La transición venezolana no se decidirá por el lenguaje de quienes administran provisionalmente el poder, sino por la desaparición verificable de las instituciones, prácticas y privilegios que hicieron posible el régimen chavista
Hay algo desconcertante, casi novelesco, en escuchar a Delcy Rodríguez hablar de un Estado que no atropelle al ciudadano, de respeto a los derechos, reconciliación, inversiones, servicios públicos eficientes y prosperidad. No porque esas aspiraciones sean equivocadas. Todo lo contrario. Son precisamente las cosas que Venezuela demanda con urgencia. Lo extraordinario es que quien las proclama haya pertenecido durante tantos años al sistema político que causó su destrucción.
La Venezuela de hoy vive de estas paradojas.
Los antiguos dirigentes de la revolución empiezan a hablar el idioma de las fuerzas democráticas. Descubren las virtudes de la inversión privada después de años de expropiaciones; la seguridad jurídica después de haber convertido las instituciones en instrumentos del poder; los derechos humanos después de las persecuciones; la reconciliación después de los presos políticos; y hasta las bondades de un Estado reducido y eficiente después de construir una burocracia que convirtió obtener un pasaporte, una cédula o una pensión en una carrera de obstáculos.
No debemos despreciar ese cambio de lenguaje. En política, las palabras importan. Que quienes ayer consideraban determinadas ideas expresiones de una conspiración extranjera las presenten hoy como necesidades nacionales demuestra hasta qué punto ha cambiado Venezuela. Pero sería todavía más peligroso confundir el cambio del vocabulario con el cambio del poder.
Un sistema criminal no se convierte en democracia porque sus funcionarios aprendan a pronunciar las palabras correctas. Ese es uno de los grandes riesgos de esta transición.
El viejo sistema podría intentar sobrevivir precisamente mediante su capacidad de adaptación. Ya no necesita defender todas las consignas del pasado. Puede abandonar algunas, aceptar reformas, liberar parcialmente a determinados presos políticos y militares, permitir inversiones en el sector energético, reducir controles económicos e incluso reconocer errores administrativos, siempre que consiga conservar los mecanismos esenciales que le permitan seguir controlando el Estado.
La cuestión venezolana, por ello, ya no consiste simplemente en saber quién gobierna. Consiste en determinar qué queda del sistema que mandaba. Esa diferencia es fundamental.
Una excarcelación, por ejemplo, no equivale necesariamente a libertad. Si una persona sale de prisión pero continúa sometida a régimen de presentación, vigilancia o prohibiciones, el Estado ha modificado la forma de sanción, no necesariamente su naturaleza. Lo mismo ocurre con las instituciones.
Puede haber tribunales sin justicia independiente, elecciones sin verdadera competencia, medios de comunicación sin libertad, inversión sin seguridad jurídica y reconciliación sin justicia.
Venezuela conoce demasiado bien esa perversión de las palabras.
Durante años existieron formalmente muchas instituciones republicanas. El problema era que habían sido vaciadas desde dentro. Conservaban el nombre, el edificio, los funcionarios y las ceremonias, mientras perdían progresivamente aquello que justificaba su existencia: autonomía frente al poder.
Por eso la transición hacia el Estado democrático debe desconfiar de las apariencias.
Cuando el poder habla de reconciliación, hay que preguntar por los presos.
Cuando habla de derechos humanos, hay que preguntar por los desaparecidos.
Cuando habla de inversión, hay que preguntar por la propiedad privada y los contratos.
Cuando habla de recuperación económica, hay que preguntar por el Banco Central y sus reglas.
Cuando habla de democracia, hay que preguntar por los jueces, el árbitro electoral, la libertad de prensa y la posibilidad real de que un ciudadano pueda enfrentarse al gobierno sin terminar convertido en enemigo del Estado.
Esta debería ser la gramática elemental de la transición: cada palabra debe corresponder a un hecho verificable.
Existe además otra realidad que incomoda a muchos venezolanos.
