El hermetismo no le viene bien a la salud pública de los venezolanos. Saber quiénes, qué y cómo se debate el interés nacional es un asunto de todos. Hay que abrir las puertas para que el país también diga presente en la mesa de diálogo.
Esta suerte de “comité político” que se instaló formalmente el pasado 1 de agosto, no es, a juicio de quien escribe, una mesa de negociación entre iguales, mucho menos una nueva etapa de concertación política entre las partes, por cuanto es pública la incapacidad histórica de estos sempiternos actores para alcanzar acuerdos. De un lado, esta oposición ha sido incapaz de torcer la voluntad hegemónica de este régimen que se niega a toda costa a ceder espacios. Por otra parte, haciendo uso del poder del Estado, el gobierno irrespeta a conveniencia todo el entramado constitucional y de manera dictatorial usurpa la soberanía nacional.
En décadas no ha existido ningún debate o discusión entre la oposición y el gobierno que haya derivado en una acción conjunta que favorezca la paz del país. Hemos navegado siempre en la confrontación y en la intolerancia, apostando por la aniquilación del otro.
La verdad irrefutable es que la nueva cara del régimen responde diligentemente al mandato expreso del gobierno de Washington, so pena de una intervención militar. No es una reunión para acordar “una agenda” hacia la transición. Es la ejecución de la línea previamente diseñada en el país del norte, sin importar el consentimiento tanto de quienes aún mantienen el poder como los que disienten.
Esta presión real, imperial y necesaria en la coyuntura actual, coloca por primera vez en un balance de fuerza superior a la oposición. Importante: no toda la expresión de ella, apenas un sector también con saldo negativo en sus pretensiones en el pasado.
El nuevo rostro de la dictadura postmadurista entiende que enfrenta una agenda impuesta desde la Casa Blanca. Esta “mesa de diálogo” paritaria (supervisada por el encargado de negociones de los Estados Unidos en Caracas con el objeto de certificar el fiel cumplimiento del plan de Washington), parece también develar los factores opositores avalados por el Departamento de Estado para protagonizar esta etapa hacia la transición. “Muchos son los llamados y pocos los escogidos”, afirma las Santas Escrituras. Los argumentos de estas acciones siguen estando en los decisores norteamericanos y no en los actores venezolanos.
En la acera de enfrente, están los venezolanos de a pie, expectantes, vigilantes, procurando descifrar el plan de los vecinos del norte, que son, en definitiva, los ajedrecistas exclusivos en este juego. No obstante, el sufrimiento y la indignación populares acrecentados luego de los desbastadores sismos, no puede soslayarse, porque puede irrumpir en la escena y poner en entredicho “ese estado de felicidad” que asegura el expansionista Trump. Esta “estabilidad” tiene patas cortas y puede sobrevenir escenarios no previstos.
De tal suerte, que el hermetismo de esas conversaciones no le viene bien a la salud pública del país. Todos los sectores deben ser escuchados y atendidos. La familia trabajadora, duramente golpeada en sus condiciones de vida, tiene que tener una voz en esa mesa, porque los que están allí sentados no representan en su totalidad a la nación. No por ello, dejamos de aspirar y contribuir para que se convierta en un mecanismo que genere las condiciones institucionales para la celebración de unas elecciones que nos permita recobrar la voluntad popular.
Así que lo ideal es que los gremios se reúnan para exigir que sean incorporadas sus legítimas aspiraciones. Los trabajadores de la educación, de la salud, de la construcción, los empresarios, los estudiantes, los movimientos sociales, las organizaciones políticas en general, tienen que ejercer la presión necesaria a fin de que dicho encuentro tribute verdaderamente al interés nacional.
Las demandas sociales y las urgentes respuestas ante la crisis humanitaria representan en los minutos aciagos de la vida política del país, el capítulo crucial de esa futura agenda. De modo que, si lo político elude lo social en el debate nacional, el estruendoso fracaso será de consecuencias impredecibles.
Los largos años de lucha social han puesto de relieve consideraciones que deben ponderarse forzosamente, a saber: 1. La reinstitucionalización debe garantizar el impedimento de nuevas hegemonías políticas en el futuro, es por ello que cada vez más los venezolanos exigen que el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral sean electos en primer grado.
Al mismo tiempo, elecciones de segunda vuelta, sistema proporcional que garantice la representación de las minorías, alternabilidad en el poder de un solo período, con dispositivos legales que permitan la aplicación del pedido de vacancia presidencial y donde los nombramientos de los ministros requieran la aprobación del poder legislativo. En otras palabras, hacemos referencia a la instauración de un Presidencialismo Parlamentario. La reinstitucionalización pasa por una reingeniería en la arquitectura del Estado y no en la sustitución de nombres, lo que constituye una estafa en la aspiración histórica del pueblo venezolano.
No puede continuar la opacidad del Fondo de Desarrollo Global, el instrumento financiero que le permite a EUA administrar los ingresos de las exportaciones de petróleo y oro venezolanos. Hasta la fecha ni el interinato de Delcy Rodríguez ni Estados Unidos han dado números de cuánto ha ingresado ni el destino de ese fondo fiduciario. Los salarios todavía por el suelo tenían en el pasado la excusa de las sanciones. La pregunta: ¿cuál es la razón ahora? Es el momento ideal para retomar el diálogo social, impulsar las contrataciones colectivas y mejorar las condiciones laborales. En definitiva, ese espacio de “entendimiento” debe abrirse al país para realizar cambios sustanciales y no gatopardianos con la meta trascendental de salir del atolladero histórico en el que nos encontramos.
