar que el proceso estará orientado hacia acuerdos transaccionales y no necesariamente hacia una transición política integral.
La diferencia es esencial: un acuerdo transaccional resuelve problemas entre las partes. Una transición altera la estructura del poder.
La negociación podría producir acuerdos energéticos. Washington tiene interés en la estabilidad de las operaciones petroleras y el chavismo necesita inversión, ingresos y acceso a recursos financieros. Estados Unidos actúa conforme a sus intereses nacionales, como cualquier potencia. La administración Trump puede considerar que una estabilización gradual de Venezuela, acompañada de garantías energéticas y financieras, sirve mejor a sus objetivos que una ruptura desordenada de consecuencias imprevisibles.
Eso no es necesariamente una concesión ideológica al chavismo. Es política exterior. Y la política exterior rara vez se escribe con tinta sentimental.
También podrían acordarse modificaciones en el CNE, cambios limitados en el TSJ y espacios para sectores de la oposición tradicional. Pero incorporar opositores a organismos históricamente controlados por el chavismo no garantiza su transformación. El régimen ha demostrado una notable capacidad para ceder posiciones sin ceder el control.
Igualmente podrían liberarse recursos venezolanos bloqueados en el exterior a cambio de compromisos políticos. La lógica sería sencilla: recursos por estabilidad, reconocimiento por cooperación y concesiones institucionales por alivio financiero.
El problema es determinar hacia dónde conduce todo esto.
Una negociación puede liberar recursos y crear espacios políticos sin modificar la estructura fundamental del poder. En ese caso estaríamos ante una normalización progresiva del sistema, no ante una transición.
El chavismo obtendría recursos, reconocimiento y tiempo. Tiempo. La oposición moderada recuperaría relevancia y espacios de interlocución. Estados Unidos avanzaría en asuntos energéticos, financieros y migratorios vinculados con sus intereses estratégicos.
Todo puede resultar racional para quienes negocian. La pregunta es si también lo será para Venezuela.
Porque lo que ha sobrado son negociaciones. Oslo, Barbados y México produjeron compromisos presentados como avances decisivos. Después llegó la conocida ambigüedad: cada parte interpretó lo firmado según su conveniencia y finalmente comenzó otra negociación para discutir por qué no se había cumplido la anterior.
Una suerte de movimiento perpetuo diplomático.
Por eso saber de dónde salió Dinorah Figuera no es una curiosidad sobre las luchas internas de la oposición. Permite entender qué se está negociando realmente.
¿Se construye un mecanismo para transferir progresivamente el poder? ¿O un pacto para estabilizar al país sin alterar demasiado la estructura que hoy lo controla? ¿Quién garantizará los acuerdos y qué ocurrirá si el chavismo recibe sus beneficios pero interpreta sus obligaciones con la flexibilidad que ya conocemos?
Porque cualquier negociación puede producir un documento.
Lo difícil es producir una realidad.
Entender por qué Dinorah Figuera resulta conveniente permitirá saber si esta negociación construirá un acuerdo viable o si, una vez más, navegará hacia ese océano de ambigüedad donde han naufragado casi todas las anteriores.
@humbertotweets