El país no transita todavía desde un Estado autoritario directamente hacia una democracia plenamente soberana. Se encuentra en una estación intermedia, extraordinaria y provisional, en la cual Estados Unidos posee una capacidad determinante para contener a los actores del régimen chavista, impulsar decisiones y garantizar equilibrios.
Puede gustarnos o no. Pero ignorarlo no lo hará desaparecer.
Después de casi tres décadas de destrucción institucional, resulta fantasioso imaginar que un país puede recuperar en unos meses aquello que tardó años en perder.
La tutela exterior puede ser fría. Puede avanzar a una velocidad incómoda para las víctimas. Puede producir acuerdos moralmente insatisfactorios y obligar a convivir temporalmente con personajes que muchos venezolanos quisieran ver inmediatamente fuera del poder y ante la justicia. Pero la alternativa no puede ser exigir una transición ideal y terminar perdiendo la transición posible.
Eso tampoco significa otorgar impunidad ilimitada.
Una cosa es comprender que una transición exige negociaciones y otra muy distinta aceptar que quienes controlaron el antiguo sistema puedan transformarse, mediante una operación de maquillaje político, en los fundadores de la nueva democracia.
Aquí aparece la batalla decisiva.
Delcy Rodríguez puede estar actuando racionalmente. Cuando un grupo político descubre que ya no puede conservar todo, comienza a preguntarse cuánto puede salvar. Algunas concesiones pueden entonces convertirse en mecanismos de supervivencia.
Se entrega una posición para preservar otra.
Se acepta una reforma para evitar una transformación.
Se concede libertad a algunos para reducir la presión sobre el conjunto.
Se adopta el lenguaje democrático para preservar espacios de poder construidos durante el autoritarismo.
No sería la primera vez que ocurre.
La historia está llena de sistemas que sobreviven a sus propios fracasos porque consiguen convencer al tutor de que ellos mismos son indispensables para reparar los daños que provocaron.
De allí la importancia de la memoria.
Una sociedad no puede reconciliarse mediante el olvido obligatorio. Los nombres de quienes fueron encarcelados, perseguidos, despojados o forzados al exilio no son obstáculos para la transición. Son parte de aquello que la transición debe resolver.
Reconciliar no significa borrar. Significa impedir que el pasado gobierne el futuro sin convertir el futuro en una repetición del pasado.
La reconstrucción venezolana necesitará entonces algo más difícil que sustituir gobernantes: deberá sustituir relaciones de poder.
El objetivo debe ser transformar progresivamente la tutela de la administracion Trump en instituciones nacionales capaces de sostenerse por sí mismas. Un Tribunal Supremo de Justicia independiente. Un árbitro electoral confiable. Fuerzas Armadas subordinadas al orden constitucional. Seguridad jurídica. Libertad de prensa. Protección de la propiedad. Ciudadanos capaces de exigir cuentas al gobierno. Elecciones en las que perder el poder sea una posibilidad real.
Solo entonces la tutela habrá cumplido su misión. Porque la paradoja de toda tutela democrática legítima consiste en que su éxito se mide por el momento en que deja de ser necesaria.
Hasta entonces, Venezuela deberá resistir una ficción particularmente seductora: creer que porque el lenguaje ha cambiado, el sistema también lo hizo.
El país está en la etapa de transición a la democracia en la que las palabras deben valer menos y los hechos mucho más.
No importa cuántas veces se pronuncien «reconciliación», «prosperidad», «institucionalidad» o «derechos humanos». Importará cuántos presos recuperen plenamente su libertad, cuántos exiliados puedan regresar, cuántos jueces puedan decidir sin recibir órdenes y cuántos ciudadanos puedan criticar al poder sin miedo.
Venezuela puede estar mejor sin Nicolás Maduro y, sin embargo, encontrarse todavía muy lejos de ser una democracia.
Esa distancia es precisamente la transición.
Y el gran desafío consiste en evitar que quienes contribuyeron a destruir la república aprendan a hablar el idioma de la democracia antes de que los venezolanos hayan conseguido reconstruir sus instituciones.
